¿Quién defiende a los depositantes?

Con motivo de las noticias, declaraciones de unos y el silencio de otros sobre el tema de las notas estructuradas y la disposición del Ministerio de Finanzas que obligó a los bancos que mantienen estos títulos a venderlos, antes del 19 de agosto, conviene preguntarse quién defiende los intereses de la gente que tiene su dinero en los bancos. Esto viene a colación por el hecho de que el ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza, planteó que había tres o cuatro bancos que estaban en peligro a lo que se añadió la aseveración del ex superintendente de bancos, Trino Díaz afirmando que existía la posibilidad cierta de una crisis financiera, tal vez sin ponderar adecuadamente el alcance de lo que trató de decir. Lo único cierto en este asunto de las notas estructuradas es que si se materializa su venta en el plazo establecido, algunos bancos pueden tener serios problemas para seguir funcionando como lo han venido haciendo hasta ahora. De ello hay que estar conciente para que no existan sorpresas. Venezuela es un país paradójico: por una parte, mientras el Estado tiene un control estricto y algunas veces absurdo sobre la producción y el comercio de los bienes, por la otra la debilidad de la supervisión bancaria es manifiesta, al punto tal que el problema que hoy sacude a una fracción del sistema financiero se origina en la complacencia y relajamiento de normas fundamentales que rigen la fiscalización del sistema financiero.

Hoy, tal como está planteado el asunto de los bancos con sobre exposición en notas estructuradas, existe un responsable claro: el Ministerio de Finanzas. Todo comenzó cuando Nelson Merentes, siguiendo las directrices o con el consentimiento del presidente Hugo Chávez, utilizó los recursos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) para la adquisición de títulos tan riesgosos como las notas estructuradas por más de US$ 12.000 millones, las cuales fueron negociadas con el objeto de estabilizar el tipo de cambio paralelo. A ello siguió la gestión de Rodrigo Cabeza que en un año continuó la política de vender esas notas a operadores cambiarios a lo largo de 2007. Rafael Isea dio continuidad a la tónica de los dos ministros anteriores. De esta manera, el Ministerio de Finanzas se convirtió en un inmenso garito donde los tahúres de las finanzas, en complicidad con altos funcionarios, hicieron grandes fortunas ilícitamente, a costa del patrimonio público. Muchos denunciamos los hechos pero los órganos correspondientes no investigaron. Al parecer las secuelas de la gestión de Tobías Nóbrega ya se habían olvidado. Grupos de bancos decidieron emplear los títulos de deuda del gobierno de Venezuela para realizar sus propias estructuraciones de notas, siguiendo el ejemplo de Merentes, Cabeza e Isea, ante la mirada cómplice de la Superintendencia de Bancos, hasta conformar un monto de más de US$ 6.000 millones, que actualmente son parte de los activos de los bancos. Estos títulos aparecen en el balance de los bancos en bolívares pero en realidad son dólares, que deben ser liquidados con un plazo que expira el 19 de agosto. Lo más grave de todo este enredo financiero es que ya esas notas en algunos casos fueron dadas por los bancos involucrados en garantía para otras operaciones, como por ejemplo, el financiamiento de la compra de divisas cuando los proveedores externos exigieron a los importadores el pago ante la demora de Cadivi. Es decir, los activos no existen como respaldo a esas notas estructuradas. Si ello es así, se resiente el patrimonio de la banca y el soporte de los depósitos de los clientes empieza a resquebrajarse. En otras palabras, esas instituciones estarían vacías de activos para garantizarle su dinero a quienes lo depositaron en los bancos. Este sería un caso altamente probable en el evento de la venta de las notas en la fecha prevista.

En Venezuela, tras la crisis financiera de 1994 y lo que hoy se vive con el caso de las notas estructuradas, debe quedar la enseñanza de que el negocio bancario es algo muy serio y que los bancos no son simplemente intermediarios financieros, sino más bien gestores de riesgo al tener que recibir depósitos de gente que confía en los bancos y coloca su dinero para que éstos concedan créditos a terceros que no se sabe si pueden devolver oportunamente el monto prestado. Esta conexión entre recibir dinero ajeno y prestarlo la realizan los banqueros, quienes de forma escrupulosa deben cuidar por la calidad de los créditos que otorgan. Cuando los banqueros se dedican a realizar inversiones riesgosas o prestarse a si mismo o a empresas relacionadas, no ponen en peligro su patrimonio sino los reales de los depositantes, de allí que la vigilancia y supervisión deben ser rigurosas para prevenir corridas bancarias cuando el público pierde la confianza en determinados bancos.

En medio de este estrés que se está creando en Venezuela por el riesgo implícito debido a la tenencia de las notas estructuradas, debe clarificarse que no se trata de una crisis sistémica sino focalizada, y que la mayor parte de los bancos está manejada con criterios profesionales y estándares adecuados, pero ello no obvia el efecto contagio el cual ocurre cuando la parte insana del sistema afecta a los bancos buenos porque el público no puede distinguir los unos de los otros. La posición de quien esto escribe es que hay que buscar soluciones urgentes y evitar la estatización de una porción de los bancos. Extraña de todo esto que el responsable de haber creado el problema, el Ministerio de Finanzas, no informe sobre el caso. La ausencia de comentario oficial sobre el tema no hace que el problema desaparezca y el silencio y bloqueo informativo puede resultar peor que hacer explícita una realidad que ahora corre de boca en boca.