Economía

Renegociación de deuda pública venezolana dependerá de evaluación de multilaterales

La renegociación de la deuda pública venezolana que, hasta ahora asciende a los 140 mil millones de dólares, aproximadamente, no podrá comenzar hasta tanto cese la usurpación de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas en contra de su gobierno por los Estados Unidos y otras naciones se hayan levantado.

Así lo señala un documento preparado por la comisión asesora designada por el procurador especial José Ignacio Hernández G., compuesta por Ricardo Hausmann y Alejandro Grisanti, que contó con la asesoría de Lee Buchheit, quien es el asesor estratégico del equipo del presidente interino, Juan Guaidó, en materia de deuda pública.

El escrito explica las políticas que guiarán al gobierno interino y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante la inminente renegociación de las reclamaciones privadas denominadas en moneda extranjera en contra de la República y del sector público venezolano.

Renegociación integral

En ese sentido, el documento señala que entre los lineamientos para esta renegociación, destaca su carácter integral: la renegociación va a incluir a todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera en contra del sector público venezolano. Se explica que muchas de esas reclamaciones no se originaron dentro del marco tradicional de instrumentos de deuda que sirven de prueba de las obligaciones contraídas.

«Tales reclamaciones incluyen, por ejemplo, las que se relacionan con facturas impagas a suplidores y las reclamaciones por daños causados por las expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro», reza el documento.

Reconciliación de reclamaciones

El segundo lineamiento tiene que ver con la reconciliación de las reclamaciones. En tal sentido, solo serán elegibles para participar las reclamaciones en moneda extranjera reconciliadas. Para tal fin, las autoridades designarán un agente para realizar ese proceso de reconciliación, de acuerdo con la legislación dictada por la Asamblea Nacional.

El documento señala que en muchos casos el proceso de reconciliación será directo y sencillo (bonos o préstamos que no fueron emitidos o contratados con montos significativos de descuento en su emisión o contratación). Asimismo, precisa que el monto reconciliado corresponderá al capital impago más los intereses acumulados de conformidad con los términos contractuales originales.

En otros casos la investigación será más detallada, como en las reclamaciones cuyos valores nominales fueron inflados en el momento de la emisión, los instrumentos de deuda emitidos con montos significativos de descuento sobre el descuento original en su emisión, las reclamaciones con montos que requerirán discusiones entre las autoridades y el reclamante, las reclamaciones afectadas por denuncias de corrupción por parte de los funcionarios de los regímenes de Chávez y Maduro y otras categorías de reclamaciones dudosas.

Trato igualitario

El escrito precisa que no se dará un trato diferente a las reclamaciones en moneda extranjera en consideración a su origen (por ejemplo, si la misma se origina en un instrumento de deuda, una factura impaga, una expropiación, etc.), a su naturaleza o el domicilio del reclamante y/o la identidad del deudor del sector público (la República, Pdvsa o cualquier otro ente del sector público), independientemente de que la reclamación ya haya sido objeto de una decisión judicial, o de otra mecanismo similar.

Asimismo, indica que se podrá otorgar un tratamiento diferenciado en la reestructuración a aquellas reclamaciones que mantienen preferencia legítima por tener una garantía sobre una propiedad del Estado venezolano o sobre una entidad del sector público.

Asistencia de multilaterales

Finalmente, el cuarto lineamiento indica que una vez se produzca el cese de la usurpación, las autoridades solicitarán la asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales con el objeto de atender la grave crisis humanitaria en Venezuela, así como para desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país.

«Las Autoridades reconocen que el diseño de un programa de recuperación económica para un país en las condiciones en las que se encuentra Venezuela será un reto de gran magnitud y un trabajo intensivo que requerirá mucho tiempo. Se espera que el referido programa incluya una proyección sobre los requerimientos del nivel de deuda y el servicio asociado a esta deuda que el país pueda honrar en los años venideros».

En ese sentido, el documento indica que la discusión detallada sobre los términos financieros de la renegociación de las reclamaciones denominadas en moneda extranjera deberá esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país.

Lea también: Deuda venezolana asciende a $140 mil millones, sin posibilidades de ser cancelada

La deuda pública venezolana se estima en cerca de 140.000 millones de dólares según lo indica el estudio realizado por la Subcomisión de Crédito y Deuda Pública de la Asamblea Nacional, en conjunto con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) y la firma de consultoría financiera Econométrica.

La millonaria deuda comprende un conjunto de pasivos tanto de la República como de la estatal Pdvsa y fue adquirida en la época de mayor bonanza económica, pues los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieron por exportaciones al menos 20 mil millones de dólares más que el resto de los gobiernos democráticos del país.

Actualmente, según el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, el monto adeudado implica que, por habitante, la deuda es de 6.000 dólares.

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