Rentas políticas
Madrid (AIPE)- Las campañas electorales me deprimen. Los candidatos buscan votos ofreciendo rentas políticas a grupos de presión más o menos vocingleros. Un ejemplo: la cuestión de la apertura de comercios en días festivos. Rafael Simancas, el aspirante del PSOE a la presidencia de la Autonomía madrileña, quiere rebajarlos de los 21 actuales a sólo 14; Justo Fernández, el de Izquierda Unida, a menos de 12; la candidata del PP, Esperanza Aguirre, calla; y el Gobierno de la nación, que ya se prepara para las generales del año que viene, ha aplazado la libertad de horarios, proclamada en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, al año 2005. Todos ellos saben, en especial los del PP, que en una economía de mercado lo suyo es la libertad de elección de tenderos y consumidores. Sin embargo, prometen a una minoría de tenderos que teme competir en busca de clientes una renta de situación, a costa de la gran mayoría de ciudadanos.
La búsqueda de rentas políticas es la persecución socialmente perniciosa de transferencias de riqueza con ayuda de los poderes públicos. El análisis de estas actividades comenzó con la controversia sobre los aranceles proteccionistas en el comercio exterior. Un economista de origen austriaco, Gottfried Haberler, argumentó en 1936 que la protección otorgada a una industria nacional no causaba grandes pérdidas para el conjunto de la sociedad si, en vez de utilizarse el arancel para fomentarla, se beneficiaba a los fabricantes nacionales con un subsidio directo, financiado con impuestos generales. El arancel exterior encarecía el bien importado, lo que forzaba a los demandantes a consumir menos, a precios más altos. Mas esa pequeña pérdida de bienestar incluso se podía evitar si la protección se convertía en una transferencia fiscal, en una mera redistribución de la riqueza de consumidores a fabricantes.
Gordon Tullock dio un gran paso adelante en el análisis de la utilización del poder político para conseguir rentas al margen del proceso productivo. En 1967, señaló que los esfuerzos para conseguir rentas políticas acabarían por disipar todo el beneficio que un grupo de presión pudiera obtener con ayuda de la Administración. El gasto en servicios de abogados y economistas, en asociaciones patronales, relaciones públicas, campañas de opinión, contribuciones electorales llevaría a los competidores por el favor político a un punto de equilibrio en el que la renta política obtenida se había perdido en las arenas del lobby. Lo más grave es que, en ese punto final, la productividad económica se habrá visto reducida por efecto de la intervención, sin ningún beneficio neto para los contendientes.
El mal no para ahí. Una vez creado el arancel, o controlados los precios de frutas y verduras, o prohibido el descuento de libros, o limitados por ley los horarios y días de apertura comercial, el gasto de lobby continúa para defender la situación obtenida, o, si ésta es estéril, para volver a la situación competitiva y tirar por la borda todo el esfuerzo realizado. Aparecen pues nuevos gastos no productivos para defender la situación de privilegio legal. El fenómeno es bien conocido. Una vez concedida una subvención, privilegio exclusivo, beneficio “social” o renta política, nada hay más difícil que retirarla. Incluso si todos están de acuerdo que la suma de esas trabas maniata la economía nacional, los grupos de interés aceptan que todo se reforme menos lo suyo.
Vean si no la situación de Alemania. Esa poderosa economía ha dejado de crecer debido a los excesos del Estado de bienestar, a la estrechez de miras de los sindicatos, a las infinitas reglamentaciones de una vieja Administración. El canciller social-demócrata Schroeder ha tenido que poner en juego su futuro político para sacar adelante un mínimo plan de reforma competitiva. Francia, por su parte, parece derivar placer masoquista del daño que le infligen sus ubicuos lobbies. A un panal de rica miel cien mil moscas acudieron y por golosas se vieron presas de patas en él.
(*):Profesor de economía y columnista del diario La Vanguardia.
