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Resolver la deuda por arbitraje es urgente, según expertos

Una de las medidas urgente para lograr la recuperación económica de Venezuela es buscar una solución a la enorme deuda pública y para eso importante considerar a  “los arbitrajes de inversión, los cuales derivan de un sistema de protección acordado por los Estados para promover y proteger a la inversión extranjera.  El método confiere derechos directamente a los inversionistas y les permite reclamar y accionar, por vía de arbitraje, directamente contra los Estados que atenten contra esos derechos”.

Así lo expresaron Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Jesús Escudero y J. Eloy Anzola, quienes fueron invitados al conversatorio “La Deuda Venezolana: Bienes, servicios, préstamos, bonos y arbitrajes”, evento moderado por Emilio Figueredo para Analítica TV.

Los expertos comentaron que “un porcentaje importante de deuda externa venezolana es resultado de las condenas de laudos arbitrales emitidos en contra de la República o PDVSA. Hay también una deuda interna, no calculada, que deriva de expropiaciones impagadas, confiscaciones, invasiones o terminaciones abusivas de contratos”.

“Venezuela ha sufrido derrotas en cerca de 25 casos de arbitrajes de inversión en casos como: Criystallex, Rusoro, Agroisleña, ConocoPhillips (en proceso de anulación). Y ha obtenido también algunos triunfos: logró la anulación y reducción sustancial de la condena de un laudo adverso en el caso ExxonMobil, se han desechado casos como los de Manuel García Armas y familia, el caso Heemsen, el caso Fraiz, el caso Venoklim”, dijo Eloy Anzola, profesor del IESA.

Explicó que algunos de los laudos adversos a Venezuela están en proceso de ejecución en tribunales federales estadounidenses. “El más avanzado es Criystallex que ha logrado que PDVSA sea declarada un alter ego de Venezuela y, junto con otros acreedores de PDVSA, intenta ejecutar acciones de las empresas tenedoras de CITGO para satisfacer sus acreencias. Esta ejecución versaría sobre el 49.9% d las acciones de CITGO Holdings Inc., propietaria de CITGO, porque el 50.1% está dado en prenda para garantizar el pago del bono PDVSA 2020. Si bien el proceso avanza, no podrá cumplirse ese propósito sin la autorización de la OFAC, agencia gubernamental del gobierno estadounidense, que administra el régimen de prohibiciones impuestas por ese gobierno al comercio y transferencia de bienes propiedad del Estado venezolano”, expresó.

Otro tema que se tocó, por su monto, es el caso de los bonos emitido por Venezuela, PDVSA y ELECAR entre 1997 y 2016, que suman 78 mil millones de dólares (58,8 por capital y 19,5 por intereses) y se encuentran todos en situación de incumplimiento (default). También hablaron de la deuda derivada de arbitrajes comerciales y de inversión.

Si deseas escuchar la entrevista  completa, la dejamos por acá:

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