¡Revolución! Un país de propietarios
Por fin parece asomar – tímidamente – la revolución bolivariana. El decreto sobre tierras urbanas, para dotar de títulos de propiedad a los poseedores de bienhechurías o ”ranchos”, puede constituir un primer paso en la dirección correcta si logra zafarse del populismo y la demagogia. O sea, que tal dotación se realice en función de planes urbanísticos diseñados por expertos con participación real de los vecinos organizados. Que incluyan servicios comunitarios, vialidad, plazas y áreas de esparcimiento. Que asocien a las universidades al proceso, incorporando a estudiantes avanzados y tesistas en labores de catastro, diseño y mejoramiento urbano y social, en fórmula análoga a “la rural”, el servicio social de los estudiantes de medicina.
Es primordial que cada proyecto sea parte de un proceso de mejoramiento integral de carácter comunitario, y no una dádiva presidencial. Planes serios, manejados por organizaciones no gubernamentales, serían sujetos de ayuda técnica y financiera por parte de multilaterales, especialmente de la Unión Europea, asegurando calidad y continuidad más allá de los lapsos políticos. Así, nuestras barriadas podrían iniciar un proceso de evolución para transformarse gradualmente en seguras y acogedoras comunidades de escala humana al estilo de tantos bellos y floreados pueblos mediterráneos.
El instrumento clave de esta revolución es el título de propiedad, que otorgará seguridad jurídica y valor económico al patrimonio familiar, que a su vez se incrementará según la calidad del medio, creando incentivos para el mejoramiento colectivo. Permitirá su utilización como colateral para obtener préstamos, conformando el primer peldaño del ascenso económico y social de las familias, factor de su integración a la economía moderna y de consolidación de la democracia.
Revertir la fuga del ahorro
Extrapolando las cifras que Hernando de Soto – promotor global de la idea de titularizar las tierras urbanas – presenta en su libro “El Misterio del Capital”, podría estimarse en 100 millardos de dólares el valor del “capital indígena” que en forma descentralizada y equitativa (o sea con un extraordinario efecto multiplicador) se incorporaría a nuestra economía al final del proceso. De Soto ha propuesto titularizar también las acciones de las empresas estatales, que igualmente mantienen esterilizado un inmenso capital potencial perteneciente a los ciudadanos, ahuyentando la inversión y anclando las sociedades al subdesarrollo y la pobreza, tesis ambas largamente pregonadas por esta columna y su página web, como sus pacientes lectores conocen. (Ver particularmente artículos del 2-5-99 y 20-5-01).
La sola inscripción en la Bolsa de las empresas estatales incorporaría al mercado de capitales enormes activos financieros hoy carentes de valor, en montos aun superiores a la capitalización de tierras. Significaría multiplicar por 20 o 30 el valor de nuestra bolsa actual, creando un colchón financiero que amortiguaría los ciclos petroleros y permitiría canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva, evitando su fuga. También permitiría transferir parte de las acciones a los ciudadanos a través de sus fondos de pensiones, iniciando la fase culminante de la revolución de la propiedad.
Ley de Capitalización Popular
Apelando a su singular mecanismo de toma de decisiones, el Gobierno propuso su decreto de tierras urbanas como réplica al proyecto de Ley de Barrios anunciado por Primero Justicia. Valiéndose de tal suerte de “cogobierno por rebote”, original generador de consenso, sería oportuno que los muchachos de PJ complementaran su proyecto con el de Ley de Capitalización Popular, que disponga:
1- Inscribir en la Bolsa a todas aquellas empresas y asociaciones con participación estatal capaces de enfrentar el reto del mercado, presentes y futuras. 2- Incorporar las acciones del Estado a un sistema de fondos compensatorio del riesgo petrolero, que permita canalizar el ahorro nacional hacia inversiones productivas, y 3- La distribución igualitaria de una porción de tales participaciones entre los ciudadanos a través de sus fondos de pensiones, asociándolos a la economía moderna.
