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Sanciones EEUU y UE: Mientras aprietan Gobierno venezolano busca oxígeno

Venezuela en una semana fue objeto de la reiteración de las sanciones en su contra por parte del gobierno de los Estados Unidos (EEUU) y de la Unión Europea (UE) que intentan forzar un cambio en la situación de crisis económica y política que vive el país y, de ser posible, lograr la salida del presidente Nicolás Maduro.

El 1º de noviembre EEUU anunció que ampliará las sanciones económicas que inició en agosto de 2017 con las restricciones a las transacciones de sus bonos de deuda y de Pdvsa, así como impedir el pago de dividendos al gobierno de Venezuela, lo cual busca restringir el ingreso dinero externo a la economía del país.

Ya antes, la nación norteamericana venía penalizando a varios funcionarios gubernamentales acusados de tener cuentas y negocios en EEUU. Esa lista se ha ido ampliando en varias ocasiones  a distintos responsables de altos cargos públicos, entre los cuales se encuentran el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y otros militares de alto rango; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, otros ministros y los titulares de poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, el fiscal general Tareck William Saab, entre otros, argumentando, por ejemplo,  que violan los derechos humanos de la población venezolana.

En esta ocasión el gobierno de Trump dirige su arsenal contra la comercialización del oro, bajo la acusación de que “el Gobierno venezolano ha utilizado para llevar a cabo transacciones ilícitas” y aprovecha sus beneficios para supuestamente mantenerse en el poder.

Esta sanción se produce justamente en momentos cuando el gobierno de Maduro impulsó la venta de certificados en oro para acceder a nuevas fuentes de financiamiento a fin de recuperar la crisis económica que atraviesa. Entre otras razones porque necesita cancelar los cada vez mayores gastos con los que se compromete con su población mediante distintos subsidios y bonos. Pero, también, porque junto con el Petro, intenta independizarse del dólar como divisa  de transacción y financiar la alicaída producción petrolera.

Dicha producción de crudo cayó el último año en 33% y se ubicó, según la OPEP, en 1,51 millones de barriles por día, el cual es el promedio más bajo de los últimos 33 años. Venezuela, que depende del ingreso de los hidrocarburos para sostener su economía,  se plantea elevar en el mediano plazo dicha producción en un millón de barriles diarios, para lo cual requiere unos 20 mil millones de dólares, que se le dificultan por causa de las sanciones.

La UE, no pero sí…

Hace unas semanas, voceros de la UE como la alta representante europea para Asuntos Externos, Federica Mogherini, y el canciller español,  Josep Borrell, dieron unas declaraciones en las cuales se entendía que podía haber un cambio de postura del bloque unitario frente a Venezuela y sustituir la política de sanciones, en las cuales se alió junto con EEUU el año pasado, por una estrategia dirigida a impulsar un cambio en el país mediante el diálogo y la mediación entre el Gobierno y la oposición venezolanas.

Altos funcionarios venezolanos se habían animado ante este aparente cambio de postura europea, pero este 6 de noviembre el bloque prolongó por un año más la penalidades contra personas que consideran son responsables de reprimir a la población.

Dichas sanciones incluyen un embargo de armas y equipos que según los europeos pueden ser utilizados para la represión interna.

Esta reiteración de las sanciones aleja la posibilidad de un proceso de mediación europeo, aunque algunos expertos todavía consideran que países como España, sigue apostando por salidas negociadas en vez de las forzadas para la crisis venezolana.

Mientras los voceros estadounidenses y europeos afirman que dichas sanciones no van dirigidas contra el país y su población, sino contra  funcionarios del Gobierno que mantienen al país en crisis, los voceros gubernamentales afirman que precisamente son dichas sanciones el detonante de la crisis por impedir al país acceder a dinero para financiar proyectos y elevar, ya no solo la producción petrolera, sino la de alimentos y medicinas necesarios en la nación suramericana.

Tanto EEUU y la UE califican de autoritario el gobierno de Maduro, que viola los derechos humanos en Venezuela, y consideran que las sanciones son la mejor arma para provocar un cambio de gobierno, ante el fracaso del diálogo y la imposibilidad de la oposición interna de presionar para que sea el propio pueblo venezolano el que saque al Mandatario del Gobierno.

Tras la ratificación de las sanciones por parte de la UE, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para pedir a la comunidad internacional que otorgue medidas de protección contra algunos de sus  dirigentes como Américo De Grazia y Andrés Velásquez, señalados por el Gobierno de “financiar las mafias del oro” y de “traición a la patria”, refirió EFE.

Por su parte, el politólogo Walter Ortiz afirmó que la decisión de la UE de ratificar las penas contra Venezuela busca, en complicidad con EEUU, dañar la economía del país.

“La postura de la Unión Europea está en primer lugar alineada a un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos para presionar al Gobierno venezolano, fundamentalmente para buscar alterar la estabilidad política, la paz relativa existente en el país y acrecentar un proceso de dificultades económicas”, reportó la agencia rusa Sputnik.

Entretanto, Venezuela se acerca cada vez más a socios como Rusia, China y Cuba para adelantar estrategias económicas que la ayuden a superar su crisis. Por ejemplo, el gobierno chino aprobó en julio de este año otorgar un crédito de 5 mil millones de dólares para rescatar la producción petrolera.

De acuerdo con la ratificación de las sanciones al Gobierno de Venezuela por parte de EEUU y la UE, se puede prever que las mismas se mantendrán e, incluso, arreciarán como presión para forzar la salida del presidente Maduro o, un cambio en su conducción para superar la crisis económica y política que embarga a los venezolanos.

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