Tribunal de Bonaire condena a PDVSA a pagar más de 41 millones de dólares
Un total de 41,69 millones de dólares será los que tendrá que cancelar Petróleos de Venezuela (PDVSA) por deudas acumuladas con la empresa Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), según el dictamen de un tribunal de primera instancia de la nación caribeña.
La sentencia fue firmada y aprobada por el juez F. Gerard, quien fue el encargado de fijar este monto, todo ello como parte de las obligaciones contraídas hasta el mes de abril de este año por la estatal venezolana, de acuerdo al contrato establecido para el manejo y funcionamiento de la refinería y del terminal marítimo que forma parte del mismo complejo, ubicado en el sector Kaminda Turistiko Brasil, al suroeste de la isla.
Hay que recordar que el reclamo se produjo en el mes de mayo por Constantin Michiel van Liere, beneficiario de Bopec, luego que la empresa fuera declarara en quiebra, según destacaron medios locales.
De acuerdo al expediente sobre este caso, en enero del año 2002, PDVSA logró un acuerdo con Bopec referido al almacenamiento y rendimiento, sobre el cual la empresa bonairense era la encargada de guardar el crudo venezolano en sus depósito del terminal marítimo, y posteriormente lo reexportaba en nombre de la estatal, todo ello a cambio de una tarifa en dólares por capacidad de almacenamiento.
Y es que en el último ajuste, el cual se mantuvo vigente desde enero de 2016, era de 40 centavos de dólar por el total de barriles que podían permanecer en los tanques, aun cuando esa capacidad no era del todo aprovechada.
Entre PDVSA y Bopec mediaba una de las compañías. En primer lugar está PDVSA Petro, una subsidiaria cuya función es vender el crudo nacional “a clientes fuera de su propio grupo”. De allí que el servicio de Bopec en cuanto a la reexportación de hidrocarburos fuese prestado a esta subsidiaria.
Mientras tanto, parte del capital accionario de Bopec fue adquirido por otra compañía de PDVSA, Propernyn BV.
A partir de septiembre de 2017, PDVSA Petro cesó sus pagos por el servicio que prestaba Bopec. Esto ocasionó que la empresa bonairense entrara en quiebra, debido a la imposibilidad de pagar su nómina y llevar a cabo las obras de mantenimiento para estar a la altura del estándar en materia de preservación ambiental.
En su defensa, los abogados de la estatal venezolana argumentaron que el tribunal de esta antilla carecía de jurisdicción para conocer los reclamos, y que el litigio debía cursarse a través de un arbitraje, tal y como fue establecido en el contrato inicial.
El juez Gerard no solo desechó esta objeción, sino que también avaló la exigencia del reclamante en cuanto a la urgencia de una decisión, tomando en cuenta que “el almacenamiento y manejo de petróleo de las terminales conlleva costos operativos considerables, en parte debido a requisitos específicos para las operaciones comerciales, en las que la seguridad para las personas y el medio ambiente son centrales”. Además, se reconoció la existencia de un creciente pasivo laboral.
A la fecha, Bopec tiene una nómina de 23 empleados. Cuando comenzó a operar, daba empleo -directo o indirecto- a 300 personas.
