Un Estado que depresa los derechos de propiedad
1. El “estado de derecho” de los derechos de propiedad
La actividad económica y el proceso de creación de riqueza dependen de manera crucial de la existencia de un estable, creíble y confiable orden jurídico que implemente, haga cumplir y refuerce los derechos de propiedad y contratos de individuos entre si y entre estos y el estado; si no ocurre de esa manera, ese proceso de creación de riqueza se pervierte en virtud del continuo incremento de costos de transacción que impone en la economía un marco jurídico inestable, el cual por sistémica inestabilidad haga peligrar los derechos de propiedad y, hasta la propia propiedad privada.
El ejercicio pleno de los derechos de propiedad, esencia de un estado de derecho, constituye la institución fundamental de una sociedad democrática donde las preferencias de la gente se arbitren bajo un orden espontáneo, confiable, y justo, no hay economía viable intergeneracionalmente hablando que perdure en una sociedad donde los derechos de propiedad sean inestables, bien por derecho o de facto. Es el caso de los decretos sobre la propiedad de la tierra puesta en marcha por los gobiernos, la politización de esos derechos de propiedad traerán aun mayor inestabilidad institucional para el funcionamiento de la economía agrícola en particular y con efectos perversos en la economía en general.
2. Derechos de propiedad depredados incrementan costos de transacción.
El inestable marco jurídico que rodea la economía de los derechos de propiedad imputa un incremento sostenido en los costos de transacción, fenómeno este que afecta severamente la actividad económica en virtud de que el incremento de esos costos de transacción limita y restringe la rentabilidad esperada en cualquier transacción económica.
La actividad privada de inversión y gasto, funciones básicas para que una economía progrese se ven restringidas por la incertidumbre y desconfianza que generan los mecanismos institucionales y políticos que debilita el ejercicio de los derechos de propiedad. Queda claro que el proceso de debilitamiento de los derechos de propiedad es tan perverso como el fenómeno de expropiación, con o sin compensación, en otras palabras, el debilitamiento de los derechos de propiedad produce las mismas deseconomías o economías negativas que la propia expropiación, así esté amparada por normas e instituciones jurídicas.
Este ultimo caso, además de las propias prerrogativas que arrastra el sistema político sin contrapesos institucionales que operen por defecto, caracteriza también el proceso político que vive Venezuela de cambios institucionales en el régimen socioeconómico que conlleva un sistema de depredación de los derechos de propiedad envuelto en leyes, normas y decretos de gobierno, afecta la esencia misma de la sociedad capitalista basada en la propiedad privada y el ejercicio pleno de los derechos sobre esa propiedad y en consecuencia impondrá severos costos de transacción al progreso económico que todos deseamos..
Es importante destacar acá que los costos de transacción abarcan todos aquellos costos, distintos a los del proceso de producción e intercambio; son generalmente costos de orden social generados por ineficiencia e inestabilidad del marco jurídico que no promueve el cumplimiento del orden y ley que rigen los contratos entre individuos y entre estos y el estado; es decir no protege los derechos de propiedad. EN este orden se inscribe una curiosa jurisprudencia que continuamente se genera en el TSJ bajo el amparo del estado social de derecho, dogma constitucional que ha institucionalizado el debilitamiento de los derechos de propiedad.
3. Revolución vs. derechos de propiedad: un nuevo régimen socioeconómico y un marco para depredar derechos de propiedad
Las revoluciones políticas en general suelen desmontar esas reglas de juego que definen el cumplimiento de los derechos de propiedad, lo que en consecuencia produce efectos perversos en la economía contrarios a las economías positivas que el respeto, cumplimiento y fortalecimiento de esos derechos de propiedad están destinados a generar.
La revolución bolivariana pertenece a esta cosecha, el marco jurídico de respeto a los derechos de propiedad que subyacía al régimen económico “pre-bolivariano”, aunque aun débil para garantizar un crecimiento sostenible en el lago plazo, ha sido desmantelado; un nuevo orden sobre una nueva constitución económica se implementa en los últimos años, el estado ha dejado de ser laico en materia de derechos de propiedad y mercado.
El Estado, y el gobierno han asumiendo roles en la economía cuyo impacto inicial conduce a un desplazamiento de la actividad económica de la gente, privada, con impacto de largo plazo en la descapitalización del capital y el trabajo, con las consecuencias económicas y sociales a la vista en materia de empobrecimiento y perdida de competitividad de la economía en general. En lo específico, las primeras consecuencias se pueden leer en la exacerbación de la dependencia petrolera tanto fiscal como de balanza de pagos.
El impacto económico de esos cambios institucionales producidos por la expansión del Estado y el gobierno en lo económico, marcan el grado de hipertrofia fiscal, dado que la expansión del gasto publico se produce como consecuencia del incremento de los precios –renta- del petróleo, fenómeno que ocurre en condiciones de inestabilidad en el mediano plazo. Esa expansión del gasto publico y otras agencias del Estado han desplazando la inversión privada –efecto crawding out o desplazamiento.
4. Distorsiones de la economía por el debilitamiento de los derechos de propiedad
En general ambos fenómenos han transformado considerablemente la estructura económica, lo cual es visible por la contracción de la inversión neta; el sector moderno de la economía se ha encogido y descapitalizado, dando paso a la expansión de economías tradicionales y tecnológicamente rezagadas de tipo informal mercantilista y hasta pre-capitalistas. Su importancia evidente se puede notar en la data que muestra la evolución del mercado laboral en los últimos anos, donde es visible la velocidad con que crecen las actividades económicas no formales en relación a las formales.
Por otro lado, esas distorsiones de la economía real, se reflejan de manera protuberante en el uso y destino de fondos para la inversión y el gasto privado, donde el financiamiento de la economía del Estado –por vía de transferencias parapresupuestarias y parafiscales- y del gobierno –gasto corriente por expansión de la nomina del gobierno- crece en base al ingreso petrolero.
En ese sentido, se identifica claramente que una mayor porción de fondos bancarios – cerca de las dos terceras partes- financia actividades estatales y del gobierno por vía del crecimiento de la deuda pública, pasivos que posteriormente el gobierno deprecia y licua al ritmo de la persistente inflación que el propio gobierno promueve para financiar inflacionariamente el déficit fiscal; el efecto neto es la depreciación y descapitalización del ahorro privado.
Es importante destacar que esos cambios, pervertidos en mecanismos depredadores de los derechos de propiedad son promovidos directamente por el gobierno y agencias publicas –PDVSA, CVG, etc- con la creación de economías tradicionales informales enmarcados en programas de gasto social que absorben una buena porción del mercado laboral que se desprende del encogimiento del sector moderno, y del que reflejan las estadísticas laborales de los jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral, coadyuvando el ya notable empobrecimiento del capital humano, el cual se deprecia a la misma velocidad con que se desemplea o se emplea en actividades informales.
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