Economía

Viviendas de interés social

La vivienda adecuada es un derecho consagrado en la Constitución de la República en su artículo 82. Su redacción no es feliz, la segunda parte, donde se legisla sobre la satisfacción de una vivienda de características difuminadas, se habla de satisfacción progresiva, vaya usted a saber que significa esa “progresividad”. Hoy existe un déficit de viviendas dignas que sobrepasa holgadamente el millón y medio de unidades. Un porcentaje muy alto de la población vive en ranchos inadecuados que adolecen de los servicios básicos.
       Desde que tenemos uso de razón hemos visto como los gobiernos han dado los pasos necesarios y han intentado cumplir con esa obligación social.
En los tiempos de Medina Angarita, del trienio revolucionario y del breve gobierno de Gallegos, tanto el MOP como el Banco Obrero construyeron, a través de contratistas, urbanizaciones de clase media que hoy serían orgullo y deseo de cualquier familia venezolana.
Los años de la dictadura de Pérez Jiménez fueron frondosos en la construcción de enormes bloques que eliminaron los ranchos de la capital y llenaron necesidades importantes en varias regiones del interior. Con un pecado muy grave: Se atendió la planta física, nadie se ocupó de la educación necesaria para vivir y convivir en dichos apartamentos.
       Los gobiernos de la democracia verdadera tuvieron como una función primordial la construcción de viviendas de interés social. La meta de cien mil casas por año se utilizó como eslogan y alguna administración la cumplió, todas le prestaron atención.
       La construcción de viviendas de interés social tiene mucho que ver con las políticas públicas. Estímulos fiscales, adecuación de espacios urbanísticos, dotación de servicios públicos, oferta de financiamiento adecuado para la construcción y para los adquirentes, son algunos de los capítulos donde las acciones del Estado son imprescindibles.
       Pero nunca nos habíamos imaginado que el Estado, por sus acciones directas, pudiera construir ni viviendas ni nada; para hacerlo requiere de las acciones de la empresa privada. El Estado por acciones del gobierno, tiene la posibilidad de contratar mediante licitaciones, mejor públicas que privadas, a las empresas de construcción que puedan ofrecer las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de ejecución.
Hoy estamos ante una terrible disyuntiva. Los adquirentes de viviendas no quieren las que pueden comprar y no pueden comprar las que quieren.
       Recientemente, en diciembre, el régimen que nos acogota y descuaderna el país, decidió, sin que mediaran denuncias, ni juicios ni condenas, dicen expropiar, pensamos que despojar de la propiedad, a varios constructores de viviendas dirigidas a la clase media que estaban en los pasos finales de construcción y/o listas para su protocolización.
       Conocemos a varios de ellos y sabemos que son ingenieros promotores de larga data que han estado ofreciendo sus viviendas desde hace más de treinta años.
       No somos capaces de poner nuestra mano en el fuego por nadie; pero en el caso de varios de los constructores de viviendas y de país que han sido despojados de sus propiedades, estamos muy dispuestos a ponerla muy cerca de la candela. Son gente honrada, que genera riqueza y orgullosa de su trabajo.
       El Estado y sus administradores tienen la obligación de establecer las reglas claras para que los constructores puedan llenar su función en las condiciones más propicias tanto para la sociedad como para ellos. Lo sucedido no es más que un atropello flagrante contra la sociedad venezolana.

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