El Editorial

“Diplomacia preventiva” y defensa de la democracia

El fallido golpe de Estado en Paraguay, antes la crisis ecuatoriana y ahora la situación derivada del proceso electoral peruano, a propósito de la cuestionada reelección del presidente Alberto Fujimori, son todos elementos que contribuyen a la actualización del tema de la defensa de la democracia en nuestro hemisferio. Por supuesto, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) le corresponde la mayor cuota de responsabilidad en el adecuado tratamiento de este asunto.

La organización regional, desde el decenio de los noventa’s, cuenta con dos instrumentos políticos (Resolución 1080 y Protocolo de Washington) destinados a proteger los regímenes constitucionalmente establecidos y fue así que se pudo llegar a concretar acciones específicas del organismo hemisférico en 1991, 1992, 1993 y 1996 en los casos de Haití, Perú, Guatemalay Paraguay, respectivamente. Posteriormente, la diplomacia estadounidense en particular ha venido planteando la necesidad de adoptar una suerte de “diplomacia preventiva” para reforzar las políticas vigentes en el campo de la defensa de la democracia. Esas gestiones, sin embargo, no han tenido éxito. Ya en Guatemala el año pasado, con motivo de la Asamblea General que se reune anualmente, no prosperó la iniciativa presentada por la delegación de Estados Unidos. Y ahora, de cara a la cita en Windsor (Canadá), la próxima semana, se anuncia que puede tratarse nuevamente la cuestión.

No son exactamente aires favorables los que impulsan la propuesta que vincula diplomacia preventiva con defensa de la democracia. La respuesta de la comunidad hemisférica, en su foro natural (OEA), ha sido, como siempre, salvo raras excepciones, de tímido comportamiento frente a las perversiones autoritarias en lo cual, por ejemplo, ya es personaje experimentado el presidente peruano, quien nada extraño tendría que obtuviera un inmerecido visto bueno de la cofradía de cancilleres americanos por su obscura elección, pese a la diligente y honesta gestión cumplida por el excanciller guatemalteco, cuyo informe al Consejo Permanente de la OEA es la mejor demostración de que las recientes elecciones peruanas no han sido para nada ejemplares ni transparentes.

Por cierto, que en el tema objeto de esta nota editorial, conviene señalar un marcado distanciamiento entre la política tradicional de nuestro país sobre el particular y la que ejecuta el régimen bolivariano. El silencio frente a conjuras antidemocráticas, como pasó en Ecuador y más recientemente en Paraguay, es de marcada elocuencia como para concluir que Venezuela, en materia internacional, ha adoptado una nueva política, complaciente con el militarismo y el autoritarismo, bien alejada de la que promovía la extensión de la democracia, por métodos pacíficos, tal como era posición doctrinaria en la fenecida Constitución de 1961.

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