Calma y cordura
En tiempos del desorden postgomecista, fue esa la recomendación principal de quien ejerció como presidente de transición, el general Eleazar López Contreras. Se pasaba de la tiranía tradicional, de orden y progreso bajo feroz represión, al desmantelamiento del gomecismo y la salida progresiva hacia la democracia, y el sucesor de López –quien con todo el poder en las manos se negó a aferrarse a él- fue también militar (de carrera, no caudillo a caballo y vamos pa’llá) pero presidente por elecciones en el Congreso por mandato constitucional, y él mismo abrió las puertas a las elecciones populares. El estupor por un popular y prestigioso candidato de consenso nacional e internacional que se volvió loco sorpresivamente. La codicia equivocada de quien llegó a ser intelectual de primera importancia, pero entonces era demasiado joven para controlar sus ambiciones – y que a lo largo de su vida demostró tercamente que ser intelectual y culto no significa automáticamente ser un buen político, y el apuro de nuevos partidos y militares jóvenes lo derrocaron, aunque no mucho tiempo después esas elecciones se realizaron y fue democrática y mayoritariamente electo Rómulo Gallegos.
Nuevamente los militares, ya profesionalizados, pensaron que podían hacerlo mejor, derrocaron a Gallegos, instalaron y apoyaron una dictadura militar progresista y represiva, hasta que el pueblo se hartó, derrocó al general Pérez Jiménez y, finalmente y gracias a la unión de los tres grandes partidos democráticos y modernos, se estableció y duró la democracia cuarenta años.
Es decir, se necesitaron 15 años de falta de cordura para que los militares forzaran nuevamente la calma. Hoy, 70 años después, hace más que nunca se necesita ese llamado a la cordura.
No sólo sobran las burlas de Maduro a una oposición con la cual negocia, sino que esa oposición necesita reconquistar la fe popular. Cada partido opositor debe reformularse y al mismo tiempo fortalecer la convicción de actuar unidos. Porque ya no hay calma en la ciudadanía porque con hambre, desorden, injusticia y represión no puede haber calma, y obviamente muy poca cordura en los partidos, comenzando por el que ostenta el poder.
El país está hecho pedazos, la violencia, la represión, la delincuencia, la pobreza, la pandemia y la desesperanza son las dueñas del patio y sólo con calma, y con cordura, podrán tomarse, de parte y parte, las decisiones que Venezuela realmente necesita.
El estado de derecho puede definirse como un principio de gobierno en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos).
El Poder racional se apoya en la legalidad de las disposiciones de la Nación que deba ser constituida en Estado. El llamado Poder Tradicional se fundamenta en el carácter sagrado de las tradiciones válidas desde siempre y en la legitimidad de los llamados a ser «autoridad». Por último, el carisma del líder obtiene la sumisión de la comunidad y deriva en el dominio sobre la sociedad. El carácter coercitivo y represivo del líder carismático afecta el valor establecido de la Instituciones del Estado.
Podemos decir que la ruptura de la normatividad afecta la estabilidad del Estado. De tal modo estaremos sumidos en la anarquía, con o sin «Comunas».
ESTADO SIN DERECHO
&
El Estado ha merecido múltiples teorías y paradigmas. Juan Jacobo Rousseau decía: Si se quiere dar consistencia a un Estado, aproximado todo lo posible los extremos; no consistas ni opulentos ni mendigos”.
Estos dos estados naturalmente inseparables, son igualmente funestos para el bien común: del uno brotan los factores de la tiranía, del otro surgen los tiranos. Entre ellos se hace siempre el tráfico de la libertad pública: unos la compran, otros la venden
Se acepta que uno de los propósitos del Estado es satisfacer las necesidades de sus miembros, para que alcancen el buen vivir, para lo cual todas las personas deben tener iguales oportunidades.
En realidad, las leyes son siempre útiles a los que poseen y perjudiciales a lo que no tienen nada. De esto se sigue que el estado social no es ventajoso a los hombres sino en tanto que todos ellos poseen algo y ninguno demasiado
Mientras rigió el mandante legislador, el Estado era único depositario de la dominación humana en general, y no solo política; las constituciones eran instrumento de gobierno, los ciudadanos no tenían garantías y los jueces eran seres inanimados que modulaban las palabras de la ley, por cuanto los códigos y leyes eran considerados construcciones intocables mediante las cuales se imponía el capricho del gobernante.
Los seres humanos anhelaban que lo consagrado en el libro salga a la vida, ya que la ley tiene validez si respeta los derechos de las personas y sostiene que todos los hitos del liberalismo tienen que ser revaluados bajo una nueva luz, una vez que el artefacto liberal debe refugiarse en mitos y procesos referenciales impuestos para poder mantener en pie un edificio sostenido por simples contenidos particulares
El Estado constitucional de derecho surge luego de varios siglos de legalismo formal humanizando la letra de la ley, con valores y principios de los cuales no puede prescindir el intérprete que obra de buena fe.
En el Estado Constitucional de Derecho se revaloriza la dignidad de las personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol activo a los jueces en el despliegue de las potencialidades humanísticas de la Constitución.
El soberano es el que decide sobre el estado de excepción, y cualquier orden legal se basa en una decisión soberana. La norma legal la produce el Estado. Ni siquiera es necesario que la ley determine quién puede tomar una decisión sobre el estado de excepción. Todo lo que importa es si hay una persona o institución que posee la capacidad, de hecho, para tomar una decisión sobre la excepción. Si existe un soberano, su autoridad para suspender la ley no necesita reconocimiento legal positivo, ya que la aplicabilidad de la ley depende de una situación de normalidad garantizada por el Poder.
El poder omnímodo no tiene límites ni contrapeso, por lo cual aquel que lo ostenta puede imponer su voluntad y actuar de acuerdo a sus propios intereses, sin preocuparse por las consecuencias.