Caso Fernando Lugo

Es difícil desde la distancia apreciar bien los motivos que condujeron a la inmensa mayoría  del Congreso paraguayo tomar la decisión de suspender al presidente Fernando Lugo. Es cierto que hubiese sido preferible un juicio diferente, en el que se respetase adecuadamente el derecho a la defensa, pero parece ser  que con base en el orden constitucional de ese país la decisión del Congreso es legalmente válida.

Lo que llama la atención es el doble rasero con el que algunos miembros de UNASUR ven  esos hechos calificándolo como golpe de estado. ¿Por qué no existió la misma conducta cuando se depuso al Presidente Sánchez de Losada en Bolivia.?  Hay en nuestra región un maniqueísmo mediante el cual se protege a los gobernantes que formen parte del clan del  foro de Sao Paulo.

Cuando se destituyó a Carlos Andrés Pérez por hechos que se demostró a posteriori que no constituían delito, ninguno de los llamados líderes de la izquierda levantó la voz para condenar ese procedimiento. No queremos  decir con ello que el procedimiento realizado por el Congreso de Paraguay sea la mejor forma de destituir a un Presidente.

La  gran mayoría de los habitantes de nuestra región desea una democracia funcional en la que exista una verdadera división de poderes y se respete el orden constitucional. Pero ello no justifica que UNASUR pretenda calificar los hechos como ilegales o peor aun como un golpe de estado si el régimen jurídico vigente en Paraguay considera válido el procedimiento con el que se destituyó al Presidente por una mayoría absoluta de los partidos políticos de ese país.

Se puede estar en desacuerdo sobre la manera expedita como se procedió, es decir, la forma debería  ser más transparente y que no dejara dudas sobre las razones que motivaron esa acción, repetimos, asumida por la casi totalidad de las fuerzas políticas de esa nación. Pero tampoco es admisible el chantaje con el cual se pretende doblegar la decisión soberana de un pequeño país. Que Venezuela use el arma petrolera para defender a Lugo cuando no ha habido, al menos formalmente, ninguna violación del orden jurídico es un exabrupto parecido al que se utilizó contra Honduras cuando se destituyó al presiden Zelaya, aunque es este último caso se podía argumentar que no se habían cumplido con todos los requisitos de ley.

En todo caso no es UNASUR un órgano supra estatal que pueda sancionar a un determinado país si éste no ha violado  ni las leyes ni la constitución. Cada país es soberano y mientras no infrinja el orden jurídico nacional e internacional, no puede ser objeto de sanciones.