El Editorial

¿Cómo hemos llegado a estos extremos?

El mundo moderno está totalmente interrelacionado. El planeta está globalizado y el concepto mismo de soberanía ha cambiado substancialmente. La idea de la soberanía de un Estado, entendido como «poder exclusivo absoluto y perpetuo sobre todo su territorio», ha sufrido una serie de limitaciones.

Antiguamente los príncipes alegaban tener derechos de origen divino y por tanto su voluntad era ley en sus dominios. Hoy la soberanía de los Estados está sometida al derecho internacional público. Cuando un Estado firma y ratifica Tratados y Convenios Internacionales está aceptando limitaciones a su soberanía y sometiéndose a un orden público internacional.

Pero el caso es que desde hace unas dos décadas el régimen venezolano pretende regresar a conceptos de soberanía casi medioevales. Alegando el principio de no intervención, ha pasado por encima de un orden internacional que han aceptado todas las naciones civilizadas.

Es por ello que hoy se enfrenta a un aislamiento internacional sin precedentes. Vemos como desde la OEA, la Unión Europea, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Lima y muchas otras organizaciones internacionales surgen críticas y acciones cada vez más severas contra lo que ocurre en nuestro país.

Un número cada vez mayor de funcionarios del régimen están sometidos a sanciones personales y se les ha prohibido ingresar a varios países. Incluso varios gobiernos han presentado acusaciones formales ante la Corte Penal Internacional de la Haya y se ha llegado al extremo de ofrecer recompensas por la captura de algunos de ellos, a la vez que numerosas cuentas y propiedades han sido congeladas e incluso incautadas.

Algunas personas vinculadas al régimen han sido ya condenadas a largas sentencias, además de que hay empresarios detenidos que enfrentan juicios en cortes de otros países, se han declarado culpables y cuentan lo que saben para reducir sus penas. Hay también ex funcionarios sobre los cuales pesan órdenes de detención y se encuentran fugitivos. Además hay más de cincuenta países han desconocido a un régimen que surgió de unas elecciones cuya legitimidad no reconocen.

Vemos a un país en default, sin acceso al sistema financiero internacional. A la vez, existen numerosos arbitrajes internacionales que se han perdido sin haber honrado sus resultas y vemos como la propiedad de nuestros más importantes activos en el exterior, como es el caso de CITGO, se encuentra en riesgo como consecuencia de la irresponsabilidad con la cual el Estado ha actuado desconociendo contratos y expropiando empresas sin la debida compensación.

Hoy padecemos sanciones que afectan nuestra industria petrolera y nuestras exportaciones de hidrocarburos y que obstaculizan la importación de productos tales como la gasolina, que antes exportábamos pero que hoy no somos capaces de producir.

En el momento de escribir estas líneas, Venezuela contiene el aliento a la espera de decisiones que pueden afectar nuestro futuro inmediato y que están en manos de tribunales de otras naciones. Uno es el caso de la extradición solicitada por los EEUU de un empresario vinculado al régimen que se encuentra detenido en Cabo Verde y el otro caso, en manos de la Corte de Londres, vinculado al oro depositado en el Banco de Inglaterra y también el dinero retenido en la sucursal del Deutsche Bank en Londres. Son cerca de $ 2.000 millones de dólares en litigio reclamados tanto por el régimen de Maduro como por el gobierno interino representado por Guaidó.

¡Dios mío! ¿Cómo es posible que un país tradicionalmente tan respetado y respetuoso del orden internacional haya llegado a estos extremos?

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

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