De la decisión de la Unión Interparlamentaria pende la democracia
En estos días están en Caracas miembros de la Unión Interparlamentaria conversando con miembros de la AN legítima y de la AN espuria para decidir a cuál de las dos van a invitar a su próxima cumbre.
Esta iniciativa no debe ser un acto meramente protocolar, sino debe tomar en cuenta el origen de ambas instituciones, una apegado al cumplimiento estricto de lo establecido en la Constitución, la otro al margen de toda legalidad formal. Pero si ello no fuese razón suficiente para decidir, tendrían que tomar en cuenta que si invitan a la AN írrita, creada por el régimen, le estarían dando un puntillazo al último reducto de la institucionalidad en Venezuela y premiando la situación de hecho, por encima de la basada en un verdadero estado de derecho, que el régimen ha sistemáticamente abolido.
Esperamos que el respeto a los valores de la ilustración y a la defensa de la democracia prevalezcan en la decisión y no el oportunismo que conduzca a darle un voto de aprobación a quienes no creen que el respeto a la ley es una condición esencial de toda democracia.
Lo que explican los analistas supone un afianzamiento en el poder de la llamada revolución bolivariana en Venezuela, y desafía la estrategia encabezada por Juan Guaidó para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro.
Guaidó se proclamó presidente interino del país en enero de 2019 en virtud de su papel de líder del Parlamento, y recibió el apoyo de más de 50 países en el mundo.
En 2019 la oposición venezolana tuvo su mejor febrero en años. De manera fulgurante, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ascendió a la alicaída política venezolana con su proclamación como presidente «encargado».
En ese mes apareció en las portadas de los diarios, pero cinco meses después, tras los aclamados sucesos relativos a la «ayuda humanitaria». El panorama parece muy distante del optimismo opositor de esas jornadas. La esperanza de un derrocamiento fácil y rápido del régimen de Nicolás Maduro parece haberse sembrado en un mar de deslices políticos, aun con un activo apoyo internacional.
En el artículo 233 de la Constitución Nacional y una interpretación sui generis, la oposición determinó que había una especie de usurpación y «falta absoluta», al mismo tiempo, en la silla presidencial. Por ende, también argumentó, con suma laxitud, que la toma de posesión fue ilegítima y, por ende, no existió. De allí derivó la «legitimidad» de Guaidó.