¿El referéndum es un fraude?
¿El referéndum es un fraude?
Dice el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que: Todos los cargos y magistraturas son revocables. Esta disposición es clara y no admite reparos, desde el Presidente de la República hasta el último funcionario electo en el más pequeño municipio del país puede ser revocado si se dan las condiciones para la solicitud de un referéndum revocatorio, que son, según ese mismo artículo, las siguientes:
1. Que haya transcurrido la mitad del período para el cual fue elegido;
2. Que la solicitud sea efectuada por un número no menor del 20 % de los electores inscritos en la circunscripción correspondiente;
3. Cuando hayan asistido al referendo un número de electores igual o superior al 25 % de los electores inscritos;
4. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocación;
Hasta aquí todo luce claro y preciso, se trata sólo de tener un determinado número de firmas que soliciten un referéndum revocatorio, que una vez convocado las firmas superen ciertos parámetros preestablecidos. La complicación surge cuando se trata de determinar cómo se recogen y se validan las firmas. Cuando la solicitud de referendo es por iniciativa del Presidente de la República, no cabe lugar a dudas sobre su voluntad de hacerlo, simplemente tiene que hacer una manifestación expresa de su deseo. Lo mismo ocurre cuando la iniciativa proviene de la Asamblea, en ese caso, según el Art. 71 de la Constitución sólo es necesario que esté a favor de la solicitud la mayoría simple. El problema está cuándo la iniciativa le corresponde al pueblo, o como dice el Art. 71 a un número no menor del 10% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. Como no se ha reglamentado el procedimiento para la recolección de las firmas, se supone que en ausencia de una norma que señale lo contrario, serán los propios ciudadanos organizados los encargados de recogerlas y presentarlas al (%=Link(«http://www.cne.gov.ve»,»CNE»)%) para su verificación y validación. Hasta aquí, en una democracia plena que respete las diversas corrientes de opinión y que acepte como representativo de la voluntad popular las mediciones serias de opinión pública, no sería necesario hacer más nada para que, si se cumplen las condiciones de ley, se realice el referendo revocatorio.
Pero, ¿Qué ocurre en el caso en el que los gobernantes tengan poco o ningún respeto al libre juego democrático, hayan establecido un régimen de corte autoritario y tengan además un control sobre los principales poderes públicos? Si ese gobierno o gobernante no desea que se efectúe un determinado referéndum procederá, en primer lugar , a viciar la recolección de firmas haciendo que rubriquen las planillas personas a su servicio, indicando como firmantes con su número de cédula a personas que luego desmentirán haberlo hecho y que podrán solicitar una experticia para demostrar que se falsificó su firma, o peor aún, que estaban fuera del país cuando se hizo la recolección de las mismas. Si bien es cierto que esta picaresca acción de fraude puede ser estadísticamente insignificante, puede servir de base a un poder judicial obsecuente para solicitar una verificación, una a una, de todas las firmas con apoyo grafológico para reconocer si la firma es o no autógrafa. Como verán, aunque esta suposición pudiese ser fantasiosa, si a algunos picaros políticos se les ocurriera, lograrían con ello retrasar considerablemente el proceso de verificación y validación de las firmas. Ante esa realidad ¿qué le conviene a los que desean que se realice el referéndum revocatorio en Venezuela? Ante todo solicitar al CNE que publique los nombres y cédula de identidad de todos aquellos que firmaron solicitando la convocatoria del referéndum dando un lapso de 15 días para la impugnación por aquellos que desconozcan haber firmado en apoyo al mencionado referéndum. Otra posibilidad, si es que el CNE desconozca por alguna razón las firmas ya recogidas, es la exigencia de una nueva recolección y presentación de las firmas llenando un formulario con el requisito de que deba presentarse la correspondiente cédula de identidad del solicitante y además se exija que se marquen las huellas digitales en la planilla , a fin de contrastarlas en caso de futuras impugnaciones. Estamos convencidos que si se hace el proceso con máxima transparencia, las impugnaciones serán bien pocas y la gente se dará cuenta de las intenciones fraudulentas hechas por los que tienen miedo a la fuerza de expresión de la voluntad popular. El referéndum no es un fraude, es un derecho que tenemos los venezolanos para vivir en democracia y en libertad. No permitamos que maniobras arteras y engañosas reduzcan nuestra capacidad de decidir democráticamente nuestro destino
