El Editorial

En defensa de la universidad

La verdad es que a la hora de escoger cuál de las leyes incluidas en este “paquetazo legislativo navideño” es peor, la cosa se pone difícil. Sin embargo, la Ley de Educación Universitaria, un esperpento leguleyérico de escasa racionalidad y excesivos controles gubernamentales, tiene todas las de llevarse el premio.

No es que la educación universitaria sea algo ajeno al Estado, ni que haya que hacer oposición por el mero hecho de provenir esa ley de un parlamento vencido y un gobierno descaradamente dictatorial. La universidad es algo tan importante, donde florece el pensamiento crítico, se forma la intelectualidad y el futuro del país,  y se vencen las sombras de la ignorancia, que es precisamente por esas razones poderosísimas que el Estado (en este caso entiéndase el régimen en todas sus expresiones) no puede hacerse cargo de la totalidad de lo que significa “la universidad” para el devenir de la nación.

Se trata de una institución fundamental, la universidad, donde obtuvieron formación profesional buena parte de los cuadros dirigentes del actual régimen.

Ya lo han dicho la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, las autoridades rectorales de todas las casas de estudios superiores públicas y privadas: ese texto institucionaliza la discrecionalidad absoluta del ministro, liquida el autogobierno, relativiza la autonomía, sabotea la autoridad académica y administrativa, y lo que es peor, transforma la universidad en instrumento de una sola ideología política: el modelo de socialismo propugnado por el Presidente, en contradicción directa de lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución que garantiza “el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo”.

El secretario general de la UCV, profesor Amalio Belmonte, quien se ha dado a la tarea de revisar al detalle la polémica ley, avisa entre las muchas consecuencias sobre la obligación de las Universidades a servir de legitimadoras de las misiones educativas, y “sustentar los valores académicos en la ética socialista según el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2012”, desiderátum oficialista que fue reprobado por la mayoría del electorado que participó en las elecciones de diciembre de 2007.

Citamos algunas de las atrofias con las que nace esta ley, además inconsulta:

1.    Subordina todos los órganos de la universidad al Estado Docente, que planifica, desarrolla, regula, orienta, promueve, supervisa, hace seguimiento, controla y evalúa las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en todo el ámbito de aplicación de la Ley.

2.    La rectoría de la educación universitaria la ejerce el ministro con competencia en educación universitaria, a quien otorga todas las competencias imaginables e inimaginables como por ejemplo, la nómina de los “trabajadores académicos”, como pasan a llamarse ahora los profesores.

3.    Subyuga la autonomía a los planes de defensa de la Nación.

4.    Elimina el Consejo Nacional de Universidades y lo suplanta por el Consejo de Transformación Universitaria, correa de transmisión del ministro “y los órganos del poder popular”, cuya composición “plural” crea tal número de cargos que le permite el control absoluto del Gobierno.

5.    Incorpora docentes externos a la universidad a los jurados de concursos de oposición.

6.    No habla de estabilidad del personal académico ni tampoco de la presentación de trabajos de ascenso.

7.    Crea un esquema asambleario como órgano supremo de la universidad, del cual la autoridad rectoral es sólo el brazo ejecutivo.

8.    Ideologiza la investigación y la creación intelectual proveniente de los postgrados.

9.    Elimina al secretario general de la universidad y los decanos del gobierno universitario.

10.                  Sentencia de muerte a las universidades privadas cuando deposita en el Ejecutivo la suspension o revocatoria de autorización para operar “por incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás actos normativos o por interés estratégico del Estado”.  (subrayado propio)

Lo advertía el domingo el rector de la UCAB, José Virtuoso, esta ley es una “absoluta aberración” y como tal, inaceptable, inaplicable e inacatable.

Esta razones son más que suficientes para que la universidad como un todo, estudiantes, profesorado, personal administrativo y obrero, como siempre lo ha hecho, afronte una de las amenazas más grandes que haya tenido en toda su historia, imponga la racionalidad sobre la brutalidad y movilice sus enormes fuerzas para impedir que la barbarie vestida de socialismo sepulte la razón, el conocimiento, la pluralidad y el futuro.

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