El Editorial

Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata

Partiendo de la base de que el proceso electoral convocado para elegir una nueva AN está viciado, la Conferencia a Episcopal Venezolana advierte que no basta con abstenerse y asumir una posición pasiva. Su mensaje ha contribuido a un esfuerzo unitario por la dirigencia opositora.

Motivos hay de sobra para abstenerse. Los venezolanos sabemos que el régimen no respeta la voluntad popular expresada en comicios a menos que le convenga. Por ejemplo, cuando la oposición se abstuvo en las elecciones para AN en diciembre del 2005, el régimen no se sintió deslegitimado ni aludido. Por el contrario, aprovechó al máximo aquella circunstancia.

Sin embargo, cuando en el 2007 se llevó a cabo un Referendo Constitucional a través del cual Chavez pretendía modificar 67 artículos de la Constitución para imponer un Estado Socialista, el régimen perdió aquella consulta y tuvo que aceptar la derrota; no obstante, la conclusión declarada por Chávez fue que seguiría adelante con aquel proyecto, “sin cambiarle un punto ni una coma”.

En el 2016, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales, la oposición convocó un referendo revocatorio contra Chávez. Después de mil triquiñuelas al CNE no le quedó otro recurso que fijar para el primer trimestre del 2017 el evento de recolección de firmas. Constitucionalmente se requería el 20% de las firmas del registro electoral. Cumplida esa condición, el régimen se valió de algunos tribunales regionales para desconocer aquella la convocatoria, alegando “firmas planas”. El CNE se las arregló para burlar la voluntad popular.

En diciembre del 2015 se celebraron elecciones para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional. La candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática obtuvieron el 56,2% de los votos, obteniendo 112 de los 167 diputados, logrando una mayoría calificada en la Asamblea.

Ya derrotado, el oficialismo actuó como Jalisco. Procedió a designar a los magistrados del TSJ. Lo hizo violando plazos y requisitos. El régimen se negó a que fuese la nueva Asamblea, elegida con el voto popular, la que designase los magistrados. Hay razones de sobra para considerar que tal TSJ carece de legitimidad.

En segundo lugar, a pesar de que ya se había realizado la proclamación, ese TSJ anuló la elección de 3 diputados opositores por el Estado Amazonas, alegando un fraude que nunca comprobaron, ni tampoco convocaron elecciones para substituirlos. El objeto era arrebatarle a la oposición la mayoría calificada.

Como eso fuera poco, el régimen designó una Asamblea Nacional Constituyente, omitiendo la consulta popular y por tanto inconstitucional, aunque la proclamó “supra constitucional”. Adicionalmente el TSJ declaró en desacato (figura sólo aplicable a personas naturales) a la Asamblea Nacional legítimamente electa con el voto directo de los venezolanos.

Para colmo inhabilitan diputados (cosa que sólo puede decidir la propia Asamblea Nacional), y también a líderes políticos y el TSJ interviene los principales partidos de la oposición designando arbitrariamente directivas sumisas al gobernante.

En un extremo de cinismo, cada vez que pierden una gobernación designan la figura ilegal de un “protector” burlando ferozmente la voluntad del soberano, que no es otro que el pueblo.

De paso, también a través del TSJ, se impone una directiva de la Asamblea Nacional a gusto del régimen, en una acción que nadie reconoce. Y por último, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, ese mismo TSJ de dudosa legitimidad designa a los nuevos rectores del CNE que tendrán a su cargo el recuento de votos en los comicios Parlamentarios convocados para el 6 de diciembre. Esos rectores están modificando condiciones electorales lo que está expresamente prohibido 6 meses antes del evento.

Recordemos la famosa frase de Stalin. “No importa quien vota, lo que importa es quien cuenta los votos”.

Como vemos, existen razones de sobra para no participar bajo tales condiciones en esta fraudulenta mofa electoral. El cúmulo de ilegalidades es abrumador. La experiencia indica que este régimen actúa como el famoso dicho popular mexicano: “Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata”.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

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2 comentarios

  1. El concepto de la legitimidad política aparece como representación del poder político, bien sea como producto de un consenso a partir de un proceso electoral, o como necesidad extrema y justificada, en términos de funcionalidad del poder. La legitimidad contiene el reconocimiento del ejercicio del poder político por parte del llamado a ejercerlo dentro de los principios de la Constitución Nacional. Si se quebranta la legitimidad del poder político, se incurre en la nulidad absoluta del mandato y es deber del Estado restituir la legitimidad. El concepto de legitimidad aparece, pues, ceñido al de poder político, en tanto que se representa como justificación de su ejercicio.
    El análisis expuesto en el editorial y el llamado final para lograr la legitimidad y reestablecer las instituciones.

  2. Poe ningún lado hay legitimidad por lo tanto no se puede atender a un ilegítimo llamado.
    En un supuesto negado, ir a votación, se gana la elección, igual le buscan la vuelta y nada cambia, nada pasa.
    El régimen seguirá igual en su accionar ilegítimo y cometiendo desmanes con supuesta legalidad.
    Soliciten consulta legal a Organismos Internacionales como ONU, UE, OEA y diferentes Grupos establecidos.

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