El Editorial

Los Bonos 2020

Hoy CITGO está 100% hipotecada. El 50,1% de sus acciones fueron dadas en garantía por el régimen a quienes aceptaron refinanciar hasta el año 2020 unos bonos de la República que vencieron en el 2017 y el restante 49,9% fue dado en garantía a cambio de un préstamos de $ 1.500 millones a la petrolera rusa Rosneft.

Para colmo otros acreedores de la República, algunos de los cuales nada tienen que ver con petróleo y que han ganado arbitrajes internacionales y juicios en los EEUU están intentando cobrarse con activos de CITGO.

Conservar CITGO es de vital importancia para los intereses de Venezuela. Si la perdemos se nos hará difícil el acceso al mercado de los EEUU que es el que mejor nos paga. Otros podrían comprar nuestro petróleo, pero pagándolo a precios de gallina flaca.

Recapitulemos:

Para el año 2016 vencía un monto importante de bonos que la República no estaba en condiciones de pagar. Optó por negociar un canje por otros con vencimiento en el año 2020 con un rendimiento inusualmente alto. Aún así, pocos mostraban interés en aquellos papeles dada la poca credibilidad que inspiraba el régimen venezolano. Ofrecieron entonces canjearlos por otros bonos (Bonos 2020) que tenían como colateral el 50,1% de las acciones de CITGO.

La reacción de la Asamblea Nacional fue inmediata. El 27 de agosto de 2016 expresó mediante acuerdo público que las condiciones pactadas por el régimen para la emisión de los Bonos 2020 y la colocación de CITGO como colateral fueron ilegales y fraudulentas pues no contaron con la aprobación del Poder Legislativo como exige la Constitución.

Quienes aceptaron el canje conocían esta situación, que saltaba a la vista ante el más elemental “due diligence”. Pero ahora vencen estos bonos y, como era de esperar, el régimen no tiene como pagarlos.

CITGO está intentando ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York, que se declaren nulos e ilegales los referidos bonos. La audiencia pública tendrá lugar el 25 de septiembre. La Jueza Katherine Polk Failla ha solicitado la opinión del gobierno de los EEUU.

El caso es complejo por cuanto la Corte tiene que tomar en consideración la doctrina del “Acto del Estado”, que establece que todo Estado soberano está obligarespetardo a la independencia de los demás Estados soberanos.

Tal petición fue respondida por Elliot Abrams: “Venezuela se encuentra actualmente en medio de una crisis humanitaria, política y económica sin precedentes, con un régimen ilegítimo dirigido por Nicolás Maduro y un círculo íntimo de funcionarios corruptos ”.

Y añade:

“Estados Unidos respetuosamente no toma posición sobre la cuestión de si la doctrina del acto del Estado se aplica en este caso, a la luz de cuestiones de hecho y de derecho venezolano … y sostiene que sería apropiado para la Corte, de conformidad con la ley y la política de los EEUU, evaluar primero los argumentos presentados por las partes sobre si la emisión de los bonos 2020 y la prenda de garantía asociada son válidos según la ley aplicable”

Coincide tal posición con la que ya había expresado ante una Corte del Estado de Delaware en relación con el caso de Cristallex, donde había sostenido que la situación de Venezuela tenía importantes implicaciones para la política exterior de los EEUU y su seguridad nacional agregando: “Los EEUU respetuosamente sugiere que esa Corte no debería autorizar a Cristallex a tomar pasos adicionales destinados a forzar la venta de PDV Holdings a la luz del daño que ello pudiera acarrear a la política exterior de los EEUU y sus intereses en materia de seguridad nacional…”

Mientras tanto el equipo de Juan Guaidó, después de ratificar su intención de buscar una solución ordenada con los tenedores de los bonos, ha afirmado:

“Ratificamos nuestro compromiso con el rescate, protección y defensa de los activos de la Nación para el pueblo venezolano y en ese sentido, continuamos realizando todos los esfuerzos, atendiendo todos los requerimientos de los procedimientos judiciales, y concretando todos los apoyos necesarios para resguardar los bienes públicos que han sido puestos en riesgo por las políticas irresponsables de expropiación y endeudamiento de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica

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