No hay delito tolerable
Las denuncias de familiares de tres ciudadanos que ingresaron vivos a los calabozos del CICPC en El Rosal y salieron muertos, provocaron un escándalo en los medios de comunicación y una rápida reacción de la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación. La protesta de presos de La Planta y sus familiares parece haber llevado al director del penal y a los dos oficiales responsables de la Guardia Nacional en esa institución a ser sustituidos.
Son dos ejemplos de abusos e irregularidades en los cuerpos policiales en el país reparados, o en vía de reparación, gracias a la denuncia ciudadana y de los medios, y a la presión que las autoridades han sentido proveniente de esos orígenes, que responden a la esencia de la democracia y del acertado concepto de ciudadanía.
La persistentemente equivocada actitud del gobierno y de la dirigencia y el activismo políticos que lo respaldan, copiada por mandatarios latinoamericanos afines como Rafael Correa, Evo Morales y la propia Cristina Kirchner, de criticar a los medios –y a los ciudadanos que hacen reclamos públicos, como sucede en Venezuela con peligrosa frecuencia con dirigentes sindicales sometidos a agresiones, enjuiciamiento e incluso cárcel- no sólo es una injusticia sino un muy riesgoso desconocimiento de ese gravísimo problema que es la falta de control sobre los funcionarios policiales, precedida por una relevante falta de educación en el conocimiento y respeto a los derechos humanos.
La inseguridad nacional está obviamente en manos de una delincuencia que rebasa todos los límites, pero también en la participación frecuente de policías nacionales, estadales y municipales en delitos de todo nivel de gravedad. Que los delincuentes deban ser perseguidos, juzgados y castigados, es fundamental. Pero que un policía sea delincuente, es intolerable.
Entendemos perfectamente que hay mucha injusticia y fallas en los sueldos y respaldos del Estado a los policías en general, incluyendo la Guardia Nacional, un problema que necesita atención inmediata porque son funcionarios insustituibles. Pero no es aceptable que un policía robe o secuestre, o incluso asesine, porque gana poco y necesita ganar más. Dentro de los delitos está el abuso de poder, el maltratar a los delincuentes y a los ciudadanos. No se puede aceptar que un funcionario policial robe o asesine, tampoco es aceptable que golpee, maltrate o torture.
Felicitamos así la reacción de la Fiscalía, y nos llama mucho la atención el silencio de la Defensoría del Pueblo. Nos alegran cifras y porcentajes que suministran altos funcionarios gubernamentales sobre descensos en la delincuencia. Pero más nos alegraría que pudieran lograr, y nos pudiesen informar, que determinado barrio está libre de delincuencia, que las pandillas han sido anuladas de tal otro, que en la parroquia cual se puede caminar por las calles, a cualquier hora, con absoluta tranquilidad.
Y que dejen de distraerse culpando los medios de presuntas campañas, porque los medios son simplemente los mensajeros a los cuales no tiene sentido culpar porque ellos no son el problema sino la información de que un problema existe. Culpar a los medios no engaña a nadie, excepto al propio gobierno.
