El Editorial

¿Peculado o Soborno?

La ley contra la corrupción publicada en Gaceta Oficial No 5637 de fecha 07 de abril de 2003, es muy clara en la definición de peculado y quiénes pueden estar incursos en ese delito contra la cosa pública. No se trata aquí de referirnos a los  que  se denominan boliburgueses o chavoburgueses, sino a los delincuentes, sean estos empresarios “pata en el suelo “ convertidos en nóveles  millonarios, así como a los funcionarios que, por comisión u omisión, durante largos lapsos permitieron que  se cometieran tropelías, abusos  y robos a la nación .

Estos presuntos delitos han sido denunciados hasta la saciedad por distintos medios de comunicación, sin que ni el Ejecutivo, ni mucho menos la Fiscalía General de la República pestañaran, e iniciaran las investigaciones de rigor ante distintas y diversas noticias criminis.

Para los que no tengan conocimiento de la ley a la que la hacemos referencia, basta decir que señala: “al establecimiento de normas  que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

¿Quiénes están sujetos a dicha ley? El artículo 2  dice  que tanto  los particulares como los funcionarios públicos.

¿Quiénes incurren en enriquecimiento ilícito? El Art 46 señala “ el funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar requerido y que no constituya otro delito.”

En el peculado puede haber , como en el adulterio, dos o más partes involucradas. Por un lado, el funcionario que se beneficia económicamente por su acción u omisión y, por el otro, el que obtiene ganancias injustificadas provenientes de bienes o servicios públicos.

En la Venezuela actual,  en la que la corrupción pública se ha convertido en un mal endémico, ha surgido  un nuevo tipo de delincuente que bien podríamos denominar chavopeculador porque si ha cometido, hasta ahora, impunemente delitos contra la cosa pública, es porque han sido  cobijados o ignorados por las más altas  esferas del chavismo.

Hay que detener este cáncer que amenaza con destruir todas las fibras morales de nuestro país. No basta denunciar, no sirve lanzar al escarnio público algunos chivos expiatorios. Se requiere  ir hasta el fondo en esta campaña por adecentar la vida política de Venezuela.  

Los testaferros y los nuevos ricos por supuesto que deben ser  castigados con todo el peso de la ley. Pero quienes tienen la mayor responsabilidad son los funcionarios públicos, a menos que sean tontos útiles, también se habrán beneficiado crematísticamente. Idiotas no son y no nos creemos el cuento de que cachicamo trabaja pa lapa.

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