El Editorial

Si no hay negociación, ¿qué?

¿Será que el régimen está dispuesto a enfrentar las consecuencias de no sentarse en una mesa de negociación para determinar las condiciones necesarias para que en Venezuela de puedan llevar a cabo elecciones libres y se fije un calendario para que ello sea posible?

Según los últimos acontecimientos pareciera que están dispuestos a jugarse el todo por el todo y no acatar las recomendaciones formuladas por la comunidad internacional, para darle viabilidad política a una Venezuela sumida en una crisis multifactorial, agravada por una ausencia de legitimidad de todos los poderes del Estado.

La pregunta que muchos se hacen es cómo y con qué pueden resistir y seguir viviendo al margen de la comunidad internacional. ¿Acaso piensan que las condiciones actuales van a ser diferentes con el transcurrir del tiempo y lograrán que el resto del mundo se desentienda de lo que aquí ocurre y termine por aceptar la situación de hecho, haciendo caso omiso de las violaciones a los derechos humanos que han y seguirán ocurriendo?

En cierta medida el régimen se ve en el espejo cubano que, a pesar de ser un sistemático violador de los DDHH, logra mal que bien mantenerse en el poder y, aunque criticado ocasionalmente en algunos foros internacionales, es reconocido por muchos países que, incluso como España, mantienen inversiones en el sector turístico y en algunos productos de exportación.

La diferencia entre Cuba y Venezuela es que la isla pudo sobrevivir gracias a, en una primera etapa, el apoyo económico y financiero que le brindó la URSS y luego, por el que le dio, sin condiciones, la Venezuela chavista.

La Venezuela Madurista no tiene, hasta ahora, un país que esté dispuesto a sostenerla económica y financieramente como ocurrió con Cuba y, si bien aún produce algo de petróleo que cada día le genera menos ingresos y exporta oro y otros metales preciosos, poco de ello entra a las arcas del Banco Central. ¿Y qué decir de los ingresos que pueden provenir del tráfico de drogas? Eso tampoco entra en la contabilidad nacional, lógicamente, sino quién sabe dónde.

La esperanza de que el país pueda recibir importantes inversiones que le permitan recuperar la producción petrolera y la de otros posibles rubros de exportación, es muy pequeña sin que se restablezca un orden jurídico confiable y una debida transparencia que elimine el estado de corruptelas que prevalece y dificulta cualquier actividad productiva normal.

¿Podrá el régimen resolver eso con una burocracia que supera a los 3 millones de personas, a las que no tiene con qué pagarle un sueldo que les permita subsistir? Es obvio que no, si en el corto plazo no se produce un cambio, no sólo en la política económica, sino sobre todo en el orden institucional y en la gobernabilidad.

Por eso pensamos que, a pesar de las declaraciones altisonantes de miembros de la cúpula del régimen, y la intención manifiesta de patear la mesa de negociación, más temprano que tarde no les quedará otra opción que buscar una salida a través de una negociación, no solo con la oposición, sea esta cual fuere, sino principalmente con la comunidad internacional.

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Un comentario

  1. El Estado moderno tiene como sustento la relación triangular existente entre fuerza, poder y derecho. Se entiende que el sano equilibrio de estos tres elementos produce la estabilidad democrática, en virtud de la fuente legitimadora del Estado para aplicar sus normas, y su poder de coerción sobre los ciudadanos.
    En el proceso de transformación del poder en derecho y del derecho como respaldo de la fuerza interviene una lógica jurídica la cual obedece específicamente a mecanismos de Procesos Constitucionales de creación normativa. En el periodo de consolidación de la democracia venezolana desde el 23 de enero de 1958, y el proceso de cambio radical de 1999, intervinieron los elementos antes nombrados, por lo cual el siguiente papel de trabajo pretende la descripción de los mismos y el rol que jugaron en desarrollo de la democracia venezolana, durante su consolidación, mantenimiento, y cambio.
    La Relación Triangular entendida como la vinculación existente entre la fuerza, el poder y el derecho se traduce en una complementariedad entre estos tres elementos, los cuales son necesarios para alcanzar una convivencia pacífica, la estabilidad y la seguridad jurídica del componente social al cual regula.
    El derecho como orden regulador de la conducta humana, posee estrecha vinculación con el ejercicio de la fuerza y la detentación del poder, siendo esta relación necesaria para la adquisición del Estado democrático liberal. Cuando se define el Estado como Estado Social, de Derecho y de Justicia, no puede ser otra la afirmación de que en dicho concepto se refiere a la vinculación y a la relación de los elementos antes indicados, cuya regulación lleva el único objetivo de resguardar el orden y la justicia con mecanismos reguladores.
    Una de las premisas más interesantes que deben estudiarse en el periodo democrático venezolano, es el término Revolución, el cual es usado con holgura por el régimen de gobierno, como un cambio en el orden político, económico y social. Se presenta la crisis terminal del Estado centralizado en donde los partidos políticos y sus cogollos tomaron el poder absoluto de todos los espacios dejando a los ciudadanos sin el poder de participar activamente dentro de la política, lo cual a su vez, trajo como consecuencia que los partidos políticos perdieran el carácter de intermediarios entre el Estado y los ciudadanos.

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