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Terrazas de La Vega es habitable

Según dictamen técnico ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ):

A más de 18 meses del desalojo de 150 familias del Conjunto Residencial Terrazas de la Vega, por riesgo de muerte, según lo dijera la Defensoría del Pueblo; el TSJ presentó los informes de la experticia que dice: «…Bajo el reacondicionamiento respectivo, estos edificios pueden ser habitados. Pero se deben tomar las medidas indicadas (No necesariamente estando deshabitados)»

Estos informes expresan claramente que los apartamentos no tienen daños estructurales, es decir, nunca hubo riesgo de muerte, al referirse a «las medidas indicadas», es porque se requieren obras de mitigación de riesgos, propuesta hecha por Promotora La Vega desde hace más de un año sin haber sido escuchada.

Esta decisión del 14 de febrero del 2010 originó que se perdieran más de 500 puestos de trabajo; además de la entrega de 90 apartamentos que estaban en la etapa final de construcción, estas familias siguen aún esperando por la buena pro de la Junta Administradora, nombrada en aquella oportunidad y que hasta la fecha no ha dado respuesta alguna.

El proyecto Auyantepui, un complejo de viviendas de 1920 apartamentos, también se vio afectado por esa decisión del 2010. Más de 840 familias sufrieron, no solo patrimonialmente, sino moralmente, al ver cercenados sus derechos como propietarios de tener un techo propio con su esfuerzo. Sin tener nada qué ver con La Vega, fueron igualmente castigados, sin recibir respuesta alguna de la Junta Administradora, responsable de toda la obra.

Las consecuencias de una decisión, hoy contradicha por un informe elaborado por técnicos del TSJ, fue tomada para beneficiar a 150 familias que «estaban en riesgo de muerte» se les otorgó apartamentos en una mejor zona, pero esos mismos propietarios desvalijaron sus apartamentos, arrancando inclusive piezas sanitarias y ventana En esos edificios ―los de alto riesgo― quedaron familias alquiladas que no tuvieron la suerte de los 150, tampoco se vio en su momento riesgo alguno.

Más adelante el mismo informe expresa: «Los edificios ya están desalojados, pero bajo las condiciones expresadas en esta experticia, pueden ser nuevamente habitados»

La pregunta ahora es, si estos propietarios decidieran entonces vender los apartamentos, ¿cuál sería el papel del INDEPABIS en este caso?, es decir ¿que 150 familias que salieron favorecidas tendrán además de su nueva vivienda, la opción de vender los apartamentos que nunca tuvieron que haber sido desalojados? Saltan muchas preguntas.

Hoy, los propietarios de esta empresa constructora Promotora La Vega, se preguntan, quién responderá por el daño patrimonial que afecta a tanta gente, quién responde por el daño moral causado, cuando se expresaron epítetos en cadena nacional contra de profesionales que tienen más de 30 años trabajando en Venezuela, con capital venezolano y dejando una marcada huella en el país beneficiando a las familias más necesitadas con complejos residenciales de interés social.

Los representantes de Promotora La Vega, esperarían entonces una respuesta del Ejecutivo Nacional para resarcir tanto daño que se ha hecho a esta empresa venezolana que ha trabajado por el bienestar del país. (FIN)

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