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Investigación en Colombia revela que el 84% de los presos extranjeros son venezolanos

El estudio Migrantes y prisioneros del abandono, publicado por el diario neogranadino El Espectador, revela que, hasta marzo de 2022, 2.389 venezolanos forman parte de la población carcelaria colombiana.

El trabajo elaborado en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, manifiesta que son 2.859 extranjeros se encuentran apresados en Colombia, siendo 84% de los mismos de nacionalidad venezolana.

De igual forma, el informe detalla que del total de venezolanos, 332 son mujeres lo que se traduce en un 14%. La mayoría fueron encarceladas por hurtos o tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Madres y en prisión

La investigación dedica un apartado a las mujeres embarazadas (85% del total) y se encuentran bajo custodia titulado «Maternidad tras las rejas».

Sobre las migrantes venezolanas privadas de libertad y que además son madres, se cuestiona: “¿Cómo están las mujeres y migrantes venezolanas que son madres y están en las cárceles de Colombia? La respuesta corta: mal”.

“Las investigadoras encontraron que la gran mayoría de las reclusas son solteras, cabezas de familia –con la responsabilidad exclusiva de su hogar–, y de estratos socioeconómicos bajos. Los ingresos promedio de los hogares de estas mujeres antes de su detención eran inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta caracterización, indica el estudio, es igual en el caso de colombianas y venezolanas, reseñó TalCual.

Entre los testimonios que recogen se encuentra el de una joven identificada como Daniela que fue arrestada por hurto en diciembre de 2020 y condenada el 7 de julio de 2021. Daniela solicitó prisión domiciliaria por ser madre soltera de dos infantes, pero le fue negada porque los mismos no viven en Colombia. Pidió extradición a Venezuela y también se la negaron. “Ya en la cárcel mandó solicitudes para poder tener visitas virtuales y ver a sus hijos a través de videollamadas desde los computadores de la institución, pero no han respondido”.

Por ahora, una compañera le ayuda depositando dinero a una cuenta de ahorros de la penitenciaría para recargar el teléfono; sin embargo, el minuto de llamada a Venezuela cuesta 600 pesos, “uno de los precios más caros del mercado”, explica Claudia Cárdenas, directora de la ONG Mujeres Libres.

“Las mujeres extranjeras en cárceles son mucho más excluidas. No tienen cerca a sus familias; dependen de otras familias que, de alguna u otra forma, las adoptan; sus gobiernos las abandonan y no reciben ayudas de ellos –ni asesorías legales ni kits higiénicos con toallas menstruales ni acompañamiento psicológico ni visitas para comprobar que no sean torturadas, por ejemplo. Y lo complicado, después, es cuando salen de prisión con la libertad condicional –que es el caso de la mayoría: tienen el pasaporte vencido, no tienen permiso de trabajo y, además, tienen la marca de ser pospenadas. Tienen que rebuscarse el dinero para el pasaporte y para enviarle a los hijos y a quienes los cuidan, y para el tiquete de avión o bus para volver y, claro, para ellas vivir mientras están a paz y salvo con el país e irse”, asevera Cárdenas.

Más vulnerables

Liliana Sánchez, vicerrectora de investigación de la Javeriana e investigadora principal del estudio Mujeres y Prisión en Colombia, insiste que en las cárceles las mujeres son parte “de los eslabones más débiles”.

Por su parte, Esmeralda Echeverry, directora de la organización Cárceles al Desnudo, enfatizó que “la mayoría de crímenes cometidos por las mujeres privadas de la libertad, y eso lo tenemos muy presente, fueron a raíz de sus condiciones de pobreza”, por ello muchas de las mujeres en el país recurren al tráfico de drogas o al hurto como crímenes, que alegan, están vinculados a la supervivencia, relacionados con contextos de violencia e ingresos económicos bajos.

Lee más en Mujeres y Prisión en Colombia.

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