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11 de abril: Los olvidados

La masacre del 11 de abril del 2002, promovida por el teniente coronel Hugo Chávez y varios de sus acólitos, sigue sin ser investigada.  Fueron asesinados 19 ciudadanos, nueve de ellos participantes de la marcha opositora que pretendía llegar a Miraflores a exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez y nueve identificados con el oficialismo. Además, hubo unos 200 heridos, casi  todos  de la fila opositora. Por razones que ignoramos,  la  juez Marjorie Calderón  y los tres escabinos  solo investigaron dos casos de homicidio y ocho de lesiones  y  sentenciaron hasta a 30 años de cárcel a los Comisarios Iván Simonovis, Lázaro  Forero y Henry Vivas, así como a   seis  efectivos de la Policía Metropolitana. Hoy, trece años después, permanecen detenidos en la cárcel militar de Ramo Verde los policías Erasmo Bolívar, Luís Molina, Héctor Rovain, Marco Hurtado y Arube Pérez. Los tres Comisarios mencionados están detenidos en sus casas por confrontar serios problemas de salud que demoraron mucho en ser atendidos.

En el juicio se demostró que las balas encontradas en los cuerpos de los ciudadanos cuya muerte se investigó no procedieron de las armas de los policías. Además, las mismas tenían una trayectoria descendente, es decir de  arriba hacia abajo, por lo cual es imposible que fuesen disparadas por los policías que estaban en un plano inferior, concretamente al sur de Puente Llaguno sobre la avenida Baralt.

La juez Calderón, según la prensa,  es esposa de un destacado dirigente del PSUV y fue designada gracias a las gestiones de un ex socio del ex fiscal general Isaías Rodríguez. Como premio, en el 2014 fue designada Magistrada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Dos de los tres escabinos eran beneficiarios de las Misiones sociales del gobierno. Haifa Aissami, fiscal acusadora en el juicio,  es hermana de Tarek El Aissami, entonces ministro del Interior y Justicia y actual gobernador de Aragua. Hoy es embajadora ante el Reino de los Países Bajos. Evidentemente fue un juicio político, valiéndose de personas estrechamente relacionadas con el régimen.

Quienes estuvimos en la marcha  del 11 de abril del 2002, y llegamos por la avenida Baralt hasta la esquina de Pedrera, podemos atestiguar sobre el comportamiento de la Policía Metropolitana. La misma procedió con profesionalismo intentando mantener separados a los pistoleros de Llaguno de quienes marchábamos pacíficamente.  El libro «Las balas de abril», del excelente periodista Francisco Olivares ilustra claramente dónde se cometieron los asesinatos. En los casos de la Baralt  los autores fueron  paramilitares rojos  y en los alrededores guardias nacionales plenamente identificados. En ese entonces se mencionó la presencia de francotiradores desde los edificios circundantes, lo cual nunca fue comprobado.

El libro «El caso Vivas-Forero en el derecho internacional de los derechos humanos», de Marco Tulio Bruni-Celli,  describe la grave violación al derecho de asilo por parte del gobierno salvadoreño, que entregó a los ciudadanos citados violando el principio internacional de «no devolución». Los  gobiernos de El Salvador, Costa Rica y Argentina se comprometieron a dar garantías diplomáticas para que hubiese un juicio justo, pero todo fue una farsa.

Los afectos del oficialismo y los familiares de las víctimas deben entender que no se hizo justicia. Quienes fueron sentenciados no son los culpables y los verdaderos asesinos están en libertad. La gran mayoría de los asesinatos no fueron investigados. Quienes dispararon son  culpables y es necesario identificarlos, pero igualmente quienes convocaron a grupos civiles armados a ¨defender la revolución¨.  Afortunadamente hay muchos documentos. A los libros citados debemos agregar el documental «Radiografía de una mentira», de Wolfang Schalk y Thaelman Ungelles, que desmiente la versión oficial recogida en «La revolución no será televisada». También está  el libro «Verdades, mentiras y videos», de Albor Rodríguez.

Los efectivos policiales que permanecen detenidos deberían  disfrutar del beneficio de libertad por haber cumplido la mayor parte de una sentencia injusta. La sociedad civil está en deuda con ellos, ya  que sin su intervención  la masacre pudo ser mayor. También debemos agradecer la actuación del general Manuel Rosendo, quien se negó a aplicar el llamado Plan Ávila, que contempla sacar el ejército a la calle para reprimir. Mi reconocimiento a Mohamed Merhi, cuyo hijo  fue asesinado y durante muchos años exigió justicia. A Malvina Pesate, quien resultó severamente herida, así como a todos los participantes de esa gran jornada cívica. Los olvidados son no solo los policías, sino también las víctimas de ambos bandos a quienes no se les ha hecho justicia. Es justo reconocer que Antonio Ledezma, hoy acusado arbitrariamente de conspiración y preso en Ramo Verde, fue el primer político que mantuvo una defensa constante de los presos políticos. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

PD: Hoy acudí con mi esposa a la cárcel de Ramo Verde a visitar a los efectivos policiales Erasmo Bolívar, Luís Molina, Héctor Rovain, Marco Hurtado y Arube Pérez, presos injustamente por los sucesos del 11 de abril del 2002. Debo denunciar ante la Defensoría  del Pueblo y ante la ciudadanía que nos fue negada la visita. Ello constituye una violación a  los derechos humanos de los presos.

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