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Una situación límite

El gobierno se está atrincherando en el TSJ para obstaculizar y contrarrestar las decisiones y leyes que apruebe la nueva AN. El viernes pasado, en el acto de apertura del año judicial, resonaron otra vez en el recinto del máximo tribunal los gritos de “revolución, revolución” y “viva Chávez”. Señal ostensible de que las togas ya tienen posiciones tomadas y están dispuestas a postrarse a los pies del oficialismo.

En un verdadero Estado de Derecho, el parlamento legisla, los jueces interpretan la ley y el Ejecutivo la hace cumplir. Esa interacción entre los poderes está actualmente dislocada en Venezuela. Es cierto que el artículo 335 de la Constitución establece que el TSJ es “el máximo y último intérprete” de la Constitución, pero eso no lo convierte en fortín desde donde se pueden disparar sentencias amañadas para debilitar o invalidar lo que decida y los instrumentos legales que legítimamente sancione la AN. La presidenta del TSJ dijo en su discurso que “el TSJ tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional”, lo que es verdad, pero esa revisión debe estar a salvo de del alegato de falsas inconstitucionalidades. De lo contrario, habría una dictadura judicial por mampuesto.

El señor Maduro, desde su conuco mental, al hablar en el citado acto, anticipó que en “breve” habrá nuevos “choques” con la AN controlada por la oposición, exhortando a “preparémonos para esas batallas”. Seguramente se refería, entre otras cuestiones pendientes, a la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ya aprobada en primera discusión por la AN, y a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que entrará a la consideración parlamentaria en los próximos días. Con respecto a la primera, ya hizo, como un agitador cualquiera, un llamado “a la calle, a la calle, rebelión, rebelión, frente a la burguesía, rebelión y punto”. Y de la segunda, ha dicho que jamás la firmaría.

Si el plan del gobierno es bloquear el funcionamiento de la AN convirtiéndola en un objeto de adorno, razón tiene el presidente de ésta, Henry Ramos Allud, cuando dice que “no nos vamos a inhibir del cumplimiento de nuestras funciones constitucionales porque un tribunal, que dentro y fuera de Venezuela está perfectamente bien reputado como un apéndice del Ejecutivo, vaya a hacer ilusorias las funciones de esta asamblea electa por el sufragio popular”.

Porque hay una tragedia institucional y porque la crisis económica ha adquirido dimensiones de catástrofe (la dramática escasez de alimentos y de medicinas es sólo uno de los rostros que vemos) es que se justifica, con el gozo nacional, la decisión de la oposición democrática de recurrir a una de las varias vías constitucionales que nos llevará prontamente al cese del régimen actual y su sustitución por otro soberanamente elegido por el voto del pueblo venezolano.

Cuando se vive una situación límite, las decisiones tienen carácter existencial.

Carlos Canache Mata

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