40 años del caso Sierra Nevada
Las críticas más duras contra la corrupción provenían de los partidos de izquierda; en la práctica se manifestaron en desfavor de establecer la responsabilidad del ex presidente Pérez en el caso del barco frigorífico Sierra Nevada. El fraccionamiento se puso en manifiesto en la sesión del Congreso del 08 de Mayo de 1980.
En el gobierno del presidente Herrera a nivel parlamentario el partido socialcristiano COPEI en alianza con el Movimiento al Socialismo – MAS- inicio un debate sobre la corrupción administrativa en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, generando la apertura de expedientes investigativos a altos funcionarios. Pérez por el caso del barco frigorífico Sierra Nevada y Diego Arria por irregularidades en la compra de terrenos en el sector Antimano por el Centro Simón Bolívar que presidió.
ANTECEDENTES.
Siendo ministro del Fondo de Inversiones de Venezuela del gobierno de Luis Herrera; el economista Leopoldo Díaz Bruzual obtuvo información del sobreprecio en la adquisición del Sierra Nevada y da a conocer a la opinión pública.
La Comisión de Ética del CEN de AD, declaró en su informe del 24 de octubre de 1979 que la negociación para su compra había sido “apresurada y negligente”, y “hubo personas que actuaron deshonestamente y obtuvieron beneficios ilegales”.
Se inicio una investigación en el Congreso el 1 de noviembre de 1979, designándose una Comisión que la presido el diputado de Unión Republicana (URD) Ramón Tenorio Sifontes, mas Anselmo Natale, Leonardo Ferrer, Pedro Tabata Guzmán y Miguel Bellorin quienes establecen que el proceso de negociación y ejecución del contrato del compra-venta de la nave se realizo una serie de maniobras engañosas con daño patrimonial a la Nación venezolana.
La Comisión solicito a la Cámara de Diputados el establecimiento de responsabilidad política, administrativa, moral y penal del ex presidente Carlos Andrés Pérez, Luis Álvarez Domínguez, John Rafael y José Andrés Octavio (ex contralor). Se pensó que el “Informe Tenorio” iba a encontrar aprobación fácil de todas las facciones distintas a Acción Democrática incluso esta podría dividirse; no ocurrió así, pues expresaron reservas.
EL DEBATE.
El Congreso Nacional determino que hubo responsabilidad política más no administrativa y moral del ex presidente Pérez – 8 de mayo de 1980 –. El diputado Arturo Hernández Grisanti dejo constancia del voto salvado de la fracción parlamentaria de AD por mandato del Comité Ejecutivo Nacional.
La responsabilidad administrativa de Pérez se hubiese establecido con solo un voto afirmativo. Según expertos en materia jurídica pudiese haber sido inhabilitado para ser nuevamente candidato presidencial. Se le ha adjudicado el voto decisivo y absolutorio del diputado José Vicente Rangel quien desdecía la posición de su bancada como diputado del MAS.
Además se abstuvieron de votar los diputados de la izquierda: Américo Martin, Moisés Moleiro, Guillermo García Ponce, Domingo Maza Zabala, Pedro Ramón Romera y Héctor Pérez Marcano entre otros en detrimento del voto a favor de bancada Copei -MAS.
La votación termino de la siguiente manera: responsabilidad política (132 votos contra el presidente y 102 a favor), pero absuelto de responsabilidad moral (113 y 115 votos) y responsabilidad administrativa (111 y 119 votos). El senador vitalicio Rafael Caldera no participo en la votación para no interpretarse una retaliación contra Pérez al igual que el diputado David Brillembourg del partido Causa Común.
POSICION DE RANGEL
El diputado José Vicente Rangel sostenía “Hay una responsabilidad política, porque los que manejan los destinos de la Nación, corren con la responsabilidad de todo cuanto aconteció…” no iba más allá de un reproche por una conducta que se estimaba impropia desde el punto de vista político y solo implicaba una declaración calificada por simbólica sin ninguna sanción efectiva.
Rangel aseguro que fue un “voto consciente” además de pronunciar un discurso donde analizó lo que estaba planteado con toda claridad y “si tuviera que repetir esa situación la repetiría”. “No tengo el menor cargo de consciencia en ese particular, porque para mí era un problema de principios justamente”.
El Congreso en su sesión conjunta en ambas Cámaras “no tenían atribuciones para fijar una responsabilidad de carácter administrativo” que era competencia de la Contraloría General de la República; como “yo tengo conciencia jurídica y respeto el Estado de Derecho” y gran parte de las aberraciones que ocurrieron en Venezuela es porque no se respeta el Estado de Derecho, porque no se respeta la legalidad. “Yo actué de esa manera y no tengo ningún inconveniente en volverlo hacer”.
La explicación de Rangel; la directiva del MAS no la encontró aceptable como manifestó su presidente Teodoro Petkoff.
AMERICO MARTIN.
Expresaba que su intervención según decisión de la Dirección del MIR sostuvo que el Congreso no podía “auto-cercenarse” en función a la Administración Pública. En consecuencia para el MIR era indudable que había un caso de responsabilidad para todos, salvo para el ex contralor Andrés Octavio.
Pero se manifestó la duda en torno a la capacidad del Congreso de declarar la responsabilidad administrativa y “nuestra preocupación porque se declare la responsabilidad moral porque se trata de que el Congreso tiene la facultad de atribuirse el derecho de indicar pautas morales al país”.
Acota Martin que hay un trasfondo y un uso político del caso Sierra Nevada; “nosotros no somos ni encubridores ni perseguidores”. “Es fácil hoy lanzarse la sangre de la pieza perseguida y acosada y no nos gusta eso; desde el punto de vista humano no nos gusta ensañarnos contra un hombre que es perseguido”.
JOVITO VILLALBA.
Martin en referencia respetuosa a Villalba; “viejo profesor de Derecho Constitucional” quien mantenía la opinión que el Congreso no tiene facultades para además de la investigación, arribar a un dictamen, una sentencia o una declaración de responsabilidad, sea civil, penal o administrativa, política o moral, siendo “una tesis discutible”. También refiere al ex contralor José Mucci Abraham que había expresado un vacío Constitucional en esta materia.
Villalba sostuvo la tesis que en las distintas etapas del desarrollo del caso Sierra Nevada tanto en la Comisión de Investigación de Enriquecimiento Ilícito, la Comisión de Ética de AD, Informe Tenorio había que entenderlas en razón de un supuesto deseo de destruir políticamente a Carlos Andrés Pérez.
TEODORO PETKOFF.
Para el momento presidente del MAS manifestaba que “aunque luzca pretencioso decirlo, fue Copei que coincidió con nosotros” afirmando que se había frustrado el intento de censurar a al ex presidente Pérez en virtud de la abstención de diputados de izquierda de otros partidos minoritarios.
El MAS ponía en duda la candidatura presidencial por ese partido de José Vicente Rangel tras su abstención en el Sierra Nevada; aunque mantenía que ese tipo de decisión no estaba vinculada a ese caso, era importante pero no el único criterio para decidir este asunto; además una serie de reiteradas declaraciones se había alejado progresivamente Rangel de posiciones sostenidas por el MAS.
DAVID MORALES BELLO.
Diputado de AD sostenía que Pérez se le estaba tratando de atribuir un cumulo de responsabilidades que en nada se ajustan a la verdad de los hechos. Era “sumamente grave” que esa injusticia se busque cometerla invocando un Estado de Derecho que es justamente lo que vulnera al tergiversar las funciones del Congreso y pretender convertirlo en un tribunal hasta moral, “que huele a inquisición del siglo XV”.
HIPOTESIS.
Se le atribuye el caso Sierra Nevada a conflictos internos en AD entre el sector “betancourista” con mayoría en el CEN, quería “pasar factura” a los “carlosandresistas” por sus desmanes durante el quinquenio 1974-1979. A su juicio, los seguidores de Pérez habían dañado notablemente la imagen y las posibilidades del partido en las elecciones de 1978.
Se hace la acotación en referencias de la época que el ex presidente Rafael Caldera observaba e insistía en señalar que todo el asunto tuvo su origen en el Informe de la Comisión de Ética de AD, esto parece ratificarlo el diputado Américo Martin al manifestar: “La verdad” es que la iniciativa de ese debate parte de AD. Si AD no hubiera llevado este problema al Congreso “estoy seguro” que no se estaría ocupando de él. El Congreso ha sido “muy poco firme” en el ejercicio de su función contralora de la administración siendo una cosa de segundo orden.
Concluye Martin: Copei “ha tomado esto con un entusiasmo” que no evidencio en otros casos de corrupción administrativa, “lo cual indica que aquí la verdad esta puesta al servicio de una causa. Ambas cosas son verdad”.
El dirigente de Acción Democrática Octavio Lepage descarta esa tesis “pero quien conozca sobre la integridad moral de Betancourt” sabría que le hubiera dicho en la cara a Pérez: “Tu eres un ladrón, tu estas en esta vaina. Tenía – Betancourt- los cojones y valor personal y cívico para decírselo”. Acotando Lepage que el estilo faustuoso de Pérez, la espectacularidad de sus actuaciones, en eso Betancourt no estaba de acuerdo porque era partidario de “la sobriedad republicana”, nada de exceso. Concluye que Pérez en absoluto; “no era un hombre corrupto, era un hombre austero”.
Otros han señalado que la operación política se debió al acercamiento de José Vicente Rangel con Jaime Lusinchi para el momento jefe de la fracción de AD quienes se iniciaron en la actividad parlamentaria desde 1959, quien inicialmente Pérez fue auspiciante de su candidatura presidencial en contra de Luis Piñerua Ordaz respaldada por Betancourt para la elección de 1978.
Relación Lusinchi- Rangel se consolidada en ocasión del enfrentamiento entre Lusinchi – Pérez en la década de los noventa por el control del partido contando el primero con el apoyo del líder histórico Gonzalo Barrios. Este acuerdo traería la defenestración de la segunda presidencia de Pérez.
La Fiscalía General de la República cerró el caso Sierra Nevada el 13 de Junio de 1980, cuyo informe fue suscrito por un fiscal suplente o encargado Dr. Víctor Ortega Mendoza por ausencia del Fiscal General Dr. Pedro Mantellini confirmando la decisión parlamentaria. Se atribuye conforme a la bibliografía consultada al diputado Carlos Canache Mata el haber tramitado en forma rápida los documentos del Congreso a la Fiscalía General de la República incumpliendo las formalidades del caso.
