A un año del asesinato del Concejal Albán
Por donde lo mire, el de Maduro es un régimen criminal, violador de derechos fundamentales del hombre e inobservante de la Constitución y las leyes. Por supuesto que el mayor crimen del régimen -que ya apunta a 21 años de constante degradación de Venezuela- ha sido destruir las instituciones e imponer los caprichos del dictador y sus felonías, siendo una de las más bárbaras acabar con la producción, estimular la hambruna para someter por el estómago a los ciudadanos, sin importar el número de decenas de miles de niños, madres y adultos mayores que fallecen por desnutrición o enfermedades curables, para las cuales no encuentran medicamentos. Es la política asesina del castro-comunismo, sometimiento por hambre, obligar al pueblo a ocuparse desesperadamente de las necesidades primarias, alimentación y salud, olvidando la libertad y la democracia.
El Informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas, sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insta a tomar medidas para “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”, y alerta que “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país”. Es enfática la señora Bachelet al señalar la estrategia del régimen de Maduro, “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican el gobierno”. “Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad”.
A la mayoría de las mujeres y los hombres detenidos -reza el Informe Bachelet- se les somete “a una o más forma de tortura o tratos o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, paliza, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”. Incluso “documentó casos de violencia sexual y de género contra las mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM, así como por oficiales de la GNB”.
Si bien el crimen del régimen afecta directamente a miles de hombres y mujeres venezolanos e incluso niños, tal como lo cita el Informe Bachelet, hay casos de asesinatos crueles que han movido la opinión pública, tal vez tres son los más significativos: en enero de 2018, Oscar Pérez y sus compañeros fueron masacrados brutalmente, a la vista del pueblo a través de las redes sociales; diez meses más tarde, en octubre de 2018, hace ahora un año, asesinaron por torturas al concejal de Caracas Fernando Albán y lanzaron su cadáver desde el piso 10 de la sede del SEBIN, plaza Venezuela, para simular suicidio, y pocos meses luego, en junio de este año, el asesinado fue un militar, el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto por tortura. “El régimen de Maduro me lo mató y dejó huérfanos a sus hijos”, escuchamos decir con profundo dolor a Waleswka Pérez, viuda de Acosta Arévalo, quien añadió, “le dieron tantos golpes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo, que no pudo resistir la tortura y perdió la vida”. Para intentar calmar la sed de justicia, el régimen encontró sus dos “chinitos de Recadi” y condenó a dos policías a seis años de prisión, pena risible ante el monstruoso crimen del Capitán Acosta Arévalo.
El asesinato del concejal Albán ya cumple un año. Este aniversario es propicio para reiterar nuestra sed de justicia y nuestra disposición a pasar la página, a ponerle fin a la usurpación y al crimen. Estamos en los últimos días del camino culebrero y largo, que como todo en la historia tiene su fin. Venezuela será un gran país, sentiremos el orgullo de ser venezolanos.
