Ajustes de Precios de Servicios Públicos
Un tema que ha tomado especial protagonismo en Venezuela producto de la devastadora crisis económica es la baja calidad y la precaria sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos, que aún cuando heterogéneos entre sí dichos servicios, suelen requerir importantes inversiones en CAPEX para la expansión de la infraestructura, la renovación tecnológica o para afrontar significativos y recurrentes gastos operacionales y de mantenimiento.
Dada la incidencia de dichos servicios sobre la calidad de vida de los ciudadanos e incluso debido a sus eventuales efectos externos positivos -e.g. “sanitización” y salud pública, productividad, efectos de red, etc.-, los mismos suelen revestir especial interés público.
En este sentido su asequibilidad y acceso -no siempre significan lo mismo, la primera asociada a la capacidad o posibilidad de pagar el precio por parte del ciudadano y la segunda referida a la disponibilidad de infraestructura para atender hogares o usuarios específicos- suele constituir un tema de interés público, así como la eficiencia con la que se provean dichos servicios por implicar un uso eficiente de recursos -con eventual incidencia sobre quién financia las operaciones-, lo que a su vez tendría repercusión sobre la sostenibilidad de los proveedores de los servicios públicos.
Existe una amplia literatura económica y una dilatada práctica en materia de diseño de precios, tarifas y sus eventuales estructuras para eventualmente atender objetivos como los mencionados anteriormente. Sin necesariamente constituir una lista exhaustiva y sin estricto orden correlativo, alguno de los principios que deben ser considerados a la hora de encarar el tema en Venezuela son los siguientes:
1.- La fuente de financiamiento de la provisión del servicio público constituye un primer tema fundamental. ¿Quién financiará la provisión del servicio? Del cual se deriva la segunda pregunta.
2.- ¿Resulta adecuado separar -decoupling- los objetivos de equidad y eficiencia, para garantizar una provisión eficiente y sostenible del servicio, y atender el objetivo de equidad y asequibilidad con instrumentos de política pública que no entorpezcan las sostenibilidad y eficiencia en la provisión del servicio público?
3.- ¿El sector en específico es autosostenible por medio de la corresponsabilidad de los usuarios sobre los costos de la provisión de los servicios? ¿Esquemas de precios y tarifas con subsidios cruzados resultan eficientes, sostenibles y éticos? Este constituye un tema que para un país cuya capacidad de pago se ha depauperado no resulta nada menor.
4.- ¿Resulta preferible atender temas de asequibilidad por medio de una política fiscal o de transferencias para evitar distorsionar los precios relativos de los servicios públicos y poner en riesgo su provisión eficiente y sostenible?
5.- ¿Resulta estrictamente necesario que el proveedor sea público, o por el contrarío proveedores privados pueden coadyuvar a la provisión eficiente de los servicios públicos?
6.- ¿Resultan ser servicios públicos caracterizados por estructuras de costos subaditivas y por ende susceptibles de ser provistos en monopolio, o por el contrario pueden ser provistos bajo un régimen de competencia?
7.- ¿Resulta razonable utilizar mecanismos de competencia por el mercado que faciliten que la provisión en monopolio del servicio resulte eficiente?
8.- ¿Resulta suficiente un esquema de precio único basado en costos medios dado los elevados costos fijos, o por el contrario dicho criterio aún cuando satisface la restricción de participación de los proveedores atenta en contra de los objetivos de acceso al servicio?
9.- ¿Resulta preferible una estructura de tarifas diferenciadas basadas en la lógica de precios de Ramsey que permitan expandir la demanda atendida en comparación a la situación de precio único?
10.- Bajo esquemas de estructuras de precios diferenciados, ¿se requiere un diseño de precios ascendentes por bloque para incentivar el uso racional de una infraestructura dada que permita a su vez acceso a ciudadanos con baja capacidad de pago, en contraposición a un esquema “tradicional” de discriminación de precios de segundo grado que estimula la intensidad de consumo por parte de los demandantes con mayor disponibilidad de pago?
Una vez que los servicios públicos resultan muy variados entre sí, las respuestas a cada una de estas preguntas pueden diferir o cuando menos requerir un inciso específico.
Ahora que el tema ha recibido atención general, se requieren numerosos análisis y discusiones respecto a las eventuales alternativas de modelo sectorial o de eventual política pública para cada caso. Aun así, lamentablemente no se cuenta con información pública que permita aseverar que la importancia del presente tema pasa de lo discursivo, de lo enunciativo y de la improvisación.
Economista UCV.
