Ante el intento de separar Cataluña de España

Las elecciones al Parlamento catalán del próximo 27 de septiembre se presentan por ciertas fuerzas políticas y por el presidente de la Generalitat, máximo representante del Estado en Cataluña, como un plebiscito separatista. Tal “plebiscito” podría conducir, según fuese el resultado, a una declaración unilateral de independencia para separar Cataluña de España, y también a los españoles.

Ante tan desatinado y grave propósito nos sentimos obligados, desde nuestra experiencia como antiguos miembros de los gobiernos democráticos de España, a formular un llamamiento a las principales fuerzas políticas para que dialoguen.

Nuestro propósito es favorecer una salida —consensuada y respetuosa con el ordenamiento jurídico—, a la situación actual y fortalecer, a través de un proyecto común, los lazos históricos y afectivos que han unido siempre a Cataluña y al resto de España.

I.- Nuestra Constitución de 1978 ha marcado un hito en la historia de España. Nos permitió superar pacíficamente una situación prolongada de dictadura por vías de consenso, con cesiones recíprocas entre unos y otros, hasta alcanzar un dilatado periodo de convivencia democrática.

Durante este periodo, el conjunto de España además ha mantenido también un rumbo adecuado, ratificando su vocación europeísta, como integrante de la Unión Europea, y ha sorteado las amenazas provenientes del terrorismo y de un golpe de Estado militar.

II.- Transcurridos treinta y siete años desde la aprobación de la Constitución, pensamos que hay circunstancias nuevas que aconsejan estudiar la reforma del texto en algunos puntos, siempre mediante consenso. No para echarla abajo o cambiar el sistema constitucional en su conjunto, sino para conservarla viva y actualizada.

El cambio experimentado, durante este periodo en España, en Europa y en el mundo; la eclosión de nuevas generaciones de españoles, que no participaron en el proceso de 1978; el impacto de la crisis económica y la necesidad de actualizar los consensos básicos, son factores que favorecen una reforma basada en amplios acuerdos y lejana a toda imposición unilateral, cualquiera que fuere su origen.

III.- Un aspecto a considerar será, sin duda, la organización territorial del Estado, cuestión que la Constitución del 78 dejó muy abierta. Fueron acontecimientos políticos los que esculpieron, mediante sentencias del Tribunal Constitucional, el sistema autonómico tal como hoy lo conocemos con sus instituciones y reparto de competencias.

Ese sistema debe ser actualizado para ajustarse mejor y de manera equitativa a las necesidades del conjunto de España y a los perfiles singulares propios de sus Comunidades. Pero este objetivo, posible y deseable, se está viendo dificultado por el mencionado giro separatista de parte del nacionalismo catalán, con esa exigencia a plazo fijo e inmediato de una declaración unilateral de independencia.

IV.- Para los independentistas la Constitución ya no estaría, en realidad, vigente, ni les vincularía en absoluto, así como tampoco las sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional, salvo que les fuesen favorables. La España de hoy, su configuración y su Constitución no les valen. En cambio, para ellos sería dogma infalible que Cataluña es ya un sujeto político distinto y que debería proclamarse Estado independiente, separado del conjunto de España.

Pero esta separación de Cataluña convertiría a España, a la fuerza, en un sujetopolítico distinto y mutilado. Y ese resultado los independentistas pretenden lograrlo sin contar con los catalanes no partidarios de la independencia, ni con el resto de los españoles, en esas elecciones “plebiscitarias”, sólo aptas para catalanes. Este planteamiento es de todo punto rechazable.

Imponer como hecho consumado, una España sin Cataluña es disparatado. Una decisión de tal calibre, que alteraría el ser histórico y el existir de España, no puede adoptarse en elecciones autonómicas, pues sería un atropello a la ley de imprevisibles consecuencias. En democracia, el derecho a decidir no llega al extremo de decidir por el vecino. Derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos. No hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia.

V.- La pretensión independentista parte, además, de un enfoque internacional equivocado: introducir en la agenda de Naciones Unidas un contencioso sobre el independentismo catalán es un sinsentido. La carta de Naciones Unidas respalda ante todo la integridad territorial de sus Estados miembros. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas.

Por lo que respecta a Europa, la ruptura territorial de un Estado miembro, ni está prevista en los Tratados, ni la parte desgajada conservaría derecho alguno a continuar en la Unión, en los Tratados, en la ONU o en la Organización Mundial de Comercio, por poner algún ejemplo. Se convertiría, consumada la separación, en un país tercero a los ojos de la Unión Europea, sujeto a la regla de la unanimidad para cualquier intento de nueva integración.

VI.- Somos partidarios de una Cataluña, integrada en un proyecto común de progreso, unida al resto de España y no, en absoluto, de una España sin Cataluña ni de una Cataluña sin España. Creemos que entre la independencia y la situación presente hay fórmulas más convenientes para todos. La historia no empieza ni termina el 27 de septiembre. Hay muchas opciones a tratar y examinar teniendo en cuenta los sentimientos de todos.

VII.- Por otro lado, el llamado “proceso” viene alejándose de los requerimientos mínimos, de los estándares y garantías exigibles en democracia. La organización de manifestaciones, con recursos de origen público, la falta de neutralidad y pluralismo en los medios de comunicación dependientes de la Generalitat, sesgados e insistentes, que recuerdan épocas negras de nuestra historia; la posterior presentación de una candidatura única para un movimiento independentista que cobija a líderes de partidos con programas distintos y hasta opuestos, que han gobernado antes y después de la gran crisis económica y no para bien; todo ello presentado como en un supuesto “plebiscito”, instrumento predilecto de tantos cesarismos, es intolerable y nos lleva a lanzar un llamamiento a la sensatez.

VIII.- Es cierto, sin duda, que el Estado mantiene la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña. Es una previsión constitucional vigente para situaciones graves y no se podría reprochar a ningún gobierno que usase de ella ante una declaración unilateral de independencia. Tampoco ignoramos que cabría utilizar muy diferentes instrumentos de carácter penal, de orden público y, en general, coactivos siempre para el mismo fin de cumplir y hacer cumplir la Constitución y respetar los derechos constitucionales de todos.

Pero mostramos nuestra preferencia decidida por las vías de reflexión y concordia queeviten y no agraven la fractura social existente. Para ello hay que apoyarse, ante todo, en los vínculos que tenemos en común y vienen de muy lejos. Cataluña ha sido y es elemento esencial en la formación de España. La interrelación entre nosotros es inextinguible: lazos entrañables que unen unas familias con otras dentro y fuera de Cataluña, en toda España, desde tiempo inmemorial; herencia común, creencias compartidas; valores morales, éticos y culturales que han nacido y se han formado de consuno entre nosotros mediante cooperación espontánea; desarrollo económico y empresarial que ha formado un tejido inescindible entre los catalanes y el resto de los españoles; proyección compartida hacia el mundo, en especial Latinoamérica. Todo esto se ha de tener muy presente.

IX. Todos apreciamos cuanto representa Cataluña a lo largo de la historia. Por ello propiciamos ante la opinión pública un riguroso análisis sobre si su singularidad está siendo reconocida y valorada de manera justa y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes. Este análisis nos debe llevar a rectificar cuanto aparezca como equivocado, sin excluir ningún asunto, por delicado que sea, siempre que se haga, entre todos, de buena fe y con espíritu constructivo.

Toda reforma debe ser compatible con el proyecto común que es España, sin exclusiones ni apriorismos. Pero más allá del enfoque puramente catalán, se ha de lograr que la organización territorial del Estado se ajuste mejor a la realidad de todas las autonomías que integran España, a sus perfiles propios, trayectoria histórica y funcionalidad dentro de la Unión Europea. Porque la confortabilidad en nuestro ser y plural estar en España, debe conseguirse para todos y todos hemos de participar en su aprobación y votación.

X.- Por eso nos permitimos apelar también a la opinión pública catalana para que en las próximas elecciones del 27 de septiembre participe activamente. Y para que se esté en condiciones de restaurar las fraternales relaciones de cordialidad que nunca debieron perderse entre todos.

Juntos valemos más que separados. Juntos sí, pero juntos todos. Sin exclusiones.

Juntos todos, seremos más fuertes y respetados. Juntos, se puede mejorar. Por separado todos perderíamos. Los políticos catalanes han de estar a la altura del mundo actual, basado no en la independencia, sino en la interdependencia; no en el soberanismo, sino en la cooperación política, económica, social, y empresarial en un mundo global.

Creemos que, por ello, se impondrá el buen sentido y no nos dejaremos empujar hacia un abismo, al que ya nos hemos aproximado en demasía. Ahora es la hora de la prudencia y la responsabilidad.

La Fundación España Constitucional está constituida por exministros de gobiernos de UCD, PSOE y PP, no activos hoy en la acción política. Sus opiniones pueden diferir entre sí, pero concuerdan en los valores de la Constitución de 1978, que pretenden difundir y defender. Junto a Marcelino Oreja (presidente de la Fundación) y Cristina Garmendia (de la Junta Directiva), firman también este artículo  Pío Cabanillas, Javier Gómez Navarro, Beatriz Corredor, Juan Antonio Ortega, Eduardo Serra, Rodolfo Martín Villa, Cristina Alberdi, Josep Piqué, José Bono, Aurelio Menéndez,  Manuel Núñez Pérez, Álvaro Rengifo, Luis Cosculluela, Enrique Sánchez de León, Luis González Seara, Salvador Sánchez Terán, Jaime Lamo, Jesús Sancho Rof, José Lladó, María Antonia Trujillo,  Abel Matutes, Eduardo Zaplana y César Antonio Molina.