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Argentina: aborto abortado

Néstor Francia

Finalmente el Senado argentino ha votado contra la legalización del aborto, 38 a 31 con dos abstenciones. En realidad, fue un triunfo a medias de las fuerzas conservadoras, encabezadas por la Iglesia Católica, ya que la otra mitad del triunfo corresponde al movimiento libertario pro-elección que apoyó la legalización. Por primera vez, después de varios años de lucha, la propuesta llega tan lejos como a su discusión en el Senado. Se ha logrado poner el asunto en la primera línea de los debates en el país austral y se han fortalecido los movimientos feminista y abortista de aquella nación. Todo ello hace pensar que la aprobación de la legalización es solo cuestión de tiempo y que este instrumento de justicia saldrá airoso más temprano que tarde.

El célebre humorista estadounidense George Carlin, fallecido en 2008, afirmó que “los pro-vida (activistas contra el aborto legal) no son pro-vida sino anti-mujer”. Razón lleva, puesto que son las mujeres las principales víctimas de todos los males que acarrean las prácticas de aborto ilegal. En un artículo publicado en la Web Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, firmado por la diputada del PSOE Ángeles Álvarez, fundadora de la española Red Estatal contra la Violencia de Género, esta da parte de los grandes peligros para la salud de las mujeres que encierra el aborto clandestino en su país (“Las consecuencias del aborto inseguro”, http://apfcib.org/las-consecuencias-del-aborto-inseguro/). 100.000 abortos quedarán en la ilegalidad, unas 50.000 mujeres viajarán al extranjero, 50.000 recurrirán a prácticas clandestinas, 20.000 de ellas sufrirán graves consecuencias para su salud (40 %).

Según el artículo citado, el aborto clandestino en España significa que 50.000 mujeres recurrirán a instrumentos punzantes o al uso de sustancias peligrosas por vía oral o perfusión vaginal. Para los abortos practicados con instrumentos punzantes (como las agujas de punto) lo más común será: perforación uterina, perforación de vejiga urinaria, recto y asas intestinales, desgarros del cuello del útero. Las consecuencias de esas lesiones son: peritonitis, abdomen agudo, hemorragias, infecciones agudas, resecciones intestinales, extirpaciones uterinas y esterilidad, fístulas recto vesicales con incontinencia urinaria y fecal, muerte por shock hipovolémico o por shock séptico.

En el caso de interrupción clandestina del embarazo a través de lavados vaginales con sustancias variadas, o por vía oral con distintas medicaciones, las consecuencias y complicaciones más frecuentes serán: quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad, hipertensión, edema pulmonar y parada cardíaca, embolismos que según el vaso donde impactan generarán infartos pulmonares cardiacos o cerebrales, provocando graves secuelas y en algunos casos la muerte.

Tal como es fácil inferir, el aborto ilegal comporta, primero que nada, un grave problema de salud pública. Pero además son conocidas también las negativas consecuencias sociales de los embarazos no deseados y/o no planificados. En América Latina, el número de embarazos no deseados no es para nada pequeño. Encuestas de demografía y salud que se llevaron a cabo en la mayoría de los países de la Región a finales del siglo pasado en las últimas décadas muestran que, en promedio, el tamaño de la familia se ha reducido de manera importante en los últimos años: de 6 hijos en 1960-1965 a 3,3 en el primer quinquenio de los años noventa. Sin embargo, el número de hijos que las mujeres desearían tener es todavía menor. Así, por ejemplo, en Bolivia, en 1998 el tamaño medio de la descendencia era de 4,2 hijos, mientras que el número medio de hijos que las mujeres mencionaban como ideal era de 2,6. En Colombia, en el año 2000, el tamaño de la familia era en promedio de 2,6 hijos, mientras que el número deseado de hijos era, en promedio, de 2,3.

La verdad es que existen muchas mujeres que no desean reproducirse pero siguen expuestas al “riesgo” de quedar embarazadas, por estar en edad reproductiva y llevar una vida sexual activa sin usar ningún método anticonceptivo o porque utilizan métodos “tradicionales” como el ritmo o el coito interrupto, de escasa eficacia para evitar el embarazo. La proporción de mujeres que se encuentra en esta situación no es despreciable: en Bolivia, por ejemplo, ascendía al 26% en 1998, en Nicaragua al 14,7% en 1998 y en México al 12,1% en 1997. Según el Instituto Alan Guttmacher, en 1994 existían 8 millones con esta condición en Brasil, 1,8 millones en Colombia, 6,7 millones en México y 1,9 millones en Perú.

Otro dato importante es que los riesgos del aborto clandestino están marcados por una condición clasista. Los riesgos que una mujer enfrenta ante un aborto ilegal son un reflejo de la desigualdad social que prevalece en América Latina y el Caribe. Así, las mujeres con recursos que viven en áreas urbanas tienen la opción de interrumpir un embarazo no deseado en condiciones mucho más seguras que las que habitan en zonas rurales y son de bajo nivel socioeconómico. Las primeras suelen tener acceso a profesionales de la salud capacitados para hacer un aborto, mientras que las segundas suelen provocárselo ellas mismas o con la asistencia de una persona sin entrenamiento ni la infraestructura necesaria.

En todo el mundo, el 38 % de los embarazos son no deseados, el 21 % de ellos se da en adolescentes (de los cuales entre el 30 y el 60 % terminan en un aborto): unos 80 millones de embarazos no deseados cada año de un total de 210 millones de embarazos.

La lucha en Argentina por la legalización del aborto es una loable acción de vanguardia y juegan destacado papel en ella las mujeres y los jóvenes. Esto incluye un elemento de relevante importancia cultural: la oposición de este movimiento a las posiciones reaccionarias de la jerarquía católica. Muestra de ello es la masiva apostasía colectiva que se ha llevado a cabo la no legalización del aborto. Esta acción de renuncia a la Iglesia convocó a miles de jóvenes que hicieron cola para rellenar formularios donde explicitan que se retiran de ese credo. La masiva operación fue convocada por la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que llamó a participar a aquellos bautizados que ya no se sienten representados por la Iglesia Católica, bajo las consignas de “Despégate de la iglesia” y “Apostasía Colectiva – No en mi nombre”.

Es importante señalar que la lucha por la legalización del aborto en Argentina no es anticatólica, de hecho muchos católicos participan de ella, como quienes conforman la organización de mujeres Católicas por el Derecho a Decidir (catolicas.org.ar), quienes afirman en su Web que “El aborto como crimen es un acto de opresión y de violencia que, como mujeres católicas, tenemos que confrontar. Como sociedades democráticas nos debemos un marco legal amplio que permita incluir el pluralismo y la libertad de conciencia necesarios para albergar la diversidad de prácticas y decisiones de las mujeres”.

La lucha de los argentinos por la legalización del aborto debería servir de ejemplo a los venezolanos. La Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente debería encabezar esta justa lucha y hacerse eco de esta exigencia que tiene la simpatía y el apoyo de muchos venezolanos.

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