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Asesinos premiados y la paz de los sepulcros

Más de cincuenta años de extorsiones, secuestros, asesinatos, narcotráfico, en donde más de 260 mil personas perecieron se supone que llegarán a su fin en Colombia tras la firma de un tratado de paz entre el gobierno de esa nación y las guerrillas de las FARC. Unos 8 millones de personas se vieron afectados directamente por esta cruenta guerra civil en donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC se proclamaban como la fuerza militar y política que solucionaría los problemas sociales y económicos del país. La firma de este tratado, sin embargo, no llevará la paz a este inmenso país sudamericano.

Se llevó a cabo un acuerdo de paz en donde la guerrilla más grande del país, las FARC, se reúnen durante 4 años, en La Habana, Cuba, tierra que no era neutral para estas conversaciones, con los representantes del gobierno colombiano más los garantes y observadores  de diferentes países del área. Lo que llama la atención, es que ni las FARC ni el gobierno, invitaron a las demás fuerzas revolucionarias involucradas en este conflicto, como sería el ELN (Ejército Nacional de Liberación), el Ejército Popular de Liberación, y la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar o Fuerza Armadas Bolivarianas; en otras palabras, el acuerdo de paz colombiano nace viciado.

Las FARC, para dejar las armas (no se sabe cómo ni cuántas) serán premiadas sin considerar que mataron a miles de colombianos a quienes asesinaron en forma brutal como a 80 feligreses en una iglesia incendiada a propósito. Esto es conocido como la Masacre de Bojayá (Chocó). 2 de mayo del 2002. La guerrilla y los paramilitares utilizaron el pueblito junto al río Atrato, habitado por campesinos humildes, de campo de batalla. Durante los combates, los vecinos se refugiaron en la parroquia. A las FARC no les importaron los civiles y lanzaron cilindros – bombas artesanales- en dirección al templo. Ciento diecinueve personas de todas las edades perdieron la vida.

Serán premiadas permitiéndoles crear un partido político, con un gran financiamiento y divulgación por parte del gobierno. No se sabe si el financiamiento será por voto obtenido o por cada muerte que acrediten. Ellos (las FARC) podrán registrarse formalmente ante el Consejo Electoral de Colombia como partido político y tendrán una participación asegurada en el Congreso (la guinda de la torta) pues tendrán derecho a 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara Baja. Pero, como si esto fuera poco, el  Estado de Colombia desembolsará anualmente un 10% de apoyo económico del Fondo de Apoyo a los partidos políticos. Es decir, recibirán casi 1,5 millones de dólares.

También se dará ayuda de reinserción a los asesinos y tendrán un seguro de desempleo que durará dos años. Los agricultores de las FARC que hayan sembrado marihuana o coca no serán perseguidos penalmente, para ello tendrán dos años de plazo; es decir, podrán cerrar sus multimillonarios negocios sin problemas económicos. (¿Vista gorda al narcotráfico?) (¿Política a lo Evo Morales?). Las guerrillas, después de esto se comprometen a poner fin a cualquiera relación que tenga que ver con los cultivos ilícitos.

La justicia, pondrá en práctica, para no herir la epidermis de los asesinos de las FARC, un modelos de «justicia» transicional que pondrá penas alternativas para los responsables de «delitos de guerra y de lesa humanidad»; en otras palabras, los jueces y magistrados, les dirán a esos asesinos, «páseme su mano» y le darán 2 reglazos a cada unos diciéndoles «eso no se hace»…

Por otra parte, al pueblo colombiano le da asco y vergüenza ver a los líderes guerrilleros que negociaron en Cuba, como regresaron a la luz pública gordos, obesos, bien vestidos, mientras sus compañeros se morían picados por los mosquitos zika en la jungla colombiana.

La justicia transicional tiene un gran rechazo en el pueblo, los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, se oponen abiertamente a estos acuerdos de paz pues no son otra cosa que una práctica demagógica del gobierno de de Juan Manuel Santos y de los gobiernos americanos que avalaron estas conversaciones.

En los próximos días habrá un plebiscito para aceptar o rechazar estos acuerdos con la guerrilla; hay una gran mayoría de colombianos que no aceptan estos acuerdos pues, para ellos, se le da impunidad total a los asesinos del pueblo colombiano y, porque además no se consideraron a las otras guerrillas que tienen cerca de 10 mil hombres en armas, usando el territorio venezolano como rutas de avance y escape.

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