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Ayúdenme a entender

Leo, esperando obtener orientación, la declaración de un actor político que muy a mi pesar más bien me ha traído confusión. El actor declarante, al comentar la reciente designación de los integrantes del CNE, encuentra que se ha dado “un paso importante en el restablecimiento de la institucionalidad”. Ese paso, creo entender, que está representado en la visión del declarante por el nombramiento de dos compatriotas, que no forman parte de lo que podríamos llamar el chavo-madurismo, como integrantes en un cuerpo conformado por cinco personas. Esa designación tendría ese efecto restablecedor, aunque la institucionalidad que se quiere restablecer, está herida desde hace más de 22 años.  

Sería desde luego mucho hablar de tantas violaciones a la constitución que me perdería el objeto de este artículo que quiero centrar en “el restablecimiento de la institucionalidad”. Por eso voy a lo más reciente. La oposición ha cuestionado recientemente tres elecciones, a saber: 1) la mal llamada asamblea constituyente 2) la reelección del usurpador y 3) la asamblea de diciembre de 2019.

El CNE recién designado, es sin duda un organismo de rango constitucional, el Poder Electoral, que a diferencia del Poder Legislativo y el Ejecutivo sus integrantes no son designados por el pueblo soberano, sino por el Poder Legislativo. Esto también ocurre con el TSJ, cúspide del poder judicial y con el llamado poder ciudadano que lo conforman la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría; y esta “llamémosla elección de segundo grado” en nada demerita la condición o el carácter de poder constitucional que acompaña al CNE, al TSJ, ni a las funciones de Defensor, Fiscal y Contralor.

El TSJ actual, de elección de segundo grado, fue objeto también de designaciones, por parte de la Asamblea Legislativa que concluyó su período al ser electos en diciembre de 2015 los diputados que debían, siguiendo los procedimientos establecidos en la constitución, iniciar el proceso para la designación de los nuevos magistrados. Esa designación de magistrados del TSJ era muy importante para poder declarar a la nueva Asamblea en desacato; y asumir esos magistrados ilegalmente nombrados las funciones del Poder Legislativo.  El paso importante en el restablecimiento de la institucionalidad que constata el declarante es lo que me ha traído confusión, porque esa designación proviene del poder legislativo que es uno de los órganos cuestionado por la oposición, la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2019, de donde se desprende que el “restablecimiento de la institucionalidad” para el declarante, es algo de carácter cosmético.

Pero no es así, estoy equivocado. Para el declarante lo cosmético parece ser más bien la “INSTITUCIONALIDAD” porque ahora recuerdo que nuestro actor político “compitió” con el usurpador en su proyecto de reelección rechazada por la oposición y culpó de su derrota a “la oposición” que no supo acompañarlo, porque él para triunfar no necesitaba ni siquiera de dos miembros en el CNE. Yo imagino que puede tener razón y que yo me equivoque. Sin embargo, de lo que estoy cierto es de que si nuestro actor hubiese derrotado al usurpador, bien pronto le habría sido dado a la República, como le ha sido dado en varios estados y hasta en algunas municipalidades, “un protector” que desde luego no lo contempla la constitución, pero puede considerarse necesario para preservar “la revolución pacífica pero armada”.

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