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¡Basta ya! Hasta cuándo – Primera parte

A partir de ciertos hechos que están siendo investigados por la Justicia y que dicen relación con presuntas irregularidades cometidas por autoridades al interior de nuestra Institución -lo que me parece justo y necesario- se ha desencadenado una ola de falsas acusaciones o de juicios a través de diversos medios de comunicación o de sectores políticos interesados para atacar en forma despiadada al ejército de Chile. Quienes así actúan, además de intentar socavar el prestigio de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, están no solo hipotecando el futuro de éstas, sino el de nuestra nación. No se escuchan las voces como las de antaño que demandaron nuestra intervención, incluso a través de las armas, como lo expresara el ex presidente Eduardo Frei Montalva, “esto se arregla con fusiles” y un mayoritario sector de la población, especialmente aquella que decía ser de derecha, cuando constataban que estaban siendo despojados de sus bienes por el nefasto gobierno de la Unidad Popular y se estrangulaba la democracia.

Súmese a lo anterior la sucesión de medidas que afectarán considerablemente el devenir profesional de las instituciones, su disciplina, el respeto y respaldo de la ciudadanía. Quien iba a pensar que bajo este gobierno,  presuntamente de derecha, después de 61 año de vigencia de la Ley Reservada Cobre, aplicada indistintamente por los sucesivos gobiernos de diferente  orientación política, lo que había permitido a nuestras Fuerzas Armadas desarrollarse y equiparse adecuadamente para cumplir la misión asignada por nuestra constitución política, alcanzado un poder de disuasión efectivo que, ha dado garantías para la defensa de la patria y para la seguridad nacional, como lo fueron las crisis a que nos vimos enfrentados en décadas pasadas, se haya puesto a su término y reemplazado por un sistema que no da ninguna seguridad de que será respetado, por cuanto al primer desastre natural, de los que ocurren periódicamente en nuestro querido Chile, no faltarán las voces para echar mano a dichos recursos. “No hay justificación para que, en un sistema democrático, las FF.AA. se financien con las ventas del cobre… y lo que ha hecho el presidente Piñera es establecer un mecanismo que sea 100 por ciento democrático”. En esos términos se ha ufanado el señor ministro de la Defensa Nacional. El ayer diputado y luego senador de la república, asiduo visitante de La Moneda durante el gobierno del presidente Pinochet y posteriormente de la calle Moneda 52, gran defensor de las Fuerzas Armadas, hoy como ministro de la cartera de Defensa, ha contribuido con sus desacertadas medidas no solo a afectar el profesionalismo, disciplina y la jerarquía de ellas, sino que se ha sumado con declaraciones desafortunadas y no pocas veces criteriosas, a voces ideologizadas que privilegian el poder y el color político antes que el bienestar de la nación.

Pero si el término de la ley reservada del cobre, acarreará serios perjuicios a nuestras instituciones, de materializarse la limitación de los oficiales que egresan de las escuelas matrices por consideraciones de orden económico y la disminución de nuevos efectivos, es no entender nada de la defensa y seguridad nacional. Súmese a lo anterior otro concepto muy en boga a que han recurrido con orgullosa persistencia, copiado al parecer del mundo empresarial, en que los adelantos tecnológicos están orientando a lograr la amplitud y flexibilidad de funciones y tareas de los trabajadores acordes a los objetivos de cada empresa, pero con un criterio absolutamente distinto.

El concepto de polivalencia aplicado en las Fuerzas Armadas, atenta seriamente contra su profesionalismo y especialización, al haber sido considerado en tareas de apoyo para combatir el narco tráfico en nuestras fronteras, cumplir tareas de bomberos y acciones de salud -por el momento- el día menos pensado,  como se intentó en un lejano pasado, ante la huelga de los basureros se pretendió que se cumpliera dicha labor, o como ya lo han propuesto algunos iluminados para combatir el crimen organizado en las poblaciones. Tareas todas que tienden a desnaturalizarlas del papel asignado en nuestra Constitución Política.

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