¡Basta ya! Hasta cuándo – Segunda parte
En esta sucesión de acusaciones y actitudes que demuestran claramente la predisposición para atacarla, lo que prácticamente se está constituyendo en una nefasta moda, está la reciente denuncia hecha por el diputado presidente de la Comisión de Defensa Jorge Brito (R.D.) en el sentido que el ejército “está mermando el patrimonio del Estado con fines particulares y privados” lo que debe merecer la condena trasversal”, al cuestionar indebidamente o por ignorancia, las facultades que otorga la ley N°18.712 a las fuerzas armadas que en su Art. 2° crea un patrimonio de afectación fiscal, formado por una serie de bienes y recursos que la norma establece claramente y que tienen por objeto permitir a los servicios de Bienestar Social de éstas, satisfacer las prestaciones que tiendan a promover una adecuada calidad de vida que contribuya a su bienestar y al de sus familias, otorgando a tales servicios la facultad de actuar como personas jurídicas y facultándolos para adquirir bienes muebles, inmuebles, productos o servicios, pudiendo para tal efecto celebrar contratos de compraventa, de arrendamiento y de mutuo; contratos de trabajo, de concesión, de adquisición de bonos y de ahorro y préstamo; además de otras importantes facultades de orden administrativo y económico.
El ejército ha actuado estrictamente de acuerdo a esa ley, lo que fuere claramente explicado por el general Osvaldo Vallejo, comandante de Bienestar del Ejército en el reportaje hecho por el canal Megavisión, crónica abiertamente mal intencionada, lo que refleja la línea editorial de dicho medio de comunicación, al crear una imagen distorsionada, a través de sus periodistas estrellas Soledad Onetto y José Luis Repenning, presentando a la “institución encargada de la seguridad del país pero en el ojo de los más críticos aparece como inmobiliaria”, minimizando así el papel que le asigna nuestra constitución en aras de un objetivo abiertamente nefasto, y enfatizando el ingreso de $400 mil millones de pesos con un comentario del señor Repenning que no venía al caso: ¡qué me dice Ud.!.” El reportero lo presenta como un “manto de opacidad” y en busca de una confirmación, intentan confundir a la opinión pública, buscando el jardín infantil Lucía Hiriart; el diputado Brito habla de “un desorden, los militares se dedican a ser militares no hay esta mescolanza de asuntos y que no hay justificación para que no existan los controles adecuados”, lo que es inexacto, por cuanto no están ajenos a los controles internos y a los de la Contraloría General de la República; dice que él no sabe donde se van los recursos, afirmando que no hay transparencia, insinuando incluso la posibilidad de “arreglines”. Llama la atención que este diputado como miembro de dicha comisión no haya objetado la asignación de tareas a las fuerzas armadas que no se condicen con su misión; y en el celo del uso de los recursos del Estado, guarde silencio con la cuenta bruja de mil millones de pesos no informada por el Congreso, amén de otras irregularidades, como los propios arreglines conocidos por la opinión pública al interior dicha entidad.
Parafraseando a un ex canciller chileno cuando hacía mención a la confabulación de Perú, Bolivia y Argentina contra Chile, en la víspera de la guerra del Pacífico “parece que todos los buitres se han dado la voz para amenazarnos con su graznido”, igualmente en este caso se han dado la voz para atacarnos. Entre estas voces, hay algunas que emporcan su propio nido como la del mayor (R) abogado, egresado de la Universidad Bernardo O “Higgins, litigante en varias causas en que se involucra al ejército, en que considera ciertas transacciones derechamente irregulares. Al respecto, incluso en caso de que eventualmente existieran, por una cuestión de ética, lealtad y agradecimiento debería marginarse, así por lo menos pensamos quienes fuimos formados hace más de sesena años en nuestra institución. Agréguese a las anteriores, la del ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, (UDI) quien afirma que hay cuestionamientos a la ley y sería momento de revisarla y que es posible que existan abusos y que él no los descarta; Manuel Henríquez, investigador del Observatorio del Gasto Fiscal y Alberto Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente, no se quedan al margen, para emitir juicios de intencionalidad y de irregularidades, no obstante carecer de comprobación alguna.
El último en subirse a esta bandada en el reportaje fue Patricio Herman, director de la Fundación Defendamos la Ciudad, acusa que ya pasó la vieja, no solo de abusos sino de ilegalidades, de un despelote y de un desorden generalizado, pero sin entregar argumentos que lo respalden.
Mi posición al respecto es clara: Investigar, determinar si hay hechos que han trasgredido la ley, sancionar si hay responsables, corregir lo que haya que corregir y finalmente, cambiar la ley; pero esto último obviamente generará muchísimos más recursos en el presupuesto de la Defensa Nacional, los que difícilmente se entregarán o lo harán en forma tardía, con lo cual se atentará contra todos los beneficios y propósitos que persigue la norma, con daño ostensible hacia las instituciones y el personal de las Fuerzas Armadas y sus familias. Y nosotros sabemos que, en momentos de crisis institucionales, especialmente cuando afectan al bienestar de los hombres de armas y sus familiares, surgen los líderes. La historia de Chile ha recogido varias de estas ocasiones: Carlos Ibáñez del Campo; el “ariostazo”; el “tacnazo; el “tanquetazo”; preámbulo 11 de septiembre, por nombrar algunas. ¿Es esto lo que se persigue?
¡Señores políticos, cuidemos la democracia!
