Caer en la nada
Antonio José Monagas
Cualquier inferencia de la economía venezolana actual, tanto como de lo que ha pretendido recalcarse como “justicia”, procesos estos que mejor se corresponden con las ejecutorias de un poder judicial desquiciado por el afán de empoderarse de la nación toda desde la confusión, la usurpación y la represión, termina por confirmar que el propio Ejecutivo Nacional es dueño de la crisis y de la nada que paradójicamente caracteriza al país en todas sus manifestaciones. Indistintamente del alcance y dimensión.
Desde el mismo centro del poder nacional, acantonado en el encogido Palacio de Miraflores, se maquinan conspiraciones contra la Constitución de la Republica, se instiga a la insurrección como vedada excusa para evadir responsabilidades de gobierno soberano y autónomo, lo cual pone al descubierto actos de flagrancia asociados a lo que en esencia son hechos de solapada traición a la patria.
Todo sucede como parte de un estrepitoso concierto para delinquir amparado por la impunidad de la cual se vale el más descarado rufián para cometer fechorías de todo calibre. Lo que factura el poder central, se halla íntimamente asociado con oscuros intereses que están permanentemente apostando a trabajar en confabulación con decisiones aceleradas por la usurpación de funciones que el régimen requiere para adelantar su proyecto de anonadamiento de la institucionalidad democrática. Y al mismo tiempo, asistido siempre por un odio continuado que apalanca decisiones de pesado y vil tenor.
Tal es el grado de aturdimiento que tiene afectado al régimen socialista-bolivariano, que se maneja con base en consideraciones jurídicas y políticas absurdamente opuestas entre sí. La sola presunción de vociferar determinaciones que desdicen del conocimiento que en dicha materia debe manejar quien se arroga facultades ejecutivas para ordenar la dinámica sociopolítica y socioeconómica del país, ponen en ridículo a quien las profiere. Cualquiera sea el cargo público desde donde sean pronunciadas.
Ahora está planteándose, desde el ámbito de un régimen o sistema de gobierno presidencialista, más no parlamentario, la bufonada de adelantar elecciones legislativas como si tan errada decisión pudiera ser enarbolada como asunto distintivo del Poder Ejecutivo. Crasa equivocación. ¡Otro absurdo más! ¡Otra fantochada más!
Ni siquiera tratándose de la dictadura envuelta en translúcido papel de color democrático, con la cual busca enrollarse a Venezuela. Pero con el látigo de la represión facultada por un Poder Judicial impropio. Peor aún, tan pública incongruencia, desconoce que el período de funcionamiento para el cual se habilitó el tiempo legislativo en diciembre de 2015, no puede resquebrajarse bajo ninguna circunstancia. El período legislativo concluye en enero de 2021 según mandato del electorado venezolano.
Ni siquiera el artículo 240 constitucional, es suficiente para desarreglar la Asamblea Nacional pues no hay falta cometida que justifique el desmembramiento de la misma por parte de un Presidente constitucional, de haberlo. Habida cuenta, el actual no llenó los requisitos constitucional que lo habrían instituido en el cargo de Jefe de Estado y de Gobierno en Mayo de 2018, lo que hace menos válida cualquier argumentación que avale tan insolente resolución recién expuesta públicamente.
De manera que frente a tanta patraña, es jurídica y políticamente inadmisible, además de absoluta nulidad, que por meras necedades de personeros del régimen, desesperados ante lo que está por venir en el contexto de una Venezuela arruinada y oprimida por la bota militarista de un generalato corrupto, deshonesto y pusilánime, el país vuelva a dejar sumirse en el marasmo que en lo que va de siglo XXI y con mayor arrecio estos últimos años, le ha inhibido e impedido el disfrute de libertades fundamentales y derechos sustantivos de toda condición. Y el país político, luego de estar comiendo las migajas del socialismo rastrero, no va a permitir verse arrastrado a caer en la nada.
