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Camino a La Haya

La dictadura venezolana de Nicolás Maduro enfrenta ahora un desafío mayor: la ONU y la OEA adelantan una investigación internacional sobre acciones contra disidentes políticos que configurarían crímenes de lesa humanidad, previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Días atrás, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, había declarado que “es fundamental tener una Venezuela Democrática donde se respeten los derechos humanos”. Y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, consideraba que existían evidencias de sistemáticas violaciones de derechos humanos que podrían tipificarse como tales crímenes de lesa humanidad.

Se ha pasado de lo declarativo a la acción concreta.

El lunes 11 de este mes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) que “mi investigación sugiere la posibilidad de que se puedan haber cometido crímenes contra la humanidad”; señaló que hay el peligro de que las tensiones se intensifiquen “al machacar el gobierno instituciones democráticas y voces críticas, incluso mediante procesos penales contra líderes opositores, el recurso a detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y el maltrato de detenidos, que en algunos casos equivale a tortura”; y exigió que debía pensarse en la “necesidad de excluir del organismo a países implicados en las más atroces violaciones de derechos humanos”, en clara alusión al gobierno venezolano que es uno de los 47 miembros del CDH.

La OEA, por su parte, ha programado audiencias para verificar si el gobierno de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y estará a cargo de las sesiones el ex primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Hoy jueves 14 de septiembre se realizará la primera audiencia con representantes de la sociedad civil, y la segunda mañana viernes con ex militares venezolanos que se referirán a las “órdenes recibidas y cadenas de mando” que se utilizaban en el cometido de los delitos. Habrá otras audiencias en las que participarán jueces y fiscales venezolanos. Antes del 30 de octubre, un panel de expertos evaluará la información de la investigación y de las audiencias y determinará si hay mérito para que los resultados del proceso sean elevados a la Corte Penal Internacional de La Haya, organismo creado por el Estatuto de Roma de 1998, que luego Venezuela aprobó por Ley de fecha 13 de diciembre de 2000.

Se ha abierto el camino a La Haya.

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