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¿Carlos Gaviria Díaz, jurista de la modernidad?

Carlos Gaviria Díaz pasará a la historia como el jurista colombiano que trató de sacar adelante, con gran audacia intelectual, una tesis en particular que hoy puede ser vista como caduca y alejada de las exigencias más altas del derecho penal contemporáneo.

Para el ex presidente de la Corte Constitucional colombiana, fallecido en Bogotá el pasado 31 de marzo a los 77 años de edad, las atrocidades de las guerrillas del país no eran más que «delitos políticos» para las cuales había que evitar, según él, la «punición extrema». Gaviria era de aquellos operadores judiciales que sostenían que las acciones criminales y terroristas cometidas por esas bandas ilegales no debían ser vistas como tales sino que debían ser asimiladas o valoradas como  «actos cometidos en combate por rebeldes», que obraban por «motivos altruistas» y que, en consecuencia, podían ser «penalizadas benévolamente», es decir acudiendo a los beneficios de la amnistía o del indulto, o a penas reales pero ultra reducidas o simbólicas.

Esa tesis tan controvertible y, de hecho, tan controvertida, fue vertida con gran elocuencia por Carlos Gaviria Díaz en su famoso salvamento de voto C-456 de 1997. Allí el magistrado antioqueño, quien se desempeñó también, tras salir del poder judicial, como activista y líder político de extrema izquierda, trató de transmutar los actos violentos de las guerrillas colombianas en simples delitos de rebelión y buscó, en vano, equipararlos a los «actos de guerra de los soldados en las confrontaciones interestatales», los cuales generan completa impunidad.

Cuesta mucho entrar en disonancia con la cascada de alabanzas que pronuncian  en esos momentos los admiradores de Carlos Gaviria Díaz. Clara López ha dicho, por ejemplo, que Gaviria era «el sabio mayor del Polo Democrático». No le falta razón. El fue sin duda el pensador más obstinado de esa corriente política. Lo que no garantiza que, de por sí, sus ideas jurídicas hayan sido correctas. Por eso una cierta forma de valoración crítica de los esfuerzos del jurista y del líder político marxista que fue Carlos Gaviria Díaz debería ser aceptada o, por lo menos, tolerada, como algo legítimo y hasta indispensable, máxime si sabemos que, precisamente, el debate y la controversia intelectual fue siempre algo apreciado por Carlos Gaviria Díaz.

La tesis del ex magistrado acerca del «crimen altruista» era un error y lo sigue siendo, aunque inspira todavía a los jefes de las Farc que pretenden obtener, mediante sus contactos con el presidente Santos en La Habana, la más completa impunidad para sus crímenes y fechorías. Contra ese criterio se levanta el país todo. Quienes defienden realmente el orden jurídico y los derechos humanos en Colombia aducen, con razón, que la justicia internacional prohíbe la amnistía o el indulto para los crímenes de agresión, de guerra y de lesa humanidad y les otorga el carácter de delitos imprescriptibles.

La idea que Carlos Gaviria impulsaba sobre del delito político como algo disculpable y de «hondas raíces liberales», quedó plasmada también en una agitada discusión que él sostuvo en un estudio de televisión el 28 de octubre de 2007 con Luis Carlos Restrepo,  alto comisionado para la paz. En calidad de jefe del partido Polo Democrático (comunista), Gaviria lanzó que «el delincuente político ni siquiera es delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, y si hubiera ganado no sería delincuente sino gobernante». A lo que Restrepo repuso que bajo ninguna circunstancia se justifica el asesinato aunque éste pretenda ampararse en la noción de delito político. «Esa teoría llevó al siglo XX a la hecatombe y al genocidio. Si el siglo XX es el más violento en la historia de la humanidad es, precisamente, por esa fisura que se abrió desde el siglo XIX justificando el asesinato como instrumento político», remató Restrepo.

A la salida del debate, el ex senador increpó a Restrepo y lanzó, ante la prensa,  la frase que se hizo tristemente célebre: «Una cosa es matar para enriquecerse y otra cosa es matar para que la gente viva mejor». Por fortuna, tal idea había sido rechazada por la Corte Constitucional al determinar que el homicidio no es conexo con el delito político. Gaviria no logró imponer su criterio. Ese crucial episodio es, empero, deliberadamente omitido por la prensa, la cual se empeña en dar una imagen apologética del ex magistrado.

La tesis de Carlos Gaviria –que bloquea de hecho toda reparación a las víctimas de la violencia – es inactual. Ninguna formación política democrática que se piense moderna sostiene tal teoría. Dejar impunes los crímenes farianos equivale a retrotraer la juridicidad colombiana a épocas de bárbaras naciones y asestar una derrota terrible a la sociedad y a la institucionalidad colombiana.

Así como los crímenes nazis fueron castigados, primero con la derrota del Tercer Reich y con el proceso de Núremberg y, más recientemente, con el derrumbe del sistema soviético, los crímenes farianos serán  castigados lo quieran o no los teóricos del retrógrado «crimen altruista» y los negociadores de La Habana.

Otro punto que fue reprochado a Carlos Gaviria Díaz es su alejamiento de la doctrina de la vida humana como bien integral. Ello se reflejó en su afán por imponer, con éxito relativo, en la Corte Constitucional, la despenalización de la eutanasia «para los enfermos terminales». Esa reforma falsamente «moderna» no ha creado unanimidad ni en las sociedades que la han adoptado ni en las comunidades científicas. Ese tipo de muerte altera la ética médica, agrava la relación médico-paciente y paciente-familia y es equívoca al no ser pedida por una persona libre sino por alguien alterado emocionalmente.

Igual indiferencia mostró el ex candidato presidencial en el debate sobre la despenalización del consumo de drogas alucinógenas (la nefasta «dosis personal»), medida que favoreció la proliferación de dantescas «ollas» de microtráfico en centros educativos urbanos. El argumento de Gaviria de que tal medida favorece  el «libre desarrollo de la personalidad» no puede ser tomado sino como un acceso de ceguera o de indolencia ante el sufrimiento de las personas, muchas jóvenes, que caen en esa dependencia.

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