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Cartas marcadas

“Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó”. Antonio Aguilar

Con una misiva ridícula pero muy sonora, Cristina Fernández intentó inútilmente despegarse de los innumerables fracasos que ha cosechado, en todos los campos, el más doliente viudo de su marido. Es, precisamente, aquél a quien ella, con un pase de magia que muchos calificaron en su momento como genial, designó por Twitter como Presidente, mientras se reservaba todo el poder. Esa tan despreciable como habitual actitud de la PresidenteVice fue ratificada con su conspicua ausencia –y la de su hijo- en el acto de entronización de la estatua de Néstor Kirchner en el vestíbulo del centro cultural que lleva, impropiamente por cierto, su nombre.

El real afectado, acusado de tener un gabinete que no funciona, no tuvo más remedio que apechugar el desaire y tergiversarlo de imaginario apoyo. Aunque muchos de los ministros han sido puestos allí por la Vice, lo real es que son una caterva de torpes e inoperantes, comenzando por el propio Martín Guzmán quien, para intentar frenar el incendio devastador que la cuarentena infinita está provocando en los ya secos pastizales de la economía, sumado a la falta de confianza en la moneda nacional, no se le ha ocurrido mejor idea que emitir bonos en pesos, pero atados al dólar oficial (cuya corrección es necesariamente inminente), que pagarán 15% de interés anual cuando en el mundo la tasa se parece a 0%.

Tanto se ha escrito sobre el tema de la carta marcada de esta tahúr que no amerita dedicarle mucho más espacio, salvo para referirse al curioso pedido -¿otra orden?- a Alberto Fernández para que convoque a un gran acuerdo nacional a todas las fuerzas empresariales, sindicales, sociales y, llamativamente, los medios concentrados. Con cualquier otra firma, la esquela hubiera debido ser aplaudida sin dudar, pero quien ahora pide tal concertación es la misma persona que tanto ha profundizado la grieta que divide a la sociedad argentina, y que tanto ha perseguido al capital y a la libertad de prensa. ¿Estará buscando que, a cambio, se le ofrezca la impunidad que sus sicarios no consiguen obtener en tribunales?

Sin cejar en su batalla contra la Justicia y en su objetivo último de modificar la composición de la Corte Suprema, los soldaditos de Cristina continúan avanzando contra el Procurador General interino, Eduardo Casal, en el Congreso y en la Comisión Bicameral del Ministerio Fiscal. Hasta ahora, el kirchnerismo dice pretender que se designe al actual Juez federal, Daniel Rafecas, para ocupar el cargo; pero muchos sospechamos que, en realidad, están reeditando el proceso que, después del público rechazo a la candidatura del impresentable Daniel Reposo, Cristina Fernández logró su verdadero objetivo: designar a la militante Alejandra “Giles” Carbó con amplio consenso de la oposición.

Quien dice creer que así sería es Elisa Lilita Carrió, que se desmarcó de Juntos por el Cambio y propuso apoyar la candidatura del cuestionado Juez, a quien ella misma denunciara ante el Consejo de la Magistratura por haber desestimado, in limine, la denuncia del asesinado Fiscal Alberto Nisman contra la actual dueña de la Argentina por el pacto con Irán; como tantas otras veces, salió a demoler una construcción política a cuya construcción tanto contribuyó, pero ahora parece haber caído en el delirio.

Mientras la Corte Suprema continúa discutiendo interminablemente el fallo que deberá decidir la suerte de los tres jueces desplazados por el Senado a pedido de Cristina Fernández, la Justicia finalmente se puso las botas en dos casos peligrosos; por supuesto, me refiero a los desalojos ordenados en las tomas de Guernica y Santa Elena, en Entre Ríos. En ambas, tanto como en las invasiones de los “maputruches” (¡gracias, Jorge Lanata!) en la región de los lagos del sur, quedó al desnudo el auspicio oficial y la participación de altos funcionarios nacionales en los ilícitos; sin embargo, los magistrados asumieron el rol que la Constitución les impone y actuaron con coraje cívico, una virtud que parece faltar en algunos de los supremos.

El otro frente de combate es la Cámara Nacional Electoral, para integrar la cual el oficialismo está cerca de designar al Juez federal Daniel Bejas; este magistrado es un lacayo de Juan Luis Manzur, el Gobernador de Tucumán, pero además fue el eterno abogado de José Alperovich, el actual Senador, de licencia por las denuncias de abuso sexual contra su sobrina. Para elegir a Bejas, quien dice ser el Presidente de la Nación lo privilegió sobre Alejandra Lazzaro quien, además de haber obtenido un mejor puntaje en el concurso, hubiera debido ser escogida por ser mujer para respetar la paridad de género que tanto proclama y promueve Alberto Fernández. Una vez más, los principios enunciados ceden ante las necesidades del oficialismo probando que el Presidente es un groucho-marxista de la primera hora.

El domingo 8 de noviembre volveremos a salir a la calle para reclamar por la libertad y la República, por el respeto a la Constitución, la división de poderes, el respeto a la propiedad privada y la garantía de la seguridad ciudadana, y a exigir un justo castigo para la escandalosa corrupción de la asociación ilícita que organizara Néstor Kirchner y que encabeza Cristina Fernández, rodeada de hijos, testaferros y cómplices de toda índole incluyendo, sin duda, a los más connotados empresarios del país. 

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