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Chile, Bolivia, La Haya y la decisión de Bachelet

El 15 de julio la Presidenta Michelle Bachelet decidió objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso de la demanda de Bolivia.

Fue una decisión apoyada por su canciller, Heraldo Muñoz, y a contramano de su equipo técnico, que prefería presentar las excepciones junto con la contramemoria, para que se definieran en 4 o 5 años. El día del fallo final. Para los suspicaces, esto tenía una gota de astucia: la Presidenta no tendría que pagar una eventual factura, pues ya no estaría en La Moneda.

La decisión de Bachelet fue encomiablemente política. En vez de escabullirse por un resquicio del tiempo, asumió que la opción en diferido ampliaba el espacio de acción de Evo Morales, le regalaba un punto de prensa global por largos años y, de paso, favorecía su larga marcha hacia una presidencia vitalicia. Tal vez por lo mismo, ella retuvo la designación de un juez ad hoc ante la CIJ. Debió intuir que era incompatible rechazar la competencia del tribunal y, en paralelo, designar un juez de confianza que lo integrara.

La Presidenta interpretó, así, a la inmensa mayoría, que estaba por una señal inmediata. De paso, rectificó comportamientos anteriores, aceptando que en temas de política exterior la rapidez de reacción también vale.

Preguntas molestosas

El mensaje a la nación y al mundo fue que el dilema de Chile no era de tipo procesal -el cómo y cuándo presentar las excepciones-, sino de tipo estratégico: aceptar con resignación o rechazar con claridad la intervención indebida del tribunal de la ONU. Pero, como no existen soluciones fáciles para problemas complejos, surgen de inmediato cuatro preguntas molestosas. La primera alude al Perú, en cuanto presunto implicado: ¿Se está aprovechando esta etapa para tratar de evitar que apoye políticamente a Bolivia o que se neutralice «a la ecuatoriana»?

Respuesta: no hay señal visible de que se haya procesado el enigmático y coloquial consejo de Alan García «no le den bola a la demanda boliviana». Más bien, hay señales de que estamos privilegiando el debate jurídico con Ollanta Humala por el «triángulo terrestre». En Bolivia, al contrario, están muy alertas y a eso obedece, en parte, el que no mencionen territorios concretos en su demanda. Saben que, si aluden a Arica u otro espacio ex peruano, Humala podría intervenir.

Segunda pregunta: ¿cuán autosustentable es la decisión del 15 de julio?

La respuesta es que las excepciones preliminares no matan la intromisión de la CIJ. Sólo la someten a un trámite previo, pues los jueces pueden aceptarlas o rechazarlas. Y no sólo eso. Como tienen la sartén por el mango, también pueden determinar que no tienen un carácter exclusivamente preliminar. En tal caso, el procedimiento normal se reanuda y las excepciones se mezclan con los temas de fondo, para resolverlas en el fallo final. Nuestro arduo debate procesal, en tal caso, habría sido perfectamente inútil.

De aquí nace la tercera pregunta: ¿Pudo dar Chile una señal más categórica de su repudio a la intromisión? Respuesta: Sí. Pudo abandonar la vía procesal, para no legitimar la incompetencia de los jueces con la comparecencia propia y poner distancia con un eventual mal fallo.

Para sorpresa de algunos expertos, esta posibilidad es tan vieja como la CIJ. Consta en el propio Estatuto del tribunal, artículo 53. Un folleto de su panoplia, publicado en 1976 y distribuido por la ONU, lo explica así: «El Estatuto prevé el caso de que el demandado no comparezca ante la Corte, ya sea porque rechaza de plano su competencia o por cualquier otra razón». Agrega que esto puede hacerse «en ciertas fases de los asuntos» o «durante todo el asunto».

La cuarta pregunta merece párrafo aparte: ¿Por qué la excepción definitiva del artículo 53 no ha sido considerada durante todos los años que Chile lleva soportando demandas?

Diplomacia y judicialización

Sucede que no hay respuesta aceptable. En vez de un informe en derecho, algunos han producido opiniones del tipo «Chile renunciaría a defenderse»… como si la única defensa posible fuera allanarse a la intervención de jueces incompetentes. Otros han dicho que «Chile se autocolocaría en rebeldía». Curiosa rebeldía que no se declara judicialmente, para un recurso que tiene base estatutaria. También hay respuestas de vaguedad superlativa. El Mercurio del 6 de julio las consignó como provenientes de expertos anónimos, que «rechazan esta posibilidad, al considerar que el país no tiene la influencia suficiente para hacerlo y la predilección de esta conformación de la CIJ por revisar el fondo de los casos».

Topamos, así, con un fenómeno que está en la base de nuestras penurias: la subrogación de nuestra diplomacia-diplomacia por la iusdiplomacia. Tras la compleja negociación con Argentina por el caso Beagle -paradójicamente conducida por el oficial militar Ernesto Videla- nuestros últimos y calificados negociadores diplomáticos desaparecieron o se dedicaron a los telecés. Tras pasar por el arbitraje -con malos resultados-, esa ausencia nos dejó estacionados en la judicialización y nos hizo olvidar el tratamiento de «las tres D». Una dinámica clásica, que se inicia con la razón del Derecho, sigue con la de la Diplomacia y tiene como seguro la de la Disuasión.

Eso no es todo. El conflicto con el Perú «doctrinarizó» esa conducta, homologando la negociación con «la debilidad», mediante una tesis informal de apariencia patriótica. Según ella, cuando las fronteras se encuentran definidas por tratados, no cabe aceptar negociación diplomática. Con esto no sólo se descalificaba a los extranjeros que negociaron temas de soberanía con Chile, sino a los propios negociadores chilenos del pasado.

Esta asombrosa excepcionalidad chilensis es vista con curiosidad por los estudiosos extranjeros. El holandés Gerard van der Ree, en un texto de 2010, observó que la identidad legalista de Chile ha brindado a Perú y Bolivia una vía nueva para sus reclamaciones. En vez de infructuosas insistencias en la naturaleza política y bilateral de los conflictos, «ambos han optado por seguir una estrategia legalista (…) Haciendo uso de las instituciones internacionales, presentando su tema como un asunto legal y no un problema político, ellos intentarían derrotar a Chile en su propio juego».

¿Negociación o judicialización?  Crisis y oportunidad

Desestimar la negociación diplomática sería útil, si Chile tuviera protagonismo en la CIJ y un potente equipo de abogados internacionalistas litigantes. No es el caso. Asumiendo la realidad, Hernán Felipe Errázuriz, presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, está impulsando una agencia jurídica permanente que coordine actividades con la Cancillería, para mitigar «la falta de expertos nacionales en litigios internacionales y la ausencia de jueces chilenos en las cortes internacionales».

En el trasfondo subyace nuestro verificado despiste ante la CIJ. A la hora de la verdad, sus jueces no eran aplicantes pasivos del derecho, ante quienes la política debía caminar en puntillas. Eran jueces de nuestro tiempo, informados de todo lo que cabe, con la misión autoasignada de desfacer los entuertos de los gobiernos y subrogarlos como negociadores. Incluso podían crear derecho, si era necesario. Por lo señalado, los diplomáticos chilenos deben recuperar su rol tradicional, pues están bajo amenaza de regresión. No son culpables por acción, pues saben que la diplomacia está en otra parte y que son víctimas de una historia que les cortó el vuelo hacia una profesionalización plena. Pero sí son culpables por omisión: haber submarineado durante demasiado tiempo, sin plantearse ante el liderazgo político nacional con un alegato más estratégico y menos corporativo. Es decir, por no haber explicado, con fuerza, lo que está costando a Chile no tener una Cancillería institucionalmente gravitante, como en Brasil y en Perú.

(LaSegunda.com)

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Un comentario

  1. Después de leer este cinico artículo en el cual se llega hasta decir que «Chile no tiene jueces en las cortes internacionales» me imagino, para cobrar y darse el vuelto, sólo queda decir con mucha firmeza que Bolivia ha tenido, tiene y tendrá derecho a reclamar su salida al mar y sus territorios perdidos en una guerra injusta y depredadora ante la fuerzas chilenas con apoyo inglés. Viva la reclamacion de Bolivia

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