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Choque de Poderes en medio del caos

Nunca en nuestra historia republicana habíamos sufrido una crisis económica y social como la que hoy padecemos. En reciente publicación de La Patilla se menciona que de acuerdo con fuentes vinculadas al BCV el PIB experimentó una caída del 23% y la inflación alcanzó a un 838%. Para entender la gravedad de tal situación, valdría recordar que durante los 5 años que duró la II Guerra Mundial el PIB del Reino Unido, en medio de continuos bombardeos alemanes,  cayó en cerca del 20%. Esas cifras hablan de una situación catastrófica. Superan con mucho las estimaciones del FMI que hablaban de una caída del 10% del PIB y una inflación del 720%. «¡La economía peor administrada del mundo!» concluye la revista The Economist. Cualquiera que sea  el caso, la realidad es devastadora e inevitablemente acarreará consecuencias políticas.
Esa es la situación imperante en momentos en que en el país estalla un conflicto entre Poderes. La Asamblea Nacional declara el «abandono del cargo» que es una de las causales establecidas en el Art. 233 de la Constitución  y le atribuye a la Asamblea la facultad para declarar la «falta absoluta» del presidente y en consecuencia exigir la convocatoria de elecciones. Se refiere por supuesto el Parlamento al abandono de funciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en la Carta Magna.
Por su parte el TSJ -muchos de cuyos magistrados habían sido designados apresuradamente después del 6D sin cumplir con plazos, requisitos y exigencias de la ley- declaró en «desacato» a la AN por no haber desincorporado a los tres diputados de Amazonas. Sin embargo, la Sala Electoral del TSJ, que había alegado un fraude en la elección de esos tres diputados -que ya habían sido proclamados-, no cumplió con su obligación de decidir ni de convocar elecciones para sustituirlos. A su vez el CNE tampoco cumplió con su obligación de convocar el Referendo Revocatorio amparándose en una decisión del TSJ que se basó en la de unos Tribunales Penales sin jurisdicción. Tampoco convocó el CNE las elecciones para gobernadores. De paso  el TSJ, pasando por encima de la Asamblea, renovó a las rectoras del CNE que tenían el período vencido.
Como si fuera poco el TSJ aprobó el Presupuesto Nacional, atribución que la Constitución le atribuye de manera exclusiva y excluyente a la Asamblea Nacional. Para colmo el presidente ha decidido que va a presentar su informe Anual y Cuenta ante el TSJ en lugar de hacerlo ante el Parlamento como prescribe la Carta Magna.  Y como si fuera poco nos encontramos con numerosos casos de cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo que en la práctica se declaran en rebeldía al negarse a poner en libertad a ciudadanos cuya excarcelación ha sido decidida por los Tribunales. Todo lo anterior (y mucho más) conforma el cuadro de ilegitimidad en el cual hemos caído. El juego está trancado.
Por donde quiera que se lo vea, en Venezuela ha estallado un caos institucional en el cual un régimen que ya no cuenta con apoyo popular, se aferra al poder pasando por encima de la Constitución y recurriendo a todo tipo de arbitrariedades e intimidaciones apoyado en el  argumento de la fuerza. Cualquier parecido con una democracia ya no pasa de ser mera coincidencia. Y mientras todo esto ocurre, la comunidad internacional, atónita, observa como un país, que había sido ejemplo de democracia y progreso en la América Latina, va siendo aceleradamente destruido por un régimen que se ha divorciado de todos los cánones que rigen el sistema democrático.
Ante una situación tan desesperada, pareciera que la única salida que le queda al país -si no quiere verse arrastrado por una senda de violencia- es recurrir a la soberanía popular. Que el pueblo destranque el juego. El pueblo es el soberano, no el gobierno. Venezuela -reza la Constitución- es un Estado Democrático, de Derecho y de Justicia. Pero ya no impera ni  la democracia, ni el derecho ni la justicia.
Dice la Carta Magna: Art.  5  «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley» e indirectamente  «por los órganos que ejercen el Poder Público».
Ahora bien, si quienes tienen a su cargo dicho ejercicio dejan de cumplirlo conforme a lo establecido en la Constitución y en la ley, el soberano -recordemos que la voluntad originaria, soberana y suprema la tiene pueblo- debe retomar directamente sus facultades que en forma derivada había colocado en manos de quienes le dieron la espalda a su mandato. Como señalaba el Abate Emmanuel-Joseph Sieyès en su obra «El Tercer Estado», el Poder Originario es único, legítimo e  incondicionado. No está por tanto constreñido por decisiones del TSJ ni del CNE.
Frente al choque de Poderes que se ha desatado no queda otros recurso por tanto que devolverle al Poder Primario las decisiones trascendentales de las cuales depende el destino de la República.
@josetorohardy
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