Collage trigésimo primero sobre Rómulo Betancourt
(Llegó la Dictadura: la Resistencia, el Exilio –VII-)
El 9 de enero de 1953 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, gestada en el vientre del fraude electoral del 30 de noviembre del año anterior. Después de más de cuatro años de estar cerrado, el Capitolio volvió a ser escenario de la actividad legislativa, esta vez rodeado de tanques y de tropa que portaba ametralladoras amenazantes. Como URD y Copei habían decidido no asistir a las sesiones de la espuria Asamblea, el régimen maniobró, mediante la intimidación y el soborno, tratando de manipular a los diputados electos de esos dos partidos, sobre todo con los suplentes, para asegurarse la mayoría necesaria a fin de asegurar el inicio de su funcionamiento. Con su cinismo habitual, lo confiesa descaradamente Laureano Vallenilla Lanz (h), con estas palabras: “Un aparato especial me comunica directamente con el salón de sesiones…Pienso en la ausencia de los copeyanos y urredistas que han convenido en asistir (cursivas de CCM). Se trata de suplentes, principalmente. Poco después respiro. Hay quórum y se abre la sesión” (1).
El primer acto de la Asamblea fue la ratificación del Coronel Marcos Pérez Jiménez en la Presidencia Provisional de la República que le habían obsequiado los altos jefes de las Fuerzas Armadas, en cuyo seno los oficiales de las guarniciones del interior no fueron realmente consultados, sino “notificados”, sobre la usurpación golpista que se iba a cometer, tal como se expresa en el Manifiesto “A la rebelión civil llama Acción Democrática”, suscrito por Alberto Carnevali, su Secretario General de entonces. Sobre la ratificación presidencial hecha por la Constituyente, Rómulo Betancourt escribió: “Y fue esa caricatura de cuerpo colegiado soberano, esa comparsa de partiquinos, la que ratificó la autonominación de Pérez Jiménez como Presidente Provisional y le tomó juramento, ‘en rauda ceremonia’ que apenas duró cinco minutos” (2). En otra ocasión, al comentar el apuro del régimen, Betancourt había expresado, recordando una frase de Andrés Eloy Blanco, que todo eso se hacía con “premura de tahures que están escuchando las sirenas del coche policiál”.
No es la propia Constituyente la que redacta la nueva Constitución, sino que se le presenta un Proyecto preparado en el despacho del Ministerio del Interior, según lo dice el mismo Vallenilla Lanz en su libro “Escrito de Memoria”, arriba citado. El día 11 de abril de 1953, la Constitucion es aprobada por la Asamblea; cuatro días después, el 15, el Presidente Provisional le pone el “ejecútese”; dos días después, el 17, la Asamblea Constituyente designa al Coronel Pérez Jiménez como Presidente Constitucional para el período comprendido entre el 19 de abril de 1953 y el 19 de abril de 1958; el día 18 de abril se instalan las Cámaras Legislativas, y, al día siguiente, el 19, Pérez Jiménez se juramenta y toma posesión del cargo de Presidente Constitucional ante las Cámaras reunidas en Congreso. Otra vez, es aplicable la ya citada frase de Andrés Eloy.
En el discurso de toma de posesión de la Presidencia Constitucional, Pérez Jiménez se refirió a su “doctrina” del llamado “nuevo ideal nacional”, pontificó en estos términos: “Una nación que aspire a ocupar sitio prominente y un gobierno digno de tal aspiración han de señalarse grandes objetivos, dedicarles plenamente energías y aptitudes, e inspirarse en un ideal nacional de claros delineamientos, que en nuestro caso se sintetiza en la transformación del medio físico y en el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de los venezolanos. Nuestro nuevo ideal nacional basta por sí para justificar la creación de una mística que constituye el común denominador espiritual de los venezolanos en la tarea cimera de engrandecer la Patria” (3). Mordazmente, Betancourt comenta: “Para hacer triángulo de trágica ridiculez con La Restauración Nacional, de Castro, y La Rehabilitación Nacional, de Gómez, ya el despotismo actual ha sido bautizado por sus sicofantes como el Gobierno de El Bien Nacional, otras veces llamado de El Ideal Nacional. Inclusive se ha formado una especie de variante del justicialismo peroniano para darle asideros ‘doctrinarios’ a un orden de cosas político que si por algo se caracteriza es por la orfandad ideológica, por su desnuda fisonomía de Gobierno donde sólo priman los instintos más elementales y groseros” (4). Al adorno “doctrinario”, se le sumó el “nacionalismo trompetero” de las Semanas de la Patria que anualmente se realizaban con motivo de la efemérides del 5 de julio, sobre las que Betancourt hace este comentario: “Por las calles desfilan frente al dictador no sólo tanques, cañones y batallones de las Fuerzas Armadas, sino también los niños y adolescentes de las escuelas públicas y privadas, al son de fanfarrias marciales. Los empleados públicos, vestidos obligatoriamente de liquilique, declarado traje nacional, son compelidos a hacer acto de presencia en esas paradas fascistoides” (5).
La nueva Constitución le confiere a Pérez Jiménez el poder absoluto. Según la Disposición Transitoria Segunda, se le otorga a la Asamblea Constituyente, que él controla, la siguiente atribución: “Dentro de los cinco días siguientes a la promulgación de esta Constitución, la Asamblea Constituyente procederá a organizar el Poder Público para el período constitucional que comienza el 19 de abril de 1953. En consecuencia, la Asamblea Constituyente elegirá por mayoría absoluta…”; y seguidamente el texto de la citada Disposición hace la enumeración de los que elegirá: el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, la Corte Federal, la Corte de Casación, el Contralor de la Nación y el Subcontralor, el Procurador de la Nación, las Asambleas Legislativas de los Estados, los Concejos Municipales, y el Concejo del Distrito Federal. En relación a esa Disposición Transitoria Segunda, Rómulo Betancourt dice: “…La Asamblea Constituyente ad hoc funcionó como incubadora de los Poderes Públicos fundamentales” (6). Luis José Silva Luongo, apunta: “Calculador, frío, sin consideraciones para fines distintos de los que quiere lograr, y a su manera, Pérez Jiménez pasa a ser el hombre que desde los tiempos de Juan Vicente Gómez concentra en sus manos una mayor suma de poder” (7). A lo anterior se añade el mal tratamiento que se le da a los derechos individuales y sociales, los cuales, en opinión de Allan Brewer-Carías, “sufrieron una merma sustancial en su regulación, estableciéndose respecto de ellos sólo fórmulas escuetas” (8). En efecto, La Disposición Transitoria Tercera prácticamente suspende las garantías de esos derechos y otorga un poder presidencial discrecional, al establecer: “Entretanto se completa la legislación determinada en el capítulo sobre Garantías individuales de esta Constitución se mantienen en vigor las disposiciones correspondientes del Gobierno Provisorio y se autoriza al Presidente de la República para que tome las medidas que juzgue convenientes a la preservación en toda forma de la seguridad de la Nación, la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público”. Esa circunstancia permite que Rómulo Betancourt haga esta reflexión: “La Constitución de encargo que aprobó la muy peculiar Asamblea Constituyente trajo la innovación de que en ella se consagró la abolición de las garantías individuales. Era una novedad en la historia de los despotismos de Hispanoamérica, porque siempre los ha caracterizado un respeto formal de los derechos básicos. Es ya tradicional que esos despotismos mantengan en sus Constituciones, siquiera en la letra y para incumplirlos, los principios esenciales del sistema democrático; y de que garanticen en ellas algunos derechos de la ciudadanía. La Constitución que se hizo hacer por dóciles letrados el actual usurpador del poder en Venezuela ni siquiera atendió a ese escrúpulo de las formas” (9).
A comienzos de 1953, en un intento de dar una apariencia de apertura con ocasión de la instalación y actividades de la Constituyente, el régimen procedió a clausurar el campo de concentración de Guasina, pero continuó su política represiva, que se había acentuado después del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda. Dice Ramón J. Velásquez: “Jamás Acción Democrática había sido tan golpeada como en el período comprendido entre octubre de 1952 (asesinato de Ruiz Pineda) y junio de 1953” (10). Un malestar sordo latía en el seno de las Fuerzas Armadas, como lo señaló Betancourt: “El clima agitado de la calle se correspondía con un desajuste visible dentro del Ejército, porque era numeroso el grupo de oficiales de todos los cuerpos hostiles a la idea de que se burlasen los resultados del sufragio. En los meses de diciembre de 1952 y de enero del año siguiente, se abortaron por lo menos dos conspiraciones mlitares, dentro de los cuarteles. Muchos oficiales de las Fuerzas Armadas fueron apresados, dados de baja en el servicio o deportados” (11). Efectivamente, en el cuartel Bermúdez fue debelada el 5 de enero de 1953 una conspiración militarque tenía ramificaciones en varios cuarteles del país; y no pudo materializarse la llamada “Operación Berta”, programada desde el exterior para que tuviera lugar antes del 19 de abril, fecha de la juramentación de Pérez Jiménez como presidente constitucional.
La historiadora e investigadora Mirela Quero de Trinca anota que “…1953 fue un año sangriento en el que perdieron la vida o fueron detenidos valiosos militantes de Acción Democrática produciendo grandes pérdidas entre los cuadros dirigentes y de base del Partido” (12).
En la mañana del 18 de enero fue detenido, cuando celebraba una reunión con militantes y dirigentes de Acción Democrática, el Secretario General del Partido en la clandestinidad, Alberto Carnevali, quien, como dijo Rómulo Btetancourt, “no era un político corriente, sino con vocación y cualidades de estadista”. Fue Llevado a la Cárcel Modelo de Caracas, y posteriormente trasladado a la Penitenciaría General de San Juan de los Morros, donde falleció el 20 de mayo, víctima de un cáncer. Por cierto, Vallenilla relata (“Escrito de Memoria”, pág. 381-384) una supuesta entrevista en la que habría conversado largamente con Carnevali en la Cárcel Modelo de Caracas, antes de su traslado a la cárcel guariqueña. Creo que la tal entrevista no existió, tanto por lo inverosímil del contenido que de ella cuenta, como porque la he buscado en innumerables fuentes bibliográficas y periodísticas y no he encontrado nada referente a ella. Además, el caradurismo del ministro de la dictadura, como sabemos, es de antología. A Carnevali, al caer preso, lo sucede, en la Secretaría General de AD, Eligio Anzola Anzola, quien es detenido el 24 de abril, y lo sucede en el cargo Rigoberto Henríquez Vera, que es detenido el 10 de junio, siendo sucedido por Héctor Vargas Acosta hasta el 12 de abril del año siguiente, cuando es reemplazado por el profesor Pedro Felipe Ledezma. En el lapso en que se sucedían valiosos dirigentes en la Secretaría General de Acción Democrática, el 24 de febrero en una emboscada fue acribillado a balazos el Capitán del Ejécito Wilfrido Omaña; y el 11 de junio fue asesinado, de la manera más cobarde, Antonio Pinto Salinas, como lo relata Rómulo Betancourt: En la noche del día anterior, “apresaron, en un pueblo enclavado en el emporio petrolero del Oriente nacional, llamado Pariaguán, del Estado Anzoátegui, al Licenciado Antonio Pinto Salinas, compañero de Ruiz Pineda y Carnevali en el comando clandestino de AD. De apenas 34 años, economista y escritor; magro de cuerpo, silueta fina, mirada un poco ausente, de poeta frustrado por el militante. En la noche siguiente, lo trasladaron a Caracas, esposado, sangrando de heridas en el rostro y en la espalda. Pero no llegó a su destino. A las tres y media de la madrugada, en la carretera de los Llanos, en un sitio denominado ‘Curvas del Jobo’, entre ´Los Mangos de Flores’ y San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico, lo desembarcaron del vehículo, a empellones. Dos primeros balazos, a quemarropa, lo abatieron; y ocho disparos más, a la cabeza, al pecho, al abdomen, remataron la faena de los carniceros” (13).
Ante la gravedad de todos esos acontecimientos, el partido ordenó, a mediados de junio, un repliegue táctico en las actividades clandestinas.
El análisis continuará en el próximo Collage.
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1-Laureano Vallenilla Lanz (h). “Escrito de Memoria”. Versalles. 1961. Pág. 371
2-Rómulo Betancourt. “Venezuela, política y petróleo”. Fondo de Cultura Económica. 1956. Pág 560-561.venezolanas han planiificado y ejecutado
3-Eduardo Mayobre. “Venezuela 1948-1958 La Dictadura Militar”. Fundación Rómulo Betancourt. 2013. Pág. 117.
4-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 571.
5-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 569.
6-Rómlo Betancourt. Obra citada. Pág. 565.
7-luis José Silva Luongo. “De Cipriano Castro a Carlos Andrés Pérez 1899-1979”. Monte Avila editores. 2000. Pág. 238.
8-Alln R. Brewer-Carías. “Las Constituciones de Venezuela”. Estudio Preliminar. 1985. Pag. 100.
9-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 565.
10- Ramón J. Velásquez. “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo”. Venezuela Moderna. Fundación Eugenio Mendoza. 1976. Pág. 134.
11-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 561.
12-Mirela Quero de Trinca. Antología Política. 1953-1958. Volumen Sexto. Fundación Rómulo Betancourt. 2004. Pág. 38.
13-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 563.
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Nota de actualidad:
La ONU acusa al régimen
No es un líder de la oposición quien ahora acusa al Gobierno por su conducta delictuosa. Es la ONU, la instancia más relevante del mundo en materia de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó el pasado 16 de septiembre un Informe en el que concluye que Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gabinete son responsables de “crímenes de lesa humanidad” en nuestro país. La jurista Marta Valiñas, presidenta de la Misión, manifestó categóricamente que “existen motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- consituyen crímenes de lesa humanidad”. Además, se precisó que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
Es indudable que este Informe debiera acelerar el procedimiento que cursa en la Corte Penal Internacional desde hace dos años, exactamente desde el 26 de septiembre de 2018, cuando seis Estados parte de ella (Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá) presentaron la denuncia contra Maduro por crímenes de lesa humanidad, que está en la fase de Examen Preliminar, en espera del pase a la fase de investigación formal. Por la tardanza en el procedimiento, se ha pedido al Presidente de la Corte Penal Internacional que, por inhibición o separación, no sea la Fiscal Fatou Bensouda, quien se siga ocupando del caso, dadas su omisión y negligencia. Por lo pronto, debe cesar la incongruencia de la presencia de representantes de la actual dictadura venezolana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es como ver el diablo en misa.
Pero hay un aspeto muy importante, que no se debe olvidar. El Consejo de Derechos Humanos no es un tribunal, pero existe la llamad jurisdicción universal, en cuyo ejercicio, cualquier Estado, de acuerdo con su legislación interna, puede promover acciones legales contra los individuos incursos en los delitos previstos en el Informe que hayan quedado impunes en el Estado al cual pertenecen. Así, por tribunales extranjeros fueron juzgados, entre otros, Augusto Pinochet y Aberto Fujimori, como lo recordara recientemente una nota editorial el diario argentino La Nación. No en vano, en el Informe de la Misión, que comentamos, se exhorta a los países de la comunidad internacional a tomar en cuenta la posibilidad de la justicia universal.
Como se está hablando de delitos que no precriben, el mundo se está poniendo chiquito para cierta gente. Antonio Guterres, el Jefe de la ONU, ha declarado que el Infome de la Misión sobre Venezuela es “muy preocupante”. Yo creo que hay algo más que preocupación en los que ya casi no pueden poner, sin grave riesgo, un pie más allá de nuestras fronteras.
