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Collage trigésimo tercero (33) sobre Rómulo Betancourt

(Llegó la Dictadura: la Resistencia, el Exilio –IX-)

En el mes de enero de 1955, Nicaragua agredió militarmente a Costa Rica. Los invasores fueron respaldados por el dictador Marco Pérez Jiménez con el envío de aviones militares de Venezuela, lo que dió lugar para que el gobierno de José Figueres solicitara la intervención de la OEA. Rómulo Betancourt gestionó el pronunciamiento de los Parlamentos de varios países latinoamericanos contra la acción armada auspiciada por la dictadura de Anastasio Somoza a un país democrático. En ese sentido, el 19 de enero le dirigió una carta al senador chileno Eduardo Frei Montalva, en la que exponía: “Es obvio que no se ventila un pleito personal entre Figueres de un lado y del otro el binomio guapetón de Somoza-Pérez Jiménez. Están en pugna dos sistemas de gobierno y dos concepciones de filosofía política…Parece necesario que la opinión democrática americana diga su palabra…Imagino que apreciarás la ultilidad e importancia de este acto de presencia parlamentario en esta escaramuza más que se libra en América entre dictaduras y democracias” (1). Criticó a Estados Unidos por proponer que la decisión a tomar por la OEA fuese por unanimidad, lo que se tradujo en la falta de pronunciamiento.

El 2 de mayo del mismo año 1955, Venezuela se retira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde el 26 de abril se realizaba en Caracas la V Reunión del Comité  para la Industria del Petróleo organizada por la OIT. En la sesión inaugural, el representante de los trabajadores, el holandés Adrianus Vermeulen, denunció la disolución de la CTV, el cierre  de las Federaciones gremiales, la intervención de sindicatos  mediante directivas leales al gobierno, la prisión y exilio de dirigentes sindicales, y la supresión de las libertades públicas. Como Venezuela exigía que Vermeulen, expulsado a Curazao,  se retractara de sus palabras, la OIT suspendió la Reunión y el Ministro de Relaciones Exteriores, Aureliano Otáñez, retiró a Venezuela como miembro de ese organismo. Betancourt enjuicia el episodio desde la perspectiva de los negocios petroleros, así: “Ensoberbecido como está (el Gobierno) por la amistosa deferencia de las Cancillerías de Washington  y  Londres, que bajo las rectorías Republicana y Conservadora tanto se complacen con la política colonialista de petróleos tolerada ahora en Venezuela, no se mide en sus desplantes y exabruptos. Irrespeta y viola compromisos multilaterales solemnes; hace mofa y escarnio de los organismos mundiales y regionales. Y mientras continúe permitiendo la explotación incontrolada del subsuelo por el cártel petrolero, no se vislumbra la posibilidad de que las organizaciones internacionales insinúen la más leve crítica a su conducta desafiante. En la balanza donde los actuales gobernantes de influyentes Estados de Occidente pesan sus preferencias, el petróleo crudo inclina más el platillo que los ingrávidos principios de moral política internacional” (2).

El 21 de mayo de 1955, muere Andrés Eloy Blanco en un absurdo accidente automovilístico en la ciudad de México. Los exiliados políticos realizaron la noche del día anterior en esa ciudad  un homenaje al gran conductor democrático Alberto Carnevali, con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento. Allí habló Andrés Eloy. Fue la última vez que en su boca de orador egregio floreció un discurso. Evocó la memoria de su insigne compañero de militancia política y destacó los valores de la fe y la disciplina en la lucha que se libraba contra la dictadura que martirizaba a la patria. Ante su féretro, allá en México, el gran poeta español León Felipe, habló:

“¡Aquí no ha muerto nadie!
Al que vamos a enterrar es un poeta…Está  ahí tentido…pero no está muerto
¿Está mudo?… ¡No está mudo!
Un muerto no habla ni canta…y este poeta sigue hablando y cantando
Todo gran poeta sigue hablando y cantando después del salto mortal…
Y si este poeta habla y canta… ¡no está muerto!

Días después, el 16 de junio, Rómulo Betancourt, que se había trasladado a México para asistir a las exequias del poeta, recibió la visita de un alto funcionario de la Seguridad Federal Mexicana, Gilberto Suárez Torres, quien le previno que había sido descubierto un plan para atentar contra su  vida, que iba a realizarse en el aeropuero donde esa misma noche debía ser embarcado para Venezuela el cadáver del poeta Andrés Eloy Blanco. Varios detectives le fueron asignados a Betancourt mientras permaneció en tierra mexicana.

El 10 de julio de 1955 muere en Quilpué, Chile, Valmore Rodríguez, víctima de una afección cardíaca. Era Presidente del Congreso Nacional cuando ocurren los sucesos del 24 de noviembre de 1948 que culminan con el derrocamiento del Gobierno Constitucional de Rómulo Gallegos. Se traslada a Maracay, donde el sector militar no se había plegado al golpe, y en acatamiento a lo previsto en la Constitución, en su condición de Presidente del Parlamento, forma y preside un gobierno provisional, pero poco después fue detenido. En carta a Raúl Leoni, de fecha 13 de julio de 1955, Rómulo Betancourt le escribe: “Hoy es cuando comienzo a medio reaccionar de la impresión que me produjo la muerte del querido viejo Valmore. Estamos sensibilzados por tantos sacudimientos dolorosos y éste tiene para nosotros especial alcance. Son veinticinco años de intimidad fraternal, de compartir angustias y alegrías, de estrecha colaboración política y de amistosa vinculaión” (3).

 Con motivo de la conmemoración de los 25 años de la muerte de Valmore Rodríguez, se me asignó el encargo de ser orador en la sesión solemne del Congreso de la República realizada  el 10 de julio de 1980. Concluí mi discurso con estas palabras: “Se había ido, vivo, de pie. Regresó callado, horizontal en su ataud, como para tocar el suelo amado con todo el largo de su cuerpo. Horizontal, sin haber caído. Más alto. Más cerca de nosotros, allá en su tumba, a la que hay que voltear la mirada cada vez que se necesite luz y rumbo”.

En la tarde del día 11 de enero e 1956 se realizó en el Palacio de Miraflores una reunión (la undécima) del Consejo Superior de la Producción, con la presencia del Presidente de la República y los Ministros del Despacho, en la que se anunció la decisión del Gobierno Nacional de “abrir las puertas para que se hagan ofertas” a los fines de otorgar nuevas concesiones petroleras. En consecuencia, se desechó, se puso a un lado, la política de “no más concesiones”, que el país respaldaba, iniciada en 1945 por la Junta Revolucionaria presidida por Rómulo Betancourt y el Ministro del ramo, Juan Pablo Pérez Alfonzo, la cual se fundamentaba en el hecho irrebatible de que las empresas petroleras disponían, por un lapso de cuarenta años, de concesiones de tierras suficientes para la exploración y explotación de hidrocarburos. El Ministro de Minas e Hidrocarburos, Edmundo Luongo Cabello, pretendió justificar esa decisíon con el siguiente argumento: “Razones técnicas y económicas nos persuaden de la necesidad de fortalecer y ampliar a la brevedad posible nuestra industria petrolera, con el propósito de mantenerla en la jerarquía mundial que actualmente tiene. La manera más directa y eficaz de hacerlo es por medio del otorgamiento de nuevas concesiones de hidrocarburos, las cuales deberán otorgarse en condiciones que signifiquen mayores beneficios para la Nación”. Expresó el Ministro Luongo que ese fortalecimiento reclama la ampliación de las reservas porque “las reservas comprobadas del país durarían menos de 14 años si mantenemos nuestro ritmo actual de producción” y reclama también su diversificación en el sentido más lato dentro de la propia industria petrolera (acceso a nuevos capitales, balancear la producción de petróleo pesado  con la de liviano, equilibrar la producción de varias zonas del país) y fuera de la industria petrolera (hacia otras industrias, como la petroquímica).

Nueve días después, el 20 de enero, Rómulo Betancourt dió en Nueva York una extensa declaración al New York Times en la que señala las razones económicas, políticas y legales para oponerse a las nuevas concesiones. Por su importancia, reproducimos con cierta amplitud fragmentos de esa declaración: “En 1956 el gobierno militar de Venezuela ha otorgado concesiones nuevas por más de 400.000 hectáreas, por lapsos de duración de cuarenta años, a varias compañías afiliadas al cartel internacional el petróleo, y a otras de ubicación poco conocidas. El gobierno militar venezolano ha anunciado, por boca del Ministro de Minas e Hidrocarburos, señor Luongo Cabello, que las futuras concesiones podrían llegar a exceder de los 6 millones de acres…Razones económicas: Las Compañías tienen en Venezuela concesiones que abarcan una inmensa extensión que alcanza a 6 milones de hectáreas. De ellas sólo 260.000 hectáreas, o sea el 4%, aproximadamente, de la extensión total habían sido probadas por perforaciones. Es decir, que las Compañías disponen de un 96% de sus concesiones aún sin explotar. Desde 1948 no se otorgan nuevas concesiones, y, sin embargo, las Compañías han podido duplicar su producción: de 1 millón trescientos mil barriles en 1948 han pasado a más de 2 y ½ millones de barriles diarios, en 1956. En síntesis, no es cierto que las Compañías necesiten nuevas concesiones para incrementar la producción. Razones políticas…El Congreso que habrá de validar esas concesiones no ha sido elegido por el pueblo, sino escogido personalmente por el dictador…En otras palabras, que unas concesiones no necesitadas para mantener el nivel de producción venezolana, y -aún para atender a situaciones de emergencia como la creada recientemente por la clausura del Canal de Suez y la interrupción del oleoducto de Iraq- son otorgadas por un gobierno espurio, como es de universal conocimiento…Más de un mil millones de dólares se indica que recibirá el gobierno militar como impuesto inicial de las recientes concesiones. El presupuesto nacional alcanzará con esos ingresos extraordinarios a un mil millones de dólares anuales (3 mil millones de bolívares), que para un país de 6 milones de habitantes resulta, por habitante, el más alto de América Latina. Pero ese dinero no se invierte para desarrollar la economía nacional y mejorar las condiciones de vida del pueblo. En el presupuesto de gastos del gobierno 1955-1956 se invirtió el 55% del presupuesto en gastos militares y de policía; y apenas el 30% en inversiones a la producción” (4). La declaración de Betancourt demuestra que  no se justifican las concesiones petroleras otorgadas por la dictadura.

En Panamá se realizó, en julio de 1956, una Conferencia de Presidentes para conmemorar el 130 aniversario el Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en 1826. Allí Pérez Jiménez propuso, sin éxito, que se creara un fondo económico para el desarrollo de la región integrado por el aporte de un porcentaje de los presupuestos de cada una de las naciones del continente. Comenta la historiadora Mirela Quero de Trinca: “…Cuestionó (Rómulo Betancourt) la reunión de Presidentes realizada en Panamá a la que calificó como un ‘Arca de Noé’, en la que cabían dictadores y demócratas; insistiendo en su crítica a la falla ética de Norteamérica, que condenaba los totalitarismos stalinistas de Asia y Europa al mismo tiempo que cordializaba con regímenes latinoamericanos  idénticos en cuanto a la represión. En un esfuerzo por enfrentar la demagogia de Pérez Jiménez, quien en esa reunión había ofrecido el aporte inicial para la creación de un fondo económico latinoamericano, Betancourt reafirmó su creencia de que el desarrollo de Latinoamérica se conseguiría implementando las resoluciones económicas tomadas en el marco de la OEA, asegurando mejores precios y mercados para las materias primas y facilitando el acceso al financiamiento internacional” (5).

Ya en 1956 se empieza a hacer consideraciones sobre el proceso electoral que, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional, debe realizarse el año siguiente. En relación a ese tema, Rómulo Betancourt le escribe una carta a Rafael Caldera, de fecha 2 de noviembre de 1956, en la que se refiere a la perspectiva que se le plantea claramente a Copei como partido que, al menos formalmente, aún tiene vida legal. He aquí algunos fragmentos  de esa carta: “Creo que, por razones internas e internacionales, ese proceso se realizará, y con un margen utilizable de libertades públicas. Y dependerá de las fuerzas políticas nacionales, de ustedes, de los urredistas, de nosotros, que se aproveche, o no, esa coyuntura. Ustedes, particularmente, porque están dentro del país y porque no han sido ‘técnicamente’ ilegalizados, están llamados a cumplir un papel de primera importancia…Alguna vez –debes recordarlo- hablé contigo en Miraflores. Estimulé tu candidatura presidencial, asegurándote que la Junta por mí presidida rodearía de garantías la campaña que realizaras. Hoy vuelvo a hablarte de tus posibilidades y de las de tu grupo para ser pioneros en un empeño en el cual no se quedarán solos…Nos hemos trazado una línea de gran amplitud. No creemos en posibles salidas insurreccionales de la situación de encrucijada en la que está el país. Más viable y más realizable es una salida ‘a la peruana’ (en Perú el General Odría, dictador, permitió elecciones para el cambio de gobierno, nota de CCM); y dentro de esa manera de apreciar la realidad del país contemplaríamos mañana la posibilidad de apoyar un candidato extraño a nuestras filas, pero que le garantizara al pueblo vernezolano una vida más libre y más digna” (6). El interés de Venezuela por encima de cualquier interés partidista cincunstancial.

Al cierre de 1956, en noviembre de ese año, el acreditado Fondo de Cultura Económica (México) publicó la primera edición de su libro más importante, “Venezuela, política y petróleo”.

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1-Rómulo Betancourt. Antología Política. Volumen Sexto 1953-1958. Fundación Rómulo Betancourt. 2004. Pág. 419-420.

2-Rómulo Betancourt. “Venezuela, política y petróleo”. Fondo de Cultura Económica. 1956. Pág. 574-575.

3-Rómulo Betancourt. Antología Política, citada. Pág. 322.

4-Eduardo Mayobre. “Venezuela 1948-1958 la Dictadura Militar”. Fundación Rómulo Betancourt. Serie Antológica Historia Contemporánea de Venezuela. 2013. Pág. 150-153.

5-Mirela Quero de Trinca. Antología Política. Volumen Sexto 1953-1958. Fundación Rómulo Betancourt. 2004. Pág. 431.

6-Rómulo Betancourt. Antología Política. Volumen Sexto. Obra citada. Pág. 539-540.

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Nota de actualidad

Un Proyecto  de Ley “monstruoso”:

Sin perjuicio de volver sobre el tema, haré una primera aproximación al análisis del Proyecto de “Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos” que, a los fines de aplicar su política económica, el actual régimen dictatorial que oprime al país recién presentó a la consideración de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Acojo en el título de esta nota, el calificativo de monstruoso que le dá a ese Proyecto el destacado jurista Allan R. Brewer-Carías, en artículo fechado en Nueva York el día 4 de este mes, el cual será guión de esta apostilla. Sabemos que en Venezuela no hay Estado de Derecho, y ahora, con el Proyecto, lo que se quiere es legalizar lo que ya se sabe. Lo dice, con palabras precisas, Brewer-Carías: “Y es que la ausencia de derecho es lo más contrario a la organización de cualquier sociedad, así sea primitiva, o de cualquier Estado, y a esa situación es a la cual hemos llegado en Venezuela, donde ahora se pretende ir más allá, y ‘regularse’ normativamente la anomia en la cual estamos inmersos; es decir, establecer formalmente en una supuesta ‘ley’, esa situación de ajuracidad, de desjuridificación o de completa ausencia de derecho”.

Sirve de pretexto a esa “monstruosidad” la supuesta necesidad de “contrarrestar, mitigar y reducir” los efectos de las sanciones internacionales impuestas al despotismo que preside Nicolás Maduro, es decir, las “medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de éstos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos”. ¿De qué manera propone el Proyecto se logrará tal objetivo? Mediante la desaplicación del ordenamiento jurídico existente y la autorización al Ejecutivo Nacional a tomar, según su libre arbitrio, las medidas que juzgue pertinentes. Así lo dispone expresamente la Disposición Transitoria Segunda del Proyecto, que a la letra reza: “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional (este tipo de Ley no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, nota de CCM), la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional…”. Comenta Brewwer-Carías: “Mayor inconstitucionalidad es imposible”, y observa que sólo hubo “dos destellos de sensatez”, dos excepciones,  en “el reino de la arbitrariedad que implica esa potestad absoluta de decidir cuándo se aplica o no una norma constitucional, legal o reglamentaria”: la excepción de desaplicación en las normas relativas al ejercicio de los derechos humanos y la excepción de desaplicación en las nomas relativas a la diivisión del Poder Público. Es igualmente grave, continúa diciendo Brewer- Carías, “que dicha desaplicación de normas, debe necesariamernte hacerse en el marco oculto de lo secreto, de espaldas y fuera del conocimiento de los ciudadanos”, ya que, en efecto, el artículo 36 de Proyecto dispone: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas…(en) esta Ley Constitucional, que supongan la desaplicación de normas de rango legal…”. Como no se publica cuál norma está o no en aplicación, los ciudadanos se moverán en un marco de inseguridad jurídica.

¿Cuál es el verdadero propósito del Proyecto? Ante la penuria de recursos del Fisco, a causa de una gestión económica equivocada y del colapso de PDVSA, se requieren ingresos con urgencia. Brewer-Carías enumera, en forma didáctica, las medidas públicas que se pueden definir en el Proyecto para alcanzar el mencionado propósito: 1) la creación o autorización e implementación de cualquier nuevo mecanismo financiero; 2) una política de desnacionalización generalizada, que apunta, “en particular, a la desnacionalización de la industria petrolera  y de la comercialización de los derivados del petróleo –gasolina-, con la única y exclusiva limitación consistente  en que PDVSA, que es la empresa holding de la industria petrolera , debe permanecer con la totalidad de sus acciones en propiedad del Estado, conforme se indica en el artículo 303 de la Constitución…pero fuera de ello, todas las empresas del Estado subsidiarias o filiales de PDVSA pueden ser total o parcialmente privatizadas, sin límites”; 3) medidas de privatización de empresas públicas; 4) medidas de restitución de empresas privadas confiscadas, expropiadas u ocupadas durante los lustros pasados; 5) medidas de promoción de la participación de capital privado en la economía; 6) medidas de protección de la propiedad privada;7) medidas de flexibilización total del régimen de contratación pública, como, por ejemplo, la suspensión de la autorización, por parte de la Asamblea Nacional, de los contratos de interés nacional, como lo establece el artículo 187, numeral 9, de la Constitución Nacional.

El Proyecto de Ley que hemos comentado, con sus “monstruosidades” jurídicas, debería ir a morar ¿en cuál de los nueve círculos del infierno que Dante Alighieri describe en La Divina Comedia? Me parece que en una de las fosas, la de “los que traficaron con la justicia”, del octavo círculo.

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