Collage vigésimo séptimo sobre Rómulo Betancourt

(Llegó la dictadura: La Resistencia, el Exilio –III-)

Cuando a un pueblo se le niega la vía cívica para decidir sobre la formación de los poderes públcos y la elección de sus gobernantes, puede y debe recurrir al viejo derecho a la rebelión. Eso fue lo que ocurrió el 18 de octubre de 1945. Y eso fue lo que se puso a andar en octubre del año 1951. La historiadora Margarita López Maya señala que Acción Democrática se había trazado “dos líneas de acción política claramente distintas”, una era “la agitativa y/o callejera” y “el otro camino es el insurrecional, en alianzas con diversas fuerzas militares descontentas con el régimen” (1). En realidad, las dos actuaciones no eran antagónicas, sino complementarias. Por su parte, el también historiador Ramón J. Velásquez dice: “En verdad, está en marcha, aunque el gobierno, ni los periódicos la mencionen, la tesis de ‘la rebelión civil’ sostenida por Alberto Carnevali” (2). Carnevali, gran líder de la resistencia clandestina, escribió: “Al lado de los demás partidos, Acción Democrática tiene señalado, por su inflexible trayectoria revolucionaria y por su capacidad combativa, un papel primordial en esta decisiva cruzada de la liberación nacional. Y para cumplirlo honrosamente, propiciamos de la manera más resuelta un permanente estado de rebelión civil, una indesmayable ofensiva de oposición popular…que logre abrir un ancho cauce para el estallido de una vasta e incontenible insurrección popular, a fin de que sean las honestas manos del pueblo las que despedacen implacablemente el ya desquiciado aparato inmoral del absolutismo” (3).

El movimienton insurreccional era de vasta extensión y había oficiales comprometidos en casi todas las guarniciones del país. Rómulo Betancourt apunta: “Así era de tenso el ambiente nacional cuando el 11 de octubre, en el suburbio caraqueño de Maripérez, estalló una bomba de fabricación casera…Al día siguiente, los periódicos de Caracas publicaron, sin comentario, un Comunicado oficial. Afirmaba que la bomba del inesperado estallido estaba destinada a ‘actos de terrorismo, cuyos objetivos son los funcionarios del Gobierno’. Para recargar el cuadro y hacerlo más sombrío, agregó la versión oficial: ‘la casa donde se produjo la explosión está situada a más o menos 300 metros de la Plaza Colón, en la que se efectúan todos los años ceremonias oficiales con motivo del Día de la Raza, con asistencia de las altas autoridades de la nación’ “ (4).

 El movimiento, llegó a irrumpir en más de una docena de lugares del territorio nacional, con toma de algunas jefaturas civiles y asaltos a puestos militares en Río Caribe, Tinapuy, Tunapuicito y Saucedo, Estado Sucre. Los estudiantes tomaron la Universidad Central de Caracas. Fracasada la insurrección, la dictadura desató una feroz represión y las cárceles se colmaron de presos, que eran sometidos a torturas.

Antes del estallido del movimiento insurreccional arriba reseñado, la rebeldía estudiantil se había manifestado en dos documentos dirigidos al Presidente –“el cero entre dos ases de espada”, en palabras de Andrés Eloy Blanco- de la Junta de Gobierno, doctor Germán Suárez Flamerich. En el primero, de fecha 18 de diciembre de 1950, pedían “la libertad de los detenidos por razones políticas; el retorno a nuestra tierra de los expulsados por iguales motivos; el cese del allanamiento del hogar privado; la libertad de prensa, la de reunión y asociación y el fin de las persecuciones motivadas por la expresión de las diversas ideas políticas” (5). El segundo documento, de fecha 12 de junio de 1951, fue muy categórico: “Sin libertad de prensa; restringido el derecho de reunión; condicionado arbitrariamente el derecho de asociación; intervenidos ejecutivamente los grupos políticos legalizados…si bajo el imperio de tales condiciones se lleva a cabo el proceso eleccionario anunciado, es evidente para todos los venezolanos que los organismos surgidos de dicho proceso jamás podrán representar legítimamente la voluntad popular” (6).

Un sector importante del profesorado universitario, se sumó al reclamo estudiantil, en el mes de marzo de 1951, solicitando “la restitución integral de las garantías ciudadanas, suspendidas hace más de dos años, tiempo durante el cual la sociedad venezolana se ha mantenido en permanente estado de desasosiego” (7).

La respuesta oficial fue draconiana: destitución de las autoridades universitarias. A lo que respondió el estudiantado con la huelga general.

Faltaba asestar el sablazo final a la agonizante autonomía universitaria. La toga del “cero” y las “espadas de los dos ases” se juntaron, en medio de las turbulencias del  repudio estudiantil, y el día 18 de octubre de 1951 dictaron el Decreto-ley mediante el cual se nombra un Consejo de Reforma para la Universidad Central de Venezuela, integrado por cinco miembros, que ordenó la inmediata suspensión de 131 estudiantes, cancelándoles la inscripción por tres años, a unos, y por un año, a otros. Se derogó el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales, que consagraba su autonomía docente y administrativa, el cual había sido promulgado en septiembre de 1946 por la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió Rómulo Betancourt. Al día siguiente de publicarse en la Gaceta Oficial el Decreto  -réquiem de la autonomía universitaria-  dictado por el trío usurpador del poder, varios cientos de profesores de todas las Facultades, encabezados por los ex-rectores Julio de Armas y Rafael Pizani, suscribieron un documento en el que manifestaban que el estatuto universitario derogado era el “resultado de largos años de lucha, de dedicación a las esforzadas tareas de la educación superior y depurada meta que marcó época en la cultura de nuestro país” (8); y, además, planteaban la reconsideración de dicho Decreto y hacían una serena y valiente amenaza: “Estamos decididos a separarnos de los cargos docentes y de investigación que venimos desempeñando, en el caso de que no se llegue a una solución satisfactoria, que deje incólume la autonomía universitaria” (9). La Federación de Centros Universitarios, igualmente, hizo un enérgico pronunciamiento.

La Universidad Central quedó clausurada hasta 1952. El 7 de febrero de 1952, los estudiantes tomaron y ocuparon el edificio de la Universidad Central, cerraron todas las puertas de acceso y tocaron a rebato las campanas; ese mismo día, se produjo un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y contingentes de policías y tropas, estos últimos derribaron las puertas de la Alma Mater y apresaron a los ocupantes. Y el 22 de febrero de 1952, el Consejo de Reforma, ante la imposibilidad de reanudar las actividades docentes, tuvo que mantener el cierre de la Universidad Central. Hubo entonces una nueva oleada de persecución contra los alumnos y los profesores universitarios, unos fueron a la cárcel y otros fueron lanzados al exilio. La Unión Latinoamericana de Universidades se dirigió a la Junta de Gobierno  condenando la intervención y el atropello contra nuestro máximo instituto de educación superior.

Se le infirió un gran daño a la nación. En este sentido, el “alarde de mandonería” lo enjuició Rómulo Betancourt, en estos términos: “(afectó) a millares de estudiantes pobres, incapacitados para proseguir su educación profesional en el extranjero. El perjuicio causado al país fue de incalculable valor, ya que es bien conocido el déficit de personal especializado en las distintas ramas del saber que existe en Venezuela” (10).

En los próximos Collages, continuaremos la biografía de aquel “tiempo del desprecio”.

1-Margarita López Maya. “Estudio Preliminar 1948-1952”. Antología Política. Volumen Quinto. Fundación Rómulo Betancourt. Caracas, 2003. Página 14.

2-Ramón J. Velásquez. “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el Último Medio Siglo”. Venezuela Moderna. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas, 1976. Página 117.

3-Acción Democrática en la Historia Contemporánea de Venezuela 1929-1991. Tomo II. Acción Democrática y la democracia venezolaa 1945-1990. Ramón Rivas, editor. Páginas 122-123, de “Alberto Carnevali. A la Rebelión Civil llama Acción Democrática 1952”.

4-Rómulo Betancourt. “Venezuela, política y petróleo”. Fondo de Cultura Económica. 1956. Página 487.

5,6 y 7-Rómulo Betancourt. Obra citada. 514-515.

8 y 9-Rómulo Betancourt. Obra citada. Página 516.

10-Rómulo Betancourt. Obra citada. Página 518-519.