Constituyente: ¿Diluyente o prostituyente?
La impugnada idea de convocar una Constituyente, por encima de problemas estructurales del sistema social y económico,
es demostrativo de que el régimen se saltó la noción de Estado democrático de Derecho y Justicia que ordena la Carta Magna.
El populismo no sólo es hábil para infundir expectativas que además de contravenidas, son utilizadas como estribo de promesas que atiborran discursos mejor parecidos a “cantos de sirenas” en momentos de aguda desesperación. También es diestro para asentir prácticas demagógicas con el perverso propósito de encubrir peligros capaces de afectar y trastocar situaciones de poder político.
En medio de tan contraídas y confinadas realidades, el ejercicio de la política se engruesa. Se torna egoísta toda vez que se rige por concepciones ideológicas tan obtusas, como ortodoxas tienden a ser las imposiciones asumidas como criterios de gobierno. La política se convierte en mero mecanismo coercitivo cuya instrumentación no reconoce más autoridad que la de quienes, desde el papel de dirigentes o cabecillas, tienen mayor ascendencia sobre conciliábulos amañados. O convencidos de actuar a razón de la imprevisión, ya que desde su práctica pueden asumirse intenciones de este género de modo encubierto para así aventajar al débil sin mayor costo que el derivado de la intimidación. Por eso se acude al apoyo de la militarización de la política permitiéndose así el manejo de estructuras gubernamentales de manera abruptamente desproporcionada y alejada de todo control o fiscalización.
Para que el populismo allane tan retorcidos canales de gobierno, debe doblegar leyes para así disfrazar el mayor número de circunstancias a imagen y semejanza de intereses políticos aferrados al poder. Por ello busca torcer la concepción del sistema político trazado constitucionalmente, a objeto de lograr los objetivos tranzados. Pero lo hace en nombre de presuntas libertades y derechos humanos. Claro está, ignorados de la praxis habitual de la política. Es ahí cuando resulta conveniente aliarse con el militarismo para entonces ejercer el poder por sobre cualquier resistencia que pueda impedir el asedio político previamente convertido en mecanismos de gobierno.
Es el momento preciso para amoldar el proyecto de Estado, a lo que representa un remedo de Estado “democrático”. Término éste empleado para justificar el reacomodo de conceptos y métodos mediante los cuales se disimula la feroz verticalidad sobre la cual pivota una sarta de inconsultas medidas desplegadas sin medir y mediar consecuencia alguna. Es cuando un gobierno sediento de entorpecer el valor de la política, opta por desdibujar el diseño que fundamenta la praxis de la democracia.
Es lo que recién ha asumido el gobierno venezolano en aras de supuestos ajustes que escasamente llegarán a un punto de la historia en donde la inflexión del proceso andado lo ubique en el lugar de lo estúpidamente incorrecto. Por eso, el grado de torpeza del gobernante venezolano lo obliga a retrotraerse en el plano de lo que configura el desarrollo económico y social. Así que no ha tenido otra idea más degradante, dado el nivel de incoherencia y aberración, que pretender el desarreglo del Estado venezolano desconociendo la Constitución vigente.
Aunque no conforme con eso, intenta convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con la absurda idea de acomodarla en función de lo que no pudo lograrse con la cuestionada e impugnada Reforma Constitucional solicitada en Diciembre de 2007. Pero igualmente, con la insana inspiración a que ha llevado “refundar la República”. En este caso, es para establecer una sociedad desigual, tiranizada, vapuleada, sometida, militarizada. Para forjar un Estado Comunal, centralizado, inculto, indecente, retrasado, donde no cabrían otros valores distintos de los que incitan el oscurantismo, la subordinación, la injusticia, la discriminación, al margen de derechos humanos y amplias libertades.
Por otro lado, tan abusiva decisión, carece de la forma legal que rige el correspondiente proceso jurídico-político. Tanto, que la aludida pretensión fue pensada al margen del principio constitucional de la universalidad del voto. También, de la legitimidad y legalidad que debería caracterizarla desde la perspectiva del “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Por esta razón, la Constitución determina que el pueblo venezolano es “el depositario del poder constituyente originario”. Es así que tan connotado precepto no puede ser desplazado por nada ni por nadie. Menos, para inocular el espíritu del constituyentista de 1999, con conceptos vetustamente mercenarios como el de “traición a la patria” o el de “terrorista” según la ambigua doctrina del “socialismo del siglo XXI”.
Así que ante lo que la arbitrariedad gubernamental presume, cabe preguntarse: qué tipo de proceso constituyente es el que irrespetuosamente arguye el régimen para seguir enquistado en el poder. O acaso es ¿para desperdigar lo proyectado institucionalmente o para prostituir lo cimentado constitucionalmente. Es decir, que el gobierno se ha planteado ilusamente convocar una Asamblea Constituyente dispuesta como ¿diluyente o prostituyente?
“Cuando un gobierno se empecina en equivocaciones legalizadas por una justicia forjada, es porque sabe que sus horas en el poder está contadas. Y que sus gobernantes están a punto de ser juzgados en tribunalescompetentes por la alevosía que definieron sus reprochadas decisiones”
