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Contaminados de su propio cinismo

Desde que la estrategia gubernamental, encuadrada en cánones que escaparon del curso de una economía de efecto redistributivo, a decir del léxico socioeconómico, condujo al alto poder político venezolano a decidir con testarudez el establecimiento de patrones de comportamiento económico que conspiraran contra exigencias propias de tendencias movidas por un desarrollo de factura liberal, la situación económica nacional comenzó a desplomarse. Así sucedió, pero fue en medio del lodazal que su contraproducente premura logró crear desde el mismo momento que, en 1999, estos factores de poder toman las riendas de la política nacional venezolana.

Estos esfuerzos, que además fueron de un desproporcionado valor financiero, cargados siempre al presupuesto nacional, causaron una descomunal conmoción política. Y al mismo tiempo, esto propició un serio enfrentamiento del gobierno con el sector empresarial y el sindical. De esa manera, el régimen comenzaba a hacerse -desde 2003- del mayor control directo de la gestión que venía desempeñando el sector productivo privado. Así que en alianza con un poder judicial y un poder legislativo sobre los cuales había logrado una innegable injerencia, el gobierno central había ocupado importantes espacios de la economía y de las finanzas que, hasta momento antes, estaban en posesión de la empresa privada.

Con el paso de los años, el régimen continuó desaforado en la ruta de desplazar al sector productivo privado de sus propios espacios. Importantes instancias del poder popular, fueron igualmente perdiendo la autonomía que su actividad de participación comunitaria, requería. Fue así como el Estado fue apropiándose de empresas representativas de casi todos los rubros de la economía venezolana. En consecuencia, terminó dominando la actividad económica como resultado de una absoluta centralización. Nada acorde con lo que sus voceros, en tiempo de campaña electoral, definían como “socialismo democrático”.

Por consiguiente, el país entró en una fase de descarnada radicalización en lo que buscaba desde su doctrina revolucionaria la cual, contradice lo que el ideario del Libertador exalta. Pero más aún, constituye la motivación ideológica que, en lo aparente, pauta el proyecto de gobierno, fachosamente llamado “Plan de la Patria”.

Desde entonces, la economía venezolana entró en franca picada lo cual incitó de modo estructural, la pauperización de la sociedad nacional. O sea que por dicha causa, se perdió el nivel de vida que había alcanzado el venezolano toda vez que la crisis económica animó una gruesa falta de acceso a recursos. Situación totalmente contraria a la que se vivió al ocaso del siglo XX. Incluso, en su medianía.

Venezuela, luego de 2007, vio agudizar una crisis de dominación que a su vez arrastró otra crisis de tipo de acumulación. Sobre todo, luego de 2012. Año éste en que se quebró la línea de gobierno que forzó el presidente militar cuando impuso, mediante obscenas manipulaciones, medidas arbitrarias y verticales. Tanto que ni siquiera los ingresos de divisas que a mediados de la primera década del siglo XXI aumentaron en proporciones considerables, fueron razón suficiente para evitar el grave desplome de la economía, como en efecto sucedió. Por supuesto, que buena parte del origen de tan agudo descalabro, obedeció al desorden administrativo que indujo la bonanza petrolera ocurrida entre 2004 y 2008. Fue causa ésta para hacer que el egreso de divisas aumentara en proporción comparable con el del ingreso lo cual reveló el grosero nivel de desajuste (de corrupción) que incitó el desgobierno de entonces.

Un tanto esto fue justificado por el régimen al achacárselo a una supuesta “guerra económica” que dio pié para adoptar medidas que lejos de ordenar la administración pública, la complicó. Al extremo que, cualquier posible salida de la crisis en cuestión, se trabó más aún imposibilitando algún arreglo mediato o inmediato, directo o indirecto. Así inventó luego una “guerra de información”. También habló de una “guerra psicológica”. Sin embargo, la crisis iba en aumento. La función pública se pervirtió. Muchos funcionarios, se vieron tentados por la consumación de delitos de distinta índole. El país, se desarregló en toda su extensión.

La oposición democrática se vio conminada a asumir la realidad de su papel político por lo que saltó a la palestra la figura de un presidente encargado en virtud de los deslaves político-comiciales cometidos en nombre de la causa gubernamental.

Para 2019, muchos escenarios políticos, económicos y sociales se definieron. Desde los que ocuparon el plano internacional, institucional, geopolítico, mediático y el nacional propiamente. Fue razón para que distintos gobiernos de países democráticos y de economía liberal, se manifestaran. No fue la incidencia de otra causa que no fuera exclusivamente la del apoyo a una gestión que, a lo interno, no conseguía superar los escollos de una opresión gubernamental de naturaleza militarista y policial. Y que se traducía en encontrar la medida exacta para superar la gravedad de la crisis humanitaria que había alcanzado el país.

Es entonces cuando a decir por las deficiencias de un Estado que se prestaba a mostrar una ruidosa omnipotencia, se dejó que la economía feneciera. Asimismo, que la transparencia de indicadores que hablaban de democracia, administración y responsabilidades de gobierno, se vinieran al suelo. Esto indujo a que el gobierno norteamericano, mostrara su empeño de colaborar con la necesidad de recuperar las libertades y derechos humanos ya extraviados.

Es cuando el gobierno norteamericano extiende las primeras sanciones impuestas a funcionarios del régimen venezolano. Pero esta vez, fueron medidas de mayor rigor toda vez que se dirigieron a “guarecer” los activos del Estado ubicados en Norteamérica. También, a sancionar empresas relacionadas con el gobierno estadounidense que intenten negociar con Venezuela.

Sin embargo, en el fondo del asunto tales medidas pueden observarse como un mecanismo de resguardo de los activos venezolanos que serán vitales para la reconstrucción institucional del país. Aunque, exceptúa necesidades que tocan el comercio relacionado con alimentos, medicinas y todo lo que concierne a ayuda humanitaria.

No obstante, sobre los activos objeto de las aludidas medidas se han asentido amenazas legales que plantean su transferencia a empresas foráneas que, legalmente, demandaron a la República de Venezuela en razón de legítimos derechos comerciales, jurídicos, financieros y mercantiles. Sólo que el carácter holgazán del régimen, obvió la importancia de los susodichos reclamos lo que trajo como consecuencia las querellas que hoy son causa político-administrativa del actual conflicto que pone en fragor el estado de incertidumbre, angustia e inquietud que vive Venezuela.

Y aun cuando estas realidades seguirán provocando reacciones en uno u otro sentido, desnudando distintos intereses, muchos altos funcionarios acusados de delitos de corrupción y violación de derechos humanos por el gobierno norteamericano, no dejarán de ripostar argumentos que -vacíos de contenido y ausentes de fuerza jurídica- seguirán apostando a ganar espacios de poder. Sólo que de un poder usurpado. Más, cuando para ello deberán erguirse sobre circunstancias que en nada favorecerán sus palabras. Aunque de seguro estarán contaminados de su propio cinismo.

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