Coronavirus y terrorismo antilaboral
Mientras la mayoría de los gobiernos de los países a nivel mundial dedican las 24 horas, promoviendo políticas orientadas a superar los nefastos efectos de la Pandemia, lamentablemente existe una minoría de mandatarios cuya permanente estrategia es esconder la cruenta realidad que azota a sus habitantes.
En América Latina varios presidentes se han dedicado cual ruleta rusa a subestimar el drama que ha ocasionado alrededor de 350.000 fallecidos a nivel global y cerca de 50.000 en nuestro continente, es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua quien califica a los infectados por el COVID19 como enfermos de neumonía, Jair Bolsonaro en Brasil quien mencionó al COVID 19 como una “gripecinha” registra en la actualidad 360.000 contagiados y 23.000 fallecidos, y el régimen venezolano que discrimina a los afectados por el virus, aun siendo venezolanos, como “armas biológicas” enviadas por el imperio y por el presidente Duque de Colombia, como si estos no fueran seres humanos amparados por nuestras leyes y los convenios internacionales. Por el contrario, al ingresar al territorio nacional según denuncias de los afectados son maltratados y confinados en lugares similares a campos de concentración.
En ese objetivo se pretende difundir una sola versión del desarrollo de la Pandemia en Venezuela, calificando de enemigos a todos aquellos que contradigan la versión de los conspicuos voceros gubernamentales, convirtiendo en terroristas y criminales a los profesionales de la Salud, los medios de Comunicación Social, contra quienes ha dirigido en primera línea las baterías del Estado, intentando maquillar la tragedia que se expande en todo el territorio nacional.
La dictadura gobernante antes del desarrollo de la pandemia fue cuestionada por la OIT, ante la persecución de sindicalistas por defender la libertad sindical en los casos de Rubén González, Rodney Álvarez sindicalistas de Ferrominera en Guayana, a los directivos sindicales de la Gobernación del Estado Sucre, ahora a estos casos se agregan las decenas de periodistas detenidos por comunicar lo que está sucediendo en los diferentes centros de asistencia médica, como es la proliferación de contagios y la ruina del sistema de salud para atenderlos.
Recientemente la Presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado Zulia, Hania Salazar fue amenazada públicamente en cadena por el Secretario de Gobierno regional al denunciar y convocar a una jornada pacifica de protesta, ante las críticas condiciones del sistema de salud, infraestructura en ruinas de los hospitales, no existe el servicio de agua para lavarse las manos, no hay jabón, alcohol, implementos de prevención, guantes, mascarillas, ni ventilación adecuada, alimentación precaria, jornadas laborales de 24 horas. Teniendo como respuesta del funcionario de marras “Debe saber la presidenta del Colegio de Enfermeras que su llamado a guarimba en medio de una pandemia tiene consecuencias penales”.
En este contexto los trabajadores de la Economía Informal que laboran por miles en el Mercado de las Pulgas en Maracaibo, fueron reprimidos por la GNB por exigir su derecho al trabajo, situación similar que se ha dado en otros estados del país, recientemente en el Estado Lara por la escasez de gasolina detuvieron a 6 ciudadanos, a trabajadores de SIDOR por denunciar la suspensión del contrato colectivo.
En definitiva, las protestas y micro conflictos laborales se extienden en todo el territorio nacional exigiendo al régimen resolver sus reclamos y al mismo tiempo confrontando las políticas represivas gubernamentales, en un contexto de estado fallido, somalizado, invadido por grupos militares y misiones extranjeras, quienes saquean los diezmados recursos naturales que otrora hicieron de nuestro país la economía más próspera del continente.
