Crisis de Salud: decreto de muerte
La crisis general que vive Venezuela, se manifiesta de forma dramática en el sector salud. Que el gobierno decida que quienes tienen enfermedades crónicas no puedan obtener su medicamento para mantenerse estables y tener calidad de vida, es una evidencia de que la vida para esta gente no vale nada. Impedir que ingresen al país toneladas de medicamentos –sólo desde Chile se espera la autorización para enviar 400 toneladas– con la excusa de que todo es un complot para una invasión, constituye un decreto de muerte y, sin duda, un delito de lesa humanidad.
Desde la Asamblea Nacional hemos hecho mil llamados al gobierno nacional para que juntos abordemos esta grave situación. La ley que decretó la crisis humanitaria en salud recibió modificaciones que garantizaban el apoyo de la bancada oficialista, el cual nunca se dio. Al contrario, fue declarada inconstitucional por esa Sala Constitucional del TSJ, suyos “magistrados”, más temprano que tarde, tendrán que rendir cuenta de sus actuaciones.
Es inaudito que la crisis humanitaria sea reconocida a nivel mundial y sea el propio mandatario que no es más que un empleado de la gente, quien se niegue a darle respuesta. ¿Cómo es posible que el mundo esté consciente del grave momento que estamos pasando en materia de alimentación y salud, vinculadas totalmente, y sea el Gobierno de Venezuela quien se niegue a aceptar y asumir las riendas?
La Constitución venezolana prevé el derecho a la protección de la salud. Ese derecho ha sido vulnerado por quienes han producido esta situación y se niegan a actuar. En nuestra patria tenemos proliferación de enfermedades que se suponían superadas. Los servicios médicos hospitalarios están en decadencia. La atención preventiva en materia de salud no existe. La atención primaria ha llegado a niveles deplorables. Quien necesita operarse, en el mejor de los casos, debe esperar meses y hasta años para ser atendido. Cuando este gobierno llegó, Venezuela era el último país latinoamericano en materia de muertes neonatales. Hoy es el primer país en Latinoamérica en muertes de recién nacidos. Lo mismo sucede con la muerte de mujeres al dar a luz. La escasez de medicinas llega al 85%. La muerte de personas, incluyendo niños, por falta de medicamentos, tiene registros impensables en el pasado reciente.
Sin duda que toda esta situación ratifica nuestra propuesta de realizar un referendo revocatorio este año 2016 y que sea el pueblo el que decida sacar a Maduro de la presidencia y elegir a un nuevo presidente de la república. Mientras tanto le exigimos al gobierno que fenece, la atención inmediata al problema. Que permitan la ayuda pública y privada internacional. Que actúen con sensibilidad frente a esta realidad. Pero además, en Venezuela urge trabajar por la municipalización de los servicios. La atención preventiva y primaria en materia de salud, consagrada en la Constitución como competencia de los municipios, debe ser asumida por éstos, con los recursos necesarios. En Caracas, ojos que no ven, corazón que no siente. Además de la escasez de medicamentos, vemos hospitales y ambulatorios que sólo producen indignación, donde no hay insumos, dónde no hay ni una inyectadora. En Miraflores no saben cómo está cada ambulatorio de los municipios del Zulia ni de los otros estados del país. Así que es urgente que los municipios se atribuyan esa competencia de atención preventiva y primaria en salud. Pero además, todas las gobernaciones deben asumir todas las redes hospitalarias del país. Hay que dejar en los gobiernos regionales y municipales las responsabilidades operativas. Y que el gobierno nacional se dedique al diseño de las grandes políticas públicas, a los acuerdos internacionales necesarios, a los grandes centros de especialidades. Como sabemos que éste es un gobierno de oídos sordos, impulsemos el cambio vía revocatorio y asumamos la responsabilidad de la descentralización sanitaria. Sin la protección de la salud se vulnera el derecho a la vida.
Juan Pablo Guanipa V.
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