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Cuando el NO puede ser SÍ

Puede decirse que, a veces el “no” deja de ser “no”. Lo acabamos de ver en Colombia el domingo 2 de octubre cuando en el plebiscito que buscaba la aprobación del pueblo colombiano al acuerdo de paz suscrito por el gobierno de Colombia y las FARC. Después de la pomposa ceremonia en Cartagena en la que se celebró, con importante asistencia de personalidades internacionales, la firma del acuerdo, se esperaba que en el plebiscito del domingo siguiente el pueblo colombiano votara por el SÍ, con la holgada mayoría que pronosticaban las encuestas.

El domingo 2 de octubre ocurrió lo contrario de lo que se esperaba: triunfó el NO. Pero ese NO, si bien es un rechazo al acuerdo, es un SÍ a la paz que todos los colombianos desean. Los partidarios del NO, al igual que los del SÍ desean el fin de la guerra, quieren una paz duradera y justa. Las declaraciones de Santos y Uribe, después de conocer el resultado son muy claras: se quiere continuar negociando para lograr esa paz y para ello son todos los sectores de Colombia los que deben intervenir en las negociaciones para lograr un acuerdo que acepten todos los neogranadinos. Las FARC, según declaraciones de su vocero, están de acuerdo en seguir negociando.

Uno se pregunta por qué los colombianos del NO que quieren la paz al igual que los del SÍ, lograron rechazar el acuerdo.

Reproduciendo parcialmente lo que se cita en el diario El País sobre desacuerdos de los partidarios del NO, puede decirse lo siguiente:

En cuanto al estatuto de la oposición (FARC), el “texto será elaborado por una comisión en la que, entre otros, participarán las organizaciones de izquierdas Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como dos delegados de las FARC. Su tramitación parlamentaria no podrá exceder los tres meses”.

Protección. Nuevo sistema integral de seguridad para la protección de los ex guerrilleros FARC, cuyos delegados participarán en el diseño y monitoreo de ese programa. Creación de una subdirección en la Policía, con al menos dos miembros de las FARC, ocupada de esa protección.

Medios. Participación ciudadana en los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales. Nuevas adjudicaciones de radios comunitarias en las zonas más afectadas por el conflicto. Espacios en emisoras y canales institucionales para la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales. Financiación de contenidos para fomentar la paz y la justicia social.

Convivencia. Creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Programa para promover la diferencia, la crítica y oposición política, integrada por órganos del Estado, los partidos políticos y los movimientos sociales. Creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación política y la paz. Creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de trasparencia.

Elecciones. Apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales. Una misión electoral especial hará recomendaciones en seis meses para lograr una mayor autonomía del Consejo Nacional Electoral. Creación de 16 circunscripciones transitorias especiales que enviarán un diputado cada una a la Cámara de Representantes (medida temporal, para dos periodos); en esas circunscripciones no podrán presentarse los partidos que ya cuentan con representación; habrá financiación especial y acceso a medios de comunicación regionales. Se creará un canal institucional de televisión cerrada para partidos políticos y movimientos sociales.

Algunas de las cosas más graves:

Incorporación a la vida civil. Para su actividad, la formación política de las FARC tendrá hasta 2026 el 10% de la dotación presupuestaria para el funcionamiento de los partidos políticos; para sus tareas de divulgación contará además con un adicional 5% de ese fondo, en este caso hasta 2022. Para la campaña al Senado, las FARC recibirán por adelantado el 10% del límite del gasto, que no devolverán. Al margen de los resultados que puedan alcanzar, en las dos próximas legislaturas tendrán al menos asegurados cinco asientos en la Cámara y otros cinco en el Senado. Hasta que se celebren las próximas elecciones, las FARC tendrán tres portavoces en la Cámara y tres en el Senado, que podrán intervenir en los debates relativos al proceso de paz, aunque sin voto. Contarán además con un delegado en el Consejo Nacional Electoral.

Ayudas y salarios. Además de las ayudas electorales, las FARC contarán con fondos públicos para constituir una organización de «economía social y solidaria» denominada Economías Sociales del Común o Ecomún, de cobertura nacional, y para crear un centro de pensamiento y formación política. Los ex guerrilleros recibirán el 90% del salario mínimo durante dos años (si no tienen ingresos por contrato de trabajo), plazo que será prorrogable si asisten a cursos de capacitación, y tendrán además un pago complementario de dos millones de pesos: en total, 6.000 dólares en dos años, periodo durante el cual además el Estado cubrirá sus cotizaciones a la seguridad social.

Seguridad. Creación una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, formada por autoridades del Estado, dos miembros de las FARC y dos portavoces de derechos humanos, y constitución también de una unidad especial de investigación y un cuerpo de élite en la Policía Nacional para el desmantelamiento de las redes criminales sucesoras de los paramilitares.

No se hace mención al dinero logrado por las FARC en el narcotráfico.

ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS

Se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la rendición de cuentas.

Extrajudicial. Una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición tendrá tres años para preparar un informe que relate a la sociedad la «complejidad» del conflicto. La información no podrá ser usada por las autoridades judiciales para atribuir responsabilidades. Habrá una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos.

Jurisdicción Especial. La Jurisdicción Especial para la Paz comprenderá una Sala de Amnistía e Indulto, para los crímenes menos graves, y un Tribunal para la Paz, que atenderá las mayores violaciones de derechos humanos. Para los responsables de esos mayores crímenes habrá entre cinco y ocho años de trabajos comunitarios, y solo para los casos muy graves habrá privación de libertad, de hasta ocho años. Todo esto se aplicará a quienes reconozcan sus culpas; si no hay admisión, habrá hasta veinte años de cárcel para los responsables de los mayores crímenes. En esos tribunales especiales habrá una minoría de juristas extranjeros. Entre los trabajos comunitarios de reparación están la participación en el reparto de tierras, en obras de infraestructura, en programas sociales y limpieza de minas. No habrá extradiciones, ni se establecen inhabilitaciones electorales.

No es ilógico pensar que en la campaña por el NO se hicieron esfuerzos para que se conocieran los aspectos más negativos del acuerdo que, sin duda fueron los que indujeron a Timoschenko que las FARC habían triunfado.

Volviendo al título del artículo puede decirse que el NO se está  convirtiendo en un SÍ para que a través de negociaciones entre todos los sectores de Colombia pueda lograrse una paz duradera, con perdón pero sin impunidad para los delitos de lesa humanidad.

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