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Cuba: condenados a la incertidumbre

La organización Amnistía Internacional denunció el viernes 7 de noviembre que los opositores cubanos Sonia Garro; su esposo, Ramón Alejandro Muñoz, y un vecino, Eugenio Hernández, se encuentran detenidos en Cuba en “un limbo legal injusto”.

Los tres disidentes se encuentran en la cárcel, sin haber ido a juicio todavía, desde marzo del 2012, cuando fueron arrestados tras un acto de repudio organizado frente a la casa de la pareja. La fiscalía alega que Muñoz y Hernández lanzaron objetos contra la multitud desde la azotea, y que también lanzaron un televisor contra dos agentes de la Seguridad del Estado que trataban de llegar a la azotea subiendo por una escalera, aunque ninguno de los dos sufrió lesiones.

El caso es que el juicio contra los tres opositores se ha pospuesto cuatro veces. Garro, Muñoz y Hernández llevan más de dos años y medio en prisión, acusados de desorden público y de intento de asesinato, pero sin que su caso se haya ventilado en los tribunales. James Burke, investigador de Amnistía Internacional para el Caribe, dijo que “la posposición continua y sin explicaciones del juicio aumenta la preocupación de que los cargos contra los tres podrían estar políticamente motivados”.

Aun para el sistema judicial de una tiranía que dura más de cinco décadas, encarcelar a tres personas sin juicio durante casi tres años es demasiado tiempo.

Esta situación inaceptable ocurre mientras el régimen de Raúl Castro trata de disfrazarse ante el mundo con un rostro más amable. Exhibe cambios económicos que en realidad son tímidos como si fueran grandes transformaciones del modelo que ha arruinado a la isla. Señala nuevas medidas como la eliminación del oneroso permiso para salir del país, un permiso que constituyó un auténtico bloqueo, al aislar a los cubanos del contacto con el exterior.

La verdad es que la esencia represiva del régimen instaurado por Fidel Castro en 1959 apenas ha tenido cambios. Cuba sigue siendo un Estado policial cuyos ciudadanos están privados de derechos elementales y cuyo sistema judicial –así como el legislativo– está supeditado a las políticas y las órdenes que emanan de las alturas del gobierno central.

“El derecho a un juicio justo es algo gravemente limitado en Cuba, ya que las cortes y los fiscales están bajo el control del gobierno”, concluyó Amnistía Internacional. Es una terrible realidad que sufren los cubanos desde hace más de 50 años.

Entretanto, Sonia Garro, su esposo y su vecino, por defenderse de las turbas que los agredieron en su hogar, se encuentran en la cárcel, sin idea del tiempo que todavía podrían pasar en la prisión, condenados al encierro y a la incertidumbre.

 

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