¡Cuidado con la dictadura!
El camino hacia la dictadura lo sigue recorriendo Nicolás Maduro cada vez con más prisa y con menos pausa. La última decisión tomada por su gobierno de entregarle el presupuesto fiscal del año 2017 a la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia en lugar de presentarlo ante la asamblea Nacional, como la Carta Magna lo exige, lo confirma. Están demostrando su verdadera esencia política.
La democracia servía mientras les permitiera acceder y ejercer el poder. Si lo complica, se desecha y listo.
En eso andan. Siempre demostraron poco respeto por la decisión del soberano. Primero fueron casos parciales, como algunas gobernaciones y alcaldías donde a la persona elegida por el pueblo le nombraban un funcionario paralelo. Elías Jaua en Miranda sabotea la gestión de Henrique Capriles. Ernesto Villegas, Jacqueline Faría y Daniel Aponte han jugado un papel similar en contra del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Lo mismo han hecho en Lara contra Henri Falcón y en Amazonas contra Liborio Guarulla. Ni hablar de los alcaldes que destituyen para sustituirlos por «interinos» escogidos en el PSUV, como en Guasdualito (Apure), Maturín (Monagas) y Mario Briceño iragorry (Aragua).
Ahora le tocó el turno a la Asamblea Nacional. Para ello obligaron a algunos magistrados a renunciar el año pasado y eligieron de manera express a unos integrantes del Tribunal Supremo, en particular de su Sala Constitucional, que no tienen ningún reparo en pasarse por donde ustedes saben la Constitución y obedecer todas las órdenes que emanan de Miraflores. Un Parlamento independiente, autónomo, que ejerza control sobre los actos del poder Ejecutivo es inaceptable para gente de formación tan autoritaria.
Hay que precisar que desconocer las funciones de la Asamblea Nacional no es un acto contra los 112 diputados que conforman su mayoría sino contra los casi ocho millones de venezolanos que votaron por ellos y también contra los que votaron por los diputados del PSUV. Es un irrespeto al artículo 5 de la Constitución el cual dice que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».
La Mesa de la Unidad tiene una tarea muy difícil por delante, pero no es exclusiva de ella. Todos los venezolanos demócratas deben participar en la defensa de la Constitución. Es inaceptable la pretensión del cogollo gobernante de ignorar la decisión de la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio de rumbo. Es por ello que hay que idear nuevas formas de lucha que impidan la consolidación de la dictadura en el país. Hay que agudizar la inventiva para incrementar el costo político que la decisión tomada por la cúpula dominante implica.
Eso significa no abandonar el camino ya trazado pero sí buscar alternativas que le hagan comprender a Maduro y quienes lo acompañan que su decisión es inviable. Que debe permitir hablar al pueblo y someterse a su decisión.
La soberanía -hay que tenerlo siempre presente- la ejerce el pueblo. Nadie más.
